Tras acciones inmediatas de presión ciudadana, la Cámara de Diputados decidió no votar en el actual periodo ordinario de sesiones la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional. «Antes buscaremos consensos para obtener un marco legal en el que las Fuerzas Armadas no afecten derechos humanos ni se le conceda atribuciones extraordinarias al Ejecutivo», dijo Alfonso Navarrete Prida, diputado federal priista, principal impulsor de la iniciativa [La Jornada, abril 28, 2011].

De la iniciativa a la reacción

En octubre del año pasado, los legisladores priistas Navarrete Prida, Claudia Ruiz Massieu y Arturo Cerda presentaron ante el pleno de la Cámara la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que planteaba «regular que las Fuerzas Armadas realicen labores de inteligencia y contrainteligencia todo el tiempo que el presidente de la República lo considere necesario» [El Economista, octubre 11, 2010].

La propuesta no tuvo gran impacto público sino hasta que el 18 de abril [2011], de acuerdo con el proceso legislativo, fue turnada al Senado de la República, donde en dos días se debatió y aprobó, luego de una votación unánime favorable en la que hubo sólo una abstención.

Mientras era turnada a la Cámara de Diputados, una veintena de organizaciones civiles, así como activistas y académicos de todo el país, expresaron su «preocupación por diversos puntos alarmantes en torno a la iniciativa», en una carta que dirigieron a la Cámara de Diputados [abril 22, 2011].

Consideraron «inadmisible» que se normalizara la participación del Ejército en labores de seguridad pública, «la criminalización de la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión», y la falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Asimismo, aportaron indicadores que evidenciaban que de 2006 a 2009 las violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército aumentaron 1,000%, y en 2010 el 33% de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvieron relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió en un boletín de prensa [abril 27, 2011] que con dicha reforma se declararía «un estado de excepción que conlleva la restricción de ciertos derechos», lo que significaría «un grave retroceso en el tema».

La diputada perredista Teresa Incháustegui opinó que la propuesta de reforma carecía de «congruencia constitucional» en por lo menos tres «aspectos sumamente delicados»: «relación cívico-militar», «relación seguridad-derechos humanos», y «transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas».

Entre los investigadores que encabezaron la protesta ciudadana se incluyó John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien escribió que lo que se pretendía con la reforma era «abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar, en lugar de escuchar el reclamo popular de ‘No+sangre’» [Proceso, abril 25, 2011].

Al finalizar en la Cámara de Diputados la jornada legislativa del 28 de abril [2011], el diputado Navarrete Prida anunció que la reforma pasaría «a la congeladora» en tanto «se amplía el debate sobre su implicación en derechos humanos», y Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, propuso un «plan de trabajo a 90 días» que incluya una «consulta sobre la reforma con especialistas, organizaciones de la sociedad civil organizada y ciudadanos de a pie» [El Universal, abril 29, 2011].