Alcozauca. Ser policía Municipal en la Montaña de Guerrero

    Resumen ejecutivo

    La mayoría de las experiencias en reforma policial democrática en la región latinoamericana y en México se han impulsado desde ámbitos urbanos. Muchas de las iniciativas en la región sobre procesos de supervisión civil y policía comunitaria por ejemplo (mecanismos distintivos de procesos de reforma policial democrática), se han desarrollado en estas arenas de considerable concentración poblacional y ciertas capacidades institucionales y de acceso a recursos que estos territorios urbanos tienen, pero ¿Cómo pueden impulsarse estos procesos de reforma en contextos municipales rurales? ¿Cómo podrían articularse iniciativas en condiciones de fuerte debilidad institucional, de insuficiencia de recursos para el fortalecimiento policial, así como de alta vulnerabilidad social de la población y de amenazas a su cohesión? ¿Cuáles serían los desafíos políticos, institucionales, sociales y culturales para contribuir a una labor policial más profesional, cercana y transparente, en estos territorios?

    En virtud de lo anterior este estudio denominado Alcozauca: ser policía en la Montaña de Guerrero realizado coordinación con  el Monitor Civil de las Policías y los Cuerpos de Seguridad de la Montaña (Mocipol) en el marco de una red colaborativa con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar Centro de Análisis e Investigación entre los años 2012-2013 tuvo como objetivo el visibilizar el abandono institucional que prevalece por parte de los tres niveles de gobierno en México hacia la gestión de la seguridad en el municipio de Alcozauca en primer término y en general en La Montaña de Guerrero, que sumado a las condiciones de desigualdad y conflictividad social en un contexto rural con carencias de desarrollo ya históricas entre sus poblaciones, principalmente indígenas, fortalecen un complejo de inseguridades en donde la institución policial y concretamente el policía municipal viene a constituirse como esa especie de “chivo expiatorio” que tiene la encomienda de hacer prevalecer la tranquilidad, en un marco de orden tradicional autoritario pero al mismo tiempo portador en su uniforme, de las mismas carencias sociales, institucionales y organizacionales, que determinan la condición de desarrollo en las instancias de gobierno municipal como en los ámbitos comunitarios de la región.

    A través de un instrumento de encuesta y sendos ejercicios cualitativos con policías del municipio de Alcozauca, se identificaron los riesgos personales, la falta de apoyo institucional en términos de salud y accidentes, el equipamiento inadecuado y la incertidumbre laboral como las mayores preocupaciones que tienen como personas y en su papel de policías; así como el tráfico de influencias en la institución, las detenciones injustificadas que algunas veces son ordenados a ejecutar, el hecho de realizar labores no enmarcadas en su funciones como policías y el desvío del presupuesto de seguridad municipal – para solventar otro tipo de gastos en el municipio- como parte de las condiciones y de la manera de hacer policía en este contexto.

    Los resultados dejan ver que las instancias policiales de los municipios de esta región son herederas de la descomposición y disfuncionalidad social en la región. Instituciones de seguridad municipal que se reinician cada 3 años y que funcionan en el día a día con recursos limitados tanto en personas como en equipo; con una infinidad de tareas que van desde las propias de vigilancia de la seguridad, las de protección civil con el apagado de incendios forestales, apoyo en fenómenos climáticos adversos, resguardo de personal de los programas sociales de transferencias federales y estatales (Oportunidades y otros), mantenimiento y limpieza de espacios públicos. Además de ello, con prácticamente un inexistente proceso de formación, poco conocimiento de la normatividad clave para la actuación, debilidad técnica-operativa y un nulo respaldo social (salud y seguridad social) y legal a sus agentes, quienes a su vez tienen que enfrentar el dilema de portar un uniforme que los hace representar una institución y por otro, ser también parte de la comunidad carente de condiciones y opciones para ejercer muchos de sus derechos individuales y colectivos.

    En los resultados de la encuesta aplicada a estos mismos policías donde se trató de obtener información en las dimensiones socioeconómica, organizacional, laboral y de proximidad ciudadana, algunos de los más importantes hallazgos fueron los siguientes:

    En materia socioceconómica:

    • Más de la mitad de ellos (12 de 20- 60%) habla la lengua indígena Naa Savi o mixteco y presenta ciertas dificultades para comunicarse y escribir en español,
    • Generalmente son contratados sólo por un periodo de 3 años, que son los que corresponden a la duración de la administración municipal, impidiendo que puedan aspirar a desarrollar una carrera profesional en la policía del municipio. Esto propicia que, al ser contratados al principio de un gobierno municipal, se perciba como un favor político y en tal sentido la lealtad se debe guardar al presidente y a los funcionarios superiores por encima del servicio a la ciudadanía.
    • Un policía de línea obtiene 4,875 pesos mensuales, además con un promedio de hijos de 2.6, lo que hace difícil que un salario como éste sea justo para cubrir necesidades básicas familiares.
    • Cerca de la mitad de los encuestados también son campesinos de autoconsumo, es decir, realizan labores de cultivo para complementar su necesidad de alimentación.

    En materia institucional y organizacional:

    • Solamente 5 de 20 (25%) encuestados identifica al Bando de Policía y Buen Gobierno como el principal reglamento para conducir su actuación como policía.
    • 15 policías de 20 (75% ) manifiesta que si bien se puede detener a una persona cuando es sorprendida en flagrancia, también se le puede detener por orden de un superior.
    • Más de la mitad (13 de 20 -65%) expone que la principal función de la policía es mantener la tranquilidad y el orden público, más que cuidar la integridad personal de las personas
    • 8 de 20 (40%) declara que en ocasiones, para capturar a los delincuentes, se puede actuar al margen de la Ley.
    • Casi un 40% afirma necesitar mayor capacitación en leyes y reglamentos y un 20% en armamento y tiro.

    En materia laboral:

    • La mitad asevera que no se reciben a tiempo los uniformes, las balas, los chalecos y las fornituras y que la calidad de su equipo es regular y la gran mayoría (17 de 20 -85%) afirma que el equipo de trabajo no es suficiente.
    • Poco menos de la mitad (8 de 20 -40%) atestigua que no tiene tiempo de descanso en su jornada laboral.
    • 12 de 20 (60%) manifiesta que su institución no les da apoyo para adquirir sus uniformes.
    • 18 de 20 (90%) entrevistados declararon que la institución policial no les proporciona servicios de salud.
    • En materia de relación con la comunidad:
    • Más de la mitad declara que es bien recibido cuando se acude rápido o en problemas de violencia doméstica, pero que es mal visto si se detiene a un familiar o si se intervine en riñas.
    • Más de la mitad (70%) argumenta que el tráfico de drogas y el secuestro son los problemas más difíciles de resolver para la policía municipal.
    • De los que contestaron la pregunta de las quejas más frecuentes de la ciudadanía hacia ellos, más de la mitad afirmaron que golpear a un detenido, presentarse a trabajar en estado de ebriedad y no reportar un delito.
    • 13 de 20 policías cree que una mayor capacitación y mayor acercamiento con la ciudadanía son las acciones más efectivas para combatir la inseguridad.
    • Más de la mitad (11 de 20) expone que no existe un programa especial de atención a población indígena.
    • Más de la mitad arguye que no muy frecuente o casi nunca se reúnen con la comunidad (7 y 5 respectivamente de 20).
    • Más de la mitad (13 de 20) considera a la ciudadanía como algo amistosa con la policía.

    Este estudio es una breve radiografía de las condiciones que guardan las policías preventivas municipales de la región de la Montaña. Además de lo ya expuesto, la falta de un marco jurídico para regular la relación entre la Policía Municipal y la ciudadanía es una deficiencia estructural de estas instituciones. Si bien en Guerrero se encuentra vigente la Ley 281 de Seguridad Pública, la relación policía-ciudadanía en el ámbito municipal se centra en los denominados Bandos de Policía y Buen Gobierno (Bandos), en los cuales se deben establecer las faltas administrativas, las multas por infracciones e incluso el procedimiento conciliatorio ante los síndicos procuradores, pero en la realidad en algunos municipios los Bandos no existen, en otros se trata de ordenamientos que datan de cuatro o cinco décadas atrás o simplemente hay un desconocimiento del mismo. (Mocipol, 2011).

    Así, las policías municipales de esta región de Guerrero, como lo es la de Alcozauca, son vulnerables y han sido utilizadas también políticamente. Agentes son enviados en situaciones de tensiones graves entre comunidades y sus gobernantes locales, con la responsabilidad del orden, que en esas circunstancias, puede materializarse en la contención, la conciliación, la represión o incluso la victimización (los castigos populares). Los policías de La Montaña tienen un rol difícil, de catalizador, que filtra las carencias y vicios institucionales y en tal sentido la ciudadanía los ubica como “sujetos de cuidado” a los que se debe temer, desconfiar o mantener a una sana distancia bajo la conciencia de que tienen la facultad de la fuerza y que frente a situaciones de inseguridad, obedecerán a intereses de mayor poder o influencia política antes que a los suyos (a los del ciudadano común).

    Lo anterior desencadena una serie de situaciones en donde la corrupción, el abuso, la violación de derechos humanos de los ciudadanos y la degradación material e inseguridad laboral en las cuáles los policías realizan su labor, favorecen a una distorsión y adulación de la seguridad ciudadana, la cual, paradójicamente, decanta en una prolongación de ambientes de inseguridad y una brecha acentuada entre ciudadano y sus instituciones de seguridad local. Frente a ello, varias comunidades han retomado una actitud de distancia con el Estado, fundamentadas en una condición de desconfianza en las autoridades. Así, se han iniciado ejercicios de autodefensa, obviando un estado de derecho que nunca han conocido por parte de la actuación u omisión del Estado y sus instituciones, fortaleciéndose con ello, en la superestructura, una violencia simbólica y cultural que se reproduce en la región.

    El estudio plantea que es importante impulsar a nivel federal y del estado, la necesidad de una política integral de alerta temprana de estos espacios sociales vulnerables y donde se apueste al fortalecimiento de las instituciones de seguridad municipal, no sólo de las ciudades medias y regiones metropolitanas, sino de estos territorios que pueden conformarse en oferentes de servicios y mano de obra a la delincuencia y al crimen organizado. Que la militarización de la seguridad es una estrategia errónea en La Montaña de Guerrero, pues la verdadera construcción de comunidades seguras y libres de violencia, no radica en la presencia militar, sino en el desarrollo de vínculos colaborativos y alianzas entre liderazgos políticos y sociales y las comunidades locales.

    Desde el ámbito institucional de la policía se pudieran iniciar esfuerzos puntuales, focalizados, para dar forma a un programa para la generación de capacidades hacia una perspectiva de mayor proximidad policial y de supervisión civil (como canal de involucramiento ciudadano) que contemplen el afianzamiento de procesos formativos, organizacionales, operativos, de condiciones mínimas de bienestar laboral, de cercanía con la comunidad (detallados en la sección de recomendaciones) etc., pero ello pasaría no sólo por la voluntad política de quienes encabezan la institucionalidad municipal, sino también de la capacidad política (lobby, mediación, conciliación) y técnica de quienes lideren estos esfuerzos de transformación desde la sociedad civil.

    Como parte de las conclusiones se arguye que frente a este entramado de complejidades y de inseguridades institucionales y comunitarias, la gran tarea de transitar a condiciones más favorables de seguridad ciudadana en La Montaña presenta múltiples desafíos y plantea la necesidad de trabajar, de forma paralela, la germinación de procesos de trasformación de escenarios sociales, culturales, normativos etc., así como el desarrollo comunitario y de la persona.

    Finalmente, la investigación reconoce el desafío amplio de impulsar un amplio debate, acorde a la escala regional, sobre la democratización y la participación ciudadana para una gobernabilidad democrática, que se asimile como condición marco: desde los partidos políticos presentes, grupos gremiales, presidencias municipales e incluso organizaciones comunitarias e indígenas, en materia de seguridad ciudadana, ya que de lo contrario, cualquier puede quedar atomizado con pocas posibilidades de expandirse, sostenerse e impactar.

    Consulta el Diagnóstico completo Alcozauca. Ser policía municipal en la Montaña de Guerrero (formato PDF)