Policía para nosotros

Alejandro Espriú Guerra


Hace unos días, el pasado domingo 13 de junio, el presidente Calderón decidió convertirse en su propio vocero y, a través de un comunicado, hizo del conocimiento popular algunas de las ideas y argumentos detrás de su Estrategia Nacional de Seguridad. Sí, aquella que en un principio fue bautizada como ‘la guerra contra el narco’ y que ahora, en una especie de presentación formal ante la sociedad (algo así como los XV años de la hija predilecta), se le ha engalanado para ser promocionada como una lucha que pretende ‘lograr la seguridad pública de los ciudadanos’. Hay que señalarlo, la diferencia entre ambas perspectivas va más allá de un simple sobrenombre: en el caso de una ‘guerra contra el narco’, el esquema de acción se centra en que el Estado haga uso de toda su fuerza a fin de combatir y reprimir a los grupos dedicados al tráfico y venta de drogas ilícitas. En otras palabras, es un modelo con un esquema principalmente reactivo que coloca a las bandas de narcotraficantes en el foco (objeto) de la estrategia. Por otro lado, una ‘lucha por la seguridad de los ciudadanos’ implica, por naturaleza, diseñar y ejecutar un esquema primordialmente preventivo que sitúe al ciudadano como vértice de las acciones.

Desde mi punto de vista, que desde el inicio de su gobierno Calderón haya mandado a las fuerzas militares (entrenadas para enfrentar al enemigo en un ambiente de guerra) a combatir a las bandas criminales del país, invita a cualquier persona a pensar que la estrategia que se ha seguido se enfoca primordialmente en una lógica represiva. Si a este hecho le añadimos que –en ausencia de otros indicadores– los avances de la estrategia utilizada se han venido midiendo principalmente con base en el número de criminales detenidos, las toneladas de droga incautada y la cantidad de grupos delictivos desarticulados, la hipótesis del modelo reactivo parece tender hacia su comprobación.

Esto no es de sorprenderse. Por el contrario, basta con identificar algunas de las principales diferencias que hay entre dos opciones (tipos de aproximaciones) que tiene el gobierno para atender los asuntos públicos de su competencia: aquella que llamo la del ‘problema político’ y la otra que concibo como la del ‘problema de la política’; diferencias que al final del día resultan definitorias.

En el caso de la aproximación ‘del problema político’ (por ejemplo el de la inseguridad pública) la premisa es que, a fin de satisfacer las demandas relacionadas con el tema, se desarrolle una respuesta técnica sustentada en diagnósticos confiables, análisis comparados, metodologías ya experimentadas, etc; además de que generalmente comprende un periodo de tiempo considerable para su planeación y aplicación (de mediano a largo plazo); y usualmente logra tener un impacto social positivo y duradero. Por otro lado, la aproximación del ‘problema de la política’ generalmente involucra una reacción –ante la demanda social– que llega como resultado de presiones e intereses coyunturales, electorales y /o partidarios; en términos generales no abarca ni permite una verdadera planeación integral y estratégica (pues requiere de resultados inmediatos); y, en caso de que llegue a tener impactos positivos, estos tienden a durar poco tiempo. Desde esta lógica, la aproximación del ‘problema político’ es prácticamente antagónica a la del ‘problema de la política’.

Desafortunadamente para el país, el andamiaje estructural-institucional del gobierno, junto con la idiosincrasia mexicana quizás, fomentan que los conflictos y demandas sociales generalmente transiten hacia el segundo tipo de aproximación. El gobierno mexicano está más acostumbrado a reaccionar que a responder ante las problemáticas sociales y la implementación de modelos represivos, en lugar de preventivos, son un buen ejemplo de ello. El propio comunicado de Calderón –publicado tan sólo 48 horas después de que el país enfrentara el día más violento del sexenio– parece seguir esta misma dinámica.

En su desplegado y posterior mensaje por televisión nacional, el presidente expone su visión de las causas que han llevado al país a enfrentar el actual clima de inseguridad: nuestra vecindad con el principal país consumidor de drogas a nivel mundial y del cual además proviene la gran mayoría de armas que se utilizan en México; la reconfiguración y diversificación de las bandas criminales a partir de la década antepasada; la vieja dinámica del gobierno de pactar con grupos delictivos; y la falta de oportunidades sociales para la población. Afirma también que, bajo estas circunstancias, a su gobierno no le quedaba otra opción mas que ‘actuar y actuar rápido’ desde el inicio de su administración.

Hasta este punto, el alegato del presidente –aunque un tanto reduccionista en algunos de sus argumentos– resulta lógico e inclusive atractivo, envolvente: dudo, por ejemplo, que haya mucha oposición a la idea de que el problema había venido creciendo con fuerza y que era necesario establecer algún tipo de planteamiento para contrarrestarlo. Sin embargo, la estrategia que presenta más adelante me resulta incompleta y poco convincente. En su texto, el presidente afirma que “el punto clave (de la estrategia) es reducir la acción del crimen organizado contra la población mediante el fortalecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y la recomposición del tejido social”. En lo personal, me parece que una simplificación como esta raya en los extremos del espectro y por lo tanto pierde validez y credibilidad. Me explico: por una parte, la recomposición del tejido social se ubica en el lado de la prevención, quizás en su parte más extrema si consideramos que en una sociedad con plena igualdad de oportunidades la delincuencia debiera tender a desaparecer. Esto no es malo; por el contrario, representaría un aspecto sumamente positivo y daría pie a un círculo virtuoso si el gobierno tuviera realmente la capacidad para lograrlo. Sin embargo, por varias razones (que no corresponde analizar en estos momentos), la realidad ha demostrado que ni si quiera se han podido ir generando las condiciones para que esto ocurra en el largo plazo (resultará interesante evaluar los resultados del proyecto piloto “Todos somos Juárez” en un futuro). Y como esta parte de la ecuación no funciona, el problema radica en que la otra que queda disponible se relaciona con el fortalecimiento del poder combativo y represivo del Estado, un aspecto que sin duda se ubica en la parte más extrema del modelo reactivo. De ahí que no deba sorprendernos que en el mes de mayo el número de muertos haya sido más de mil y que de enero a la fecha se alcance la cifra de cinco mil.

En mi perspectiva, la clave de la estrategia no está en los extremos, sino en el rango medio; en verdaderamente explotar la gran cantidad de acciones que con frecuencia se han propuesto pero cuya puesta en práctica ha sido marginal. Acciones que, por ubicarse a lo largo del espectro preventivo-reactivo, se complementan y auguran resultados. Así lo demuestran algunas experiencias internacionales (Estados Unidos, Italia, Colombia, etc). Hubiera sido deseable que, si ya se está haciendo referencia a una ‘lucha por la seguridad pública’, en la explicación de la estrategia y sus resultados se hablara de temas como el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia; el control de flujos de dinero sucio proveniente del exterior; la confiscación de fondos y bienes derivados del lavado de dinero; la presentación de estrategias financieras inhibitorias de delitos como la extorsión; la certificación de los cuerpos policiales; acciones emprendidas para erradicar el consumo de drogas; medidas para combatir la corrupción; mejora de las condiciones y funcionamiento de los penales (centros de rehabilitación social); proyectos de promoción de la cultura de la legalidad; instauración de nuevos mecanismos de participación ciudadana; y un largo etcétera.

El inconveniente de presentar resultados como algunos de los que se exponen en el texto es que su enfoque sólo distrae, entretiene: decir que se han aplicado 14 mil evaluaciones de control de confianza al personal de la SSPF o 7 mil al de la PGJ no es para nada indicativo de que estas instituciones se hayan vuelto más eficientes. De igual manera, señalar que se han construido 300 Centros “Nueva Vida” para la prevención y el tratamiento de adicciones no necesariamente significa que cuenten con un programa efectivo en la reducción del consumo de drogas. Aceptar esto sería equivalente a decir que tan sólo la construcción de nuevos hospitales (y no que estos cuenten con el equipo médico adecuado o con doctores calificados) es lo que garantiza la salud de la población.

Por lo tanto, estos ‘indicadores’ no necesariamente implican avances. Me parece que hay otros que podrían brindar un panorama más amplio (como el número de elementos policiales que han aprobado cursos impartidos tanto a nivel nacional como internacional; el número de quejas recibidas, atendidas y solucionadas por instituciones relacionadas a la seguridad pública o el número de delincuentes reincidentes). Sin embargo, tiendo a pensar que, debido a las presiones sociales pero sobre todo a las político-electorales, a los dirigentes del gobierno siempre les importará más presentar grandes cifras y acciones visibles de corto plazo (como los ejemplos citados en el párrafo anterior) bajo la creencia de que esto tendrá un efecto positivo en la percepción de la ciudadanía. Justo a este tipo de medidas se les conoce como ‘políticas fallidas pero políticamente redituables’ (el politólogo Andreas Peters las denomina ‘politically successful policy failures’): atajan el ‘problema de la política’ realizando acciones que generen un impacto positivo inmediato a fin de obtener apoyo popular, pero en el fondo el verdadero ‘problema político’ queda sin ser solucionado.

Las condiciones actuales de inseguridad han hecho evidente la importancia de dejar de formular estrategias que puedan resultar políticamente exitosas en el corto plazo pero que a la larga no traigan los cambios que se requieren. Apostarle a estrategias integrales que comprendan, sí, el combate frontal al crimen organizado pero que sobre todo le otorguen importancia a la ofensiva no armada, a la prevención del delito, a la disminución de la violencia y al fomento de la legalidad debe ser una prioridad. El problema –y por lo tanto la respuesta– van más allá de la popularidad de un sexenio.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.

Luis Villalobos


En la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) del pasado 23 de marzo, 25 gobernadores del país acordaron impulsar la creación de una policía única en cada entidad federativa, lo cual implica la fusión de las corporaciones municipales con las estatales. Con esta iniciativa, la CONAGO hace explicita su aceptación a la propuesta del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de crear Policías Únicas estatales. Los propósitos indicados para esta propuesta, son entre otros, la depuración, capacitación y dotación de equipo de las corporaciones de policía, así como el posibilitar una mayor eficiencia en la detección de la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.

Si bien con este proceso se presupone que el mando único agilizará y mejorará la toma de decisiones a partir de mejorar los mecanismos de coordinación e inteligencia, posibilitando mecanismos de anticipación al delito, ni la SSP ni la CONAGO han presentado diagnóstico públicos que sustenten esta afirmación, diagnósticos realizados a partir de un análisis comparativo del desempeño de modelos organizativos de policía con mandos diferenciados respecto a los que operan con mando único, en el que se expongan tanto beneficios como problemas asociados a ambos esquemas, y que permita por lo tanto, decidirse por una estructura adecuada a las circunstancias de la policía mexicana.

De esta manera, se carece de una caracterización puntual de las causas que originan los problemas asociados al desempeño de las policías en México con su actual diseño organizacional, que motivan la presentación de la propuesta de mando único estatal, asimismo, tampoco se presentan las consecuencias que estos problemas generan. Sin un marco de referencia de causas y consecuencias que analice y caracterice el desempeño policial derivado del mando diferenciado en municipios y estados, el sustento de la formulación del mando único resulta endeble, poco sistematizado y sin referentes empíricos, lo que compromete tanto el fortalecimiento del desempeño policial, la resolución de los problemas asociados a su trabajo, así como el cumplimiento de su mandato institucional.

Por otra parte, el solo rediseño organizacional no implica por sí misma la modificación de las causas estructurales y de infraestructura que generan el mal desempeño policial, preservándose en consecuencia, las condiciones de inseguridad pública y social vinculadas directamente a las policías. La no modificación de los factores estructurales, tanto al interior de las policías como externos en la realidad social, que dan origen a los problemas, condiciona que estos escenarios se volverán a enfrentar.

El mejoramiento del desempeño de las policías en México, requiere de un nuevo arreglo institucional que garantice un desempeño policial ceñido a lo establecido en la ley, legitimidad de su actuación y que se oriente a obtener resultados verificables. Este proceso de redefinición de la estructura en que se realiza la función policial, requiere incorporar elementos tales como la perspectiva de seguridad ciudadana, el mejoramiento de los mecanismos de supervisión y control, la transparencia, la permisibilidad de acceso a la información y la rendición de cuentas, colocando como principio operativo de la función policial al ciudadano y al mismo policía, así como el fomento a la cultura de la denuncia, la prevención y la participación ciudadana. Estos componentes no son incluidos en la propuesta de reestructuración organizacional de las policías.

Por otra parte, planteamos una hipótesis referencial: la viabilidad de los modelos, su eficacia depende del arreglo institucional. Esto implica que la funcionalidad del modelo organizacional de la policía, ya sea de mando único o diferenciado, requiere de los arreglos informales e informales que determinan el comportamiento de los actores en contextos institucionalizados. De esta manera, el énfasis se traslada al tipo de arreglo institucional y no al modelo organizacional, a la estructura operativa: si el diseño institucional es el adecuado, posibilita el cumplimiento de los objetivos de la organización.

El propósito de orientar un desempeño policial realizado en contextos democráticos, requiere del impulso a procesos de cambio sistémicos en la cultura y la ética policial, y no solo el rediseño administrativo – organizacional, es decir la refundación de la forma en los oficiales de policía conciben y ejercen sus funciones, modificando las relaciones entre sus pares y mandos, así como sus vínculos con la sociedad a la cual sirven: la reforma más complicada y urgente de la policía no es organizativa, es en términos de la cultura y valores policiales.

La policía históricamente ha presentado un desempeño deficiente, así mismo, las condiciones de inseguridad actuales del país, en mayor o menor grado corresponden al mal desempeño policial, por lo tanto, la unicidad de mandos no implica en consecuencia que la actuación de la policía mejore ya que no existe en correspondencia, los cambios estructurales que incidan en el mejoramiento de la actuación de la policía: el mando único no está concebido como un proceso de refundación y rediseño institucional, solo propone modificaciones en términos de su coordinación y procedimientos, pero no constituye un esfuerzo de modificación sustancial de la función policial.

El proceso de reforma de cualquier institución y programa de gobierno, requiere tanto de modificaciones normativas, organizativas y procedimentales, así como de cambios en la cultura policial (acuerdos de facto), los cuales no tienen referentes legales o administrativos pero que determinan en gran medida el comportamiento de los agentes: si el proceso de reforma no considera la transformación del comportamiento y cultura de la policía, la reforma será incompleta y no se obtendrán los resultados pretendidos: solo mejores personas harán mejores policías. La evidencia empírica es contundente, el mando único de la policía no resolverá los problemas vinculados al mal desempeño de las policías.

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Alejandro Espriú Guerra


Última semana de marzo de 2009. En su primera visita a territorio mexicano como Secretaria de Estado, Hilary Clinton reconoció oficialmente la corresponsabilidad de los Estados Unidos en el problema de seguridad que México enfrenta al declarar lo siguiente: «Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales impulsa el narcotráfico y nuestra incapacidad de evitar el contrabando de armas a través de la frontera para armar a esos criminales causa la muerte de policías, soldados y civiles». Las reacciones no tardaron en suscitarse: La cancillería mexicana recalcó y ovacionó las palabras de la número dos del gobierno estadounidense; la prensa nacional e internacional exaltaron el cambio de discurso del vecino país del norte; opinólogos y columnistas (lo que Jorge Castañeda suele llamar «comentocracia») comenzaron a especular sobre nuevos vientos de cambio; políticos de ambos países se congratularon y felicitaron mutuamente por una nueva etapa de la relación bilateral y, al final, nada sucedió.

Precisamente un año y varios miles de ejecutados después, durante la última semana de marzo del 2010, la misma Hilary Clinton encabezó la visita de una delegación de funcionarios de alto nivel a México y reconoció —una vez más— la corresponsabilidad de los Estados Unidos en el problema de seguridad que enfrenta México: «Sabemos que la demanda de drogas y la compra de armas (en Estados Unidos) hace que se facilite la violencia en México». No era de extrañarse, pues, que las reacciones de cancillería, prensa, comentócratas y políticos en general se repitieran. Tampoco sorprende que, más allá del discurso esperanzador, no hubiera otra vez nada concreto sobre lo cual se pudiera sustentar un escenario optimista a futuro. Una vez más, se hizo mucho ruido y muy pocas resultaron ser las nueces.

Siempre he creído que los mexicanos sufrimos de mala memoria y de oído dulce. Solemos tropezar con las mismas piedras y nos conformamos con que nos digan lo que queremos escuchar… o ya de perdida con que nos «hablen bonito». Nos pasa a los ciudadanos con nuestra clase política pero lo cierto es que también parece pasarle a nuestra clase política con sus pares. Y el hecho es que, al menos en este caso, los políticos estadounidenses nos tienen bien tomada la medida: nos dicen algunas palabras bellas (o insisto, aquellas que queremos escuchar: corresponsabilidad, esfuerzo conjunto, trabajos binacionales, prioridad en la agenda, etc.) y nos quedamos contentos, nos sentimos satisfechos. Con sólo enseñarnos un hueso, les movemos la cola. A estos actos se les llama paliativos: no curan al paciente pero le permiten sentirse un poco mejor, por lo menos hasta que venga una siguiente recaída. Y cuando eso nos suceda (quizá la siguiente visita corresponda ahora a la última semana de marzo del 2011) ya no sólo tendrá que venir la Sra. Clinton o el gabinete de seguridad ampliado, sino que, para que veamos que «ahora sí va en serio», quizás sea al propio presidente Obama a quien escuchemos reconocer la corresponsabilidad de su país en el combate al narcotráfico y a la violencia ocasionada por el tráfico de armas.

En lo personal, coincido en que la aceptación que los Estados Unidos hacen de su «corresponsabilidad» representa un avance necesario en la dirección correcta; sin embargo, resulta a todas luces insuficiente, por decir lo menos. Me parece que la reciente visita de los funcionarios estadounidenses implica un nivel de atención que se mueve más por la urgencia (reacciones de forma) que por la importancia (acciones de fondo). Por ejemplo, hay quienes afirman que dicha visita no se precipitó como consecuencia de las ejecuciones de los tres norteamericanos relacionados con el Consulado de Cd. Juárez; sin embargo, de no ser así, habría que cuestionar entonces el timing (elemento esencial en política y diplomacia) de la visita, considerando que en Estados Unidos la atención mediática estaba concentrada en la reforma de salud (política doméstica) y en el relanzamiento de la negociaciones de paz en Medio Oriente (política internacional). En otras palabras, pareciera que no había gran interés de los funcionarios estadounidenses por crear un impacto sustancial como resultado de su visita y generar momentum sobre este tema al interior de los Estados Unidos.

Otro claro ejemplo recae en la ausencia de representantes del poder legislativo en la delegación norteamericana. Si algo queda claro (como lo confirman los intentos de Reforma Migratoria y la propia Reforma de Salud) es que, en Estados Unidos, el poder ejecutivo requiere del aval y apoyo del poder legislativo para que se puedan llevar a cabo políticas de fondo. De otra manera, solamente se sigue apelando a las buenas intenciones, como al parecer es el caso. Finalmente, tampoco cuadra la importancia que afirman los estadounidenses que tiene la Iniciativa Mérida cuando al mismo tiempo proponen recortar su presupuesto para el año fiscal 2011 (no cabe duda de que la congruencia es la mole de los políticos).

Me parece que el mensaje detrás de estos indicios es muy claro: a Estados Unidos le preocupa más venir a México a calmar las turbulentas aguas políticas que formular una estrategia integral que le pudiera llegar a implicar compromisos sustantivos y que los obligue a tener que enfrentar intereses al interior, como con la National Rifle Association (NRA). Sin duda les preocupa algún contagio, pero también parece quedarles claro que finalmente el enfermo (quien agoniza poniendo a los muertos) no es Estados Unidos. Por eso, se dan la oportunidad de juguetear a hacer «rondines médicos» y «chequeos ocasionales». En efecto, se llaman paliativos.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.

Ana Aguilar


¿Cuántas veces no hemos visto en los medios noticiosos en los últimos meses la presentación de «presuntos delincuentes» e incluso a veces su confesión?

Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la muestra de fotografías de personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público viola su derecho a la honra y la dignidad contenidos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Tesis Aislada CLX XXVIII/2009). Esto significa que con la toma y exposición de fotografías el gobierno viola las disposiciones que regulan la protección de datos personales.

De acuerdo con el diario Milenio (enero 7, 2010), este criterio evitaría situaciones como la generada con la detención de Rafael Cedeño Hernández, el Cede, durante la cual fueron detenidas otras 39 personas. Todas ellas fueron presentadas ante los medios como «presuntos delincuentes» y, con excepción del Cede, casi inmediatamente liberadas por falta de elementos para procesarlas.

La «guerra» contra el crimen organizado no sólo ha desatado una ofensiva militar y policiaca contra éste, sino también en contra de las pautas internacionales de respeto a los derechos humanos al establecer un régimen de excepción en la Constitución, del que se han derivado leyes como la de la Policía Federal, que permiten mostrar ante los medios a personas detenidas por delincuencia organizada y acompañadas incluso de videos con supuestas confesiones, aunque la propia ley en cuestión reconoce que dichas declaraciones no tienen efecto alguno dentro del procedimiento judicial.

Tampoco es una mera cuestión de términos, la propia nota Milenio habla de «delincuentes». ¿No se supone que lo son hasta que se les dicta una sentencia condenatoria? ¿Alguna vez siquiera consideramos la posibilidad de que no sean culpables? ¿Alguna vez recordamos que tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario? ¿Alguna vez nos acordamos de que el principio de presunción de inocencia es aplicable a todos y cada uno de nosotros?

La resolución judicial ratifica que disposiciones como la anterior no son aceptables en un Estado democrático de derecho. Pero no es suficiente. Para lograr una verdadera protección de la honra y la dignidad de una persona es necesario que existan límites claros a las facultades de las autoridades que constantemente violan tales derechos fundamentales.

Y es también necesario crear conciencia entre quienes provén información y entre quienes la reciben para monitorear a las autoridades y exigir un adecuado régimen de transparencia y rendición de cuentas que imposibiliten que se siga actuando impunemente en contra de inocentes.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.

Karla Hernández

A finales del año pasado (23 de noviembre), la CoIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió la resolución y declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, condenándolo por el delito de “violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida”.(2)

Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico afectado, la Corte estableció que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, y en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”. La justicia militar afecta el derecho al debido proceso por no ser una autoridad competente, y como consecuencia menos aún independiente e imparcial, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Ésta tampoco responde a las normas internacionales de derechos humanos sobre los juicios justos, a las cuales el Estado mexicano se ha adherido.

De esta forma, la Corte determina que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes del artículo 57 del Código Militar”. Es esta parte de la ley y su posterior interpretación en los tribunales federales, lo que ha permitido que, hasta el día de hoy, las denuncias presentadas por violaciones a derechos humanos consumadas por el personal de ejército sean sujetas a la jurisdicción militar, bajo el argumento de que son delitos “cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”.

Por tanto, tan controvertido artículo 57 del Código de Justicia Militar incurre en:
• El código de justicia militar no respeta la demarcación que a la justicia castrense establece el artículo 13 constitucional (fuero de Guerra).
• El código de justicia militar somete a las víctimas a una jurisdicción sin independencia e imparcialidad. Principio contenido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
• El código de justicia militar no reglamenta positivamente los derechos de las víctimas y los ofendidos, transgrediendo los derechos fundamentales del artículo 20 constitucional.
• Las derivaciones al fuero militar de asuntos penales que involucran violaciones a derechos humanos incumplen las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano.

Del mismo modo, diversos organismos internacionales se han manifestado a favor de la reforma de la justicia militar, tal como Human Rights Watch con su informe Impunidad Uniformada(3) y en el Capítulo México de su Informe Mundial 2010(4), los relatores especiales de la ONU sobre la tortura, sobre la independencia de jueces y abogados, sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre la violencia contra la mujer, en suma al posicionamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura(5), el Comité de Derechos Humanos(6) y por último por parte de Amnistía Internacional México(7). La resolución del caso de Rosendo Radilla es la oportunidad para que, a partir de la presión internacional, el Estado Mexicano realice las reformas necesarias para garantizar que las denuncias presentadas siempre estén sujetas a una jurisdicción civil.

¿Será la sentencia de la CoIDH la que dará fin a la larga lista de violaciones de derechos humanos por parte de los militares? ¿Seguiremos viviendo en un contexto de total impunidad, en donde el Estado no acepta la falta de imparcialidad y menos aún la falta de investigación de las denuncias presentadas, por considerarlas como meros intentos de socavar el prestigio de las fuerzas armadas?

En su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en junio de 2009, el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que en los últimos 30 años en México ha habido una evolución institucional en materia de seguridad y de derechos humanos, defendiendo de esta manera la jurisdicción militar y de alguna forma exaltando las garantías consagradas a favor de las víctimas, en una muestra clara de falta de congruencia por parte del Estado.

Es preocupante hoy día, ante la inminente tendencia del aumento en las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por los miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales, que las autoridades sigan excusando el actuar de las fuerzas militares, por esta supuesta guerra contra el narcotráfico declarada por el actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

Y más preocupante aún es la falta de capacidad del Estado para garantizar, mientras el despliegue de personal militar en actividades de seguridad pública siga presente, que los reglamentos y normas existentes se acaten los estándares internacionales de derechos humanos, buscando de esta forma la plena rendición de cuentas y la transparencia de sus actividades.

El crecimiento exponencial del número de denuncias en contra de las fuerzas castrenses, presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una clara muestra de que a pesar del clima de impunidad que se respira en México y por tanto el temor de las victimas a represalias, no ha impedido que casos como el ocurrido el 20 de junio de 2009, en el municipio de Huamuxtitlán, estado de Guerrero, donde miembros del 93 Batallón de Infantería dieron el alto a un autobús de transporte de pasajeros en un control de carretera y detuvieron al indígena mixteco Fausto Saavedra Valera, por calzar botas militares. Y en un segundo momento, cuando el autobús arrancó, abrieron fuego en contra del vehículo, matando a un pasajero, el indígena na savi Bonfilio Rubio Villegas; sean hoy quejas que buscan la adecuada investigación independiente y parcial a la jurisdicción militar.

El Estado mexicano tiene el plazo de un año para acatar la resolución. El tiempo corre a partir de la emisión de la sentencia, y si a ello le sumamos que en este año la Corte Interamericana dará audiencia y por tanto emitirá la resolución de dos casos más contra el Estado Mexicano, son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas, que fueron violadas por integrantes del ejército mexicano en febrero y marzo de 2002, respectivamente, en el estado de Guerrero, México. Pareciera que 2010 es el año donde la impunidad castrense encontrará su fin.

(1) Testimonio de dos jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente en el estado de Morelos. Agosto de 2009. Amnistía Internacional.
(2) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009.
(3) Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública. Human Right Watch, junio del 2009.
(4) Capítulo México
(5) Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005)
(6) Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977 - 2004)
(7) Amnistía Internacional México

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