Escuche esta columna.

Durante los últimos dos años y medio, muchos de los más poderosos corporativos noticiosos mexicanos han simulado firmando de cara al público compromisos auto-regulatorios por la legalidad, la ética periodística y la responsabilidad social, que luego incumplen, defraudando de ese modo a sus amnésicas comunidades.

Para empezar, puedo demostrarlo evocando el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, formalizado a instancias de la Presidencia de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación [agosto 2008] y firmado por casi una docena de representantes de la industria mediática que enseguida lo ignoró.

En el punto «Décimo» los medios se obligan a «Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad», «la prevención y atención de adicciones» y «la cultura de la seguridad y la denuncia», así como a definir y publicar «estándares de actuación profesional en su cobertura informativa». Jamás lo hicieron.

Poco más de un año después [noviembre 2009] vino la Carta-Compromiso de Boca del Río, firmada en aquel puerto veracruzano por decenas de directivos de medios, durante el Congreso «Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta», organizado por la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.

Incluye 21 compromisos sobre tratamiento informativo de la violencia criminal, el último de los cuales resume lo buscado: la «Construcción de un modelo informativo y de comunicación que necesita un país que no merece morir cada día en manos de los intereses, valores y principios impuestos por los delincuentes». Nada cumplieron.

Casi un año más tarde [octubre 2010], durante la clausura, en la Ciudad de México, del encuentro anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, su presidenta, Karen Sánchez Abott, se comprometió a que, «antes de que concluya este año», sus agremiados firmarían un «Acuerdo por la Discreción».

Se inspiraba en el colombiano [noviembre 1999], aunque los objetivos diferían. Éste perseguía «elevar el nivel de calidad y responsabilidad en el cubrimiento y difusión de hechos violentos». El ofrecido por ella, guiar «un compromiso de los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden». Incumplió.

Menos de seis meses después llegamos a dos nuevas promesas: la creación del Consejo Consultivo en El Universal [marzo 23, 2011] y, de mucha mayor envergadura, la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia [marzo 24], bajo el liderazgo de Televisa y TV Azteca. Ambos se enfocan, de nuevo, en el abordaje periodístico de la violencia atribuida a la delincuencia organizada.

El día en que se firmó el Acuerdo, La Jornada lo descalificó en «Rayuela»: «Penoso, el harakiri mediático que tendrá lugar hoy en el Museo Nacional de Antropología. Firmarán un esperpéntico acuerdo para portarse bien. ¿Quién lo exigió?».

Y ayer [marzo 27, 2011], con cintillo en portada, Proceso hizo lo propio, tachándolo sin fundamento de ser un gesto de autocensura impulsado desde la Presidencia.

Por costumbre alineados con prejuicios de Andrés Manuel López Obrador —que asimismo descalificó el acuerdo—, no es atípica la reacción de La Jornada y Proceso, a cargo de periodistas de ideología anciana que desdeña la auto-regulación y la responsabilización explícita de los medios. Pero es cierto, no hay mucho que celebrar.

Lo mismo que La Jornada y Proceso, El Universal, los firmantes del Acuerdo reciente, y Reforma, MVS y otros que se abstuvieron o fueron excluidos han expuesto a la sociedad a un baño de sangre mediático durante la última década, empáticos con políticas de seguridad y comunicacionales autoritarias, violatorias de derechos.

Entonces no digo que este tipo de acuerdos no sirva: yo mismo fundé y tengo siete años dirigiendo el proyecto pionero que propuso su pertinencia, y acepté integrar el nuevo Consejo Consultivo de El Universal, que incluye unos «Criterios» semejantes.

Pero esos mecanismos sobran si no detonan la reingeniería cultural y operativa de los medios, basada a su vez en el cambio del «modelo mental» de los periodistas y el autoritarismo expoliador y machista de las redacciones, así como en estándares de producción de noticias con referentes de legalidad, responsabilidad social y ética.

Los acuerdos son guías aspiracionales útiles siempre que a) sean más que, en efecto, un ejercicio de sumisión al poder; b) los medios tengan voluntad de ceñirse a ellos; c) se aterricen en normas operacionales dentro de dichos medios; d) se basen en la profesionalización y dignificación del periodismo, y e) haya un público que así lo exija.

No estoy en condiciones de saber si el gobierno federal impulsó el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, lo que no necesariamente es negativo —si bien dudo que a estas alturas de debilitamiento y descrédito el régimen calderonista pueda imponer una mordaza a los medios más poderosos.

Pero el Acuerdo es un valioso instrumento si ciudadanos y periodistas sabemos usarlo a través de media accountability systems [sistemas ciudadanos de rendición de cuentas de los medios], para sancionar socialmente a los medios incumplidos y modificar hábitos, prefiriendo informarnos mediante los que honren aquello que firman.

Tuit
Muestra de la inutilidad de acuerdos generales sin estándares periodísticos, el atroz abordaje noticioso en Televisa Monterrey del asesinato de uno de sus cómicos, al día siguiente de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.