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En un lapso de seis semanas asesinaron a tres periodistas del diario sensacionalista Notiver, el de mayor circulación en el estado de Veracruz. En los tres casos hubo violencia extrema y saña.

A Miguel Ángel López Velasco, subdirector y columnista, y su hijo, el novel fotorreportero Misael López Solana, los acribillaron de madrugada, en su casa del puerto de Veracruz [junio 20, 2011]. A Yolanda Ordaz, reportera policial, la secuestraron y asesinaron, dejando su cuerpo decapitado en las cercanías del periódico Imagen [julio 26, 2011].

El comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, precisa que, según Magda Zayas, «portavoz de la oficina del procurador» del estado, junto al cadáver de la periodista fue hallada una nota que «parecía vincular el asesinato de Ordaz con el homicidio del conocido columnista Miguel Ángel López Velasco…».

La mañana del día en el que fue encontrado el cuerpo de ella, el procurador Reynaldo Escobar Pérez ofreció una conferencia de prensa donde «negó categórico que el crimen esté relacionado con el ejercicio periodístico, pues existen posibles nexos con la delincuencia organizada, siendo una de las principales líneas de investigación…».

Era predecible. Se ha hecho habitual en México que, incapaces de resolver judicialmente los ataques contra la prensa, los funcionarios lleguen a conclusiones tan prematuras como elusivas, mediante una retórica ambigua que aun criminaliza a la víctima: si la periodista no fue violentada como represalia contra su trabajo, pero en su caso hay «posibles nexos con la delincuencia organizada», ¿cuál carajos es la moraleja?

Si el asesinato de tres periodistas de un diario, incluido el del subdirector, en poco más de un mes, y el hallazgo de la nota junto al cuerpo de la reportera, no bastan al procurador Escobar Pérez para al menos presumir que se trata de ataques contra la libertad de expresión, podemos prever que una vez más toda esa violencia quedará impune.

Pero hay otra arista: la responsabilidad de Notiver. Si usted desea tener indicios acerca de los estándares ético-profesionales del diario porteño, prepárese emocionalmente, vaya a Google, seleccione el buscador de imágenes y teclee «Notiver».

Podrá constatar cómo cada mañana pone a circular a través de sus páginas montones de imágenes denigrantes para las víctimas, criminalizantes para las personas imputadas de delito, y que denotan un menosprecio hacia sus audiencias. La política editorial de Notiver oferta eso, su negocio es atropellar a los actores de las noticias sobre delito y violencia, empobreciendo la cultura de legalidad y legitimando violaciones de derechos humanos cometidas por la procuraduría y la policía.

Fue Notiver, por ejemplo, el diario que publicó originalmente las fotografías del ex diputado perredista Celestino Rivera Hernández posando desnudo, a la intemperie, poco después de su detención, según la policía estatal, al ser sorprendido violando a un adolescente en un hotel de Tantoyuca [mayo 25, 2011].

Cierto, no puede considerarse justificable atacar a un medio o a un periodista debido a su política editorial o a lo que publica. Nadie puede argüir legítimamente que agredió a alguien porque le afectó cierta información publicada. La violencia contra la libertad de expresión lo es siempre contra la comunidad también.

Pero al escenario de violencia contra las libertades de información, los medios y los periodistas, alentada por la impunidad, exige a la industria informativa reducir las fuentes de riesgo, por instinto de supervivencia y, ante todo, por seguridad de su personal.

Cuando mucho, Notiver se ha autocensurado en lo tocante a la información sobre crimen organizado, pero no ha movido un dedo para replantear su política editorial estableciendo normas generales, claras y sencillas que obliguen a su personal a ceñirse a ellas por respeto a los protagonistas de las noticias y a las audiencias, y por auto-protección. Es probable que López Velasco, López Santana y Ordaz hayan sucumbido por ello.

Vaya de nuevo a Google y busque contenidos producidos por el ex subdirector y la ex reportera de Notiver. En el caso de López Velasco encontrará columnas rebosantes de acusaciones infundadas, descalificaciones, burlas e injurias contra diversos ciudadanos, entre ellas personajes públicos.

En el de Ordaz, notas policiales de una sola fuente (la oficial), superficiales e impersonales, con profusión de datos contra la reputación, la presunción de inocencia y la dignidad de víctimas e imputados de delito, casi siempre cabeceadas en tono mordaz: «Voló 14 metros!», «El pez gordo sigue hospitalizado!», «Duelo de ninjas!» —que habría redactado un editor.

La mejor protección que pueden tener un medio o un periodista es su legitimidad entre la comunidad. En este caso, quien pretenda atacarlos deberá considerar el riesgo de que la sociedad reaccione en su defensa. Pero no es posible que alcancen legitimidad quienes todos los días, desde el espacio mediático, violentan a sus conciudadanos. Es en este sentido que mientras las empresas de noticias no replanteen sus políticas editoriales serán corresponsables, por omisión, de los ataques contra sus vulnerables periodistas.