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MEXICALI.- Uno de los peores efectos de la adicción a la «nota roja» es la de hacernos mirar como normales fenómenos sociales aberrantes. Mientras doy charlas y reporteo en esta ciudad, escucho y constato la siguiente queja de funcionarios de comunicación institucional: los medios informativos bajacalifornianos han ido dejando de enviar a sus reporteros a cubrir las audiencias penales, induciéndolos a exigir a dichos funcionarios datos y fotos de los imputados, así como boletines que les resuman los casos.

El contexto es este:

1) Como en el resto del país, al anunciarse en Baja California la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio [2008] -que incluiría audiencias públicas pero al mismo tiempo restricciones a la publicación de información que vulnerara los derechos a la presunción de inocencia, de personalidad y de protección de datos personales- los medios y los periodistas gritaron, «¡Censura!» «¡Ataque a la libertad de expresión!».

2) Conforme ha ido implementándose dicha reforma [desde 2010], muchos periodistas han recibido información precisa y entrenamiento para aprovechar las posibilidades del nuevo sistema penal acusatorio en términos de acceso a la información.

3) No obstante las fallas y retrocesos en la implementación de dicho sistema, hay periodistas que han podido entender que el nuevo entorno procesal les permite cada vez más ofrecer al público información vasta, contextual, precisa y equilibrada sobre los casos acerca de los cuales antes solo podían informar lo que la policía y el ministerio público les permitían, a través de mezquinas ruedas de prensa, boletines, entrevistas banqueteras y filtraciones ilegales.

4) Basado en los principios de «publicidad», «continuidad», «contradicción» e «inmediación», el nuevo sistema procesal se compone de siete tipos de audiencias que deben realizarse de manera continuada; en ellas el público -periodistas incluidos- puede conocer las versiones de víctimas e imputados, así como las pruebas y testigos, todo con la presencia obligatoria de los jueces, quienes su vez deben razonar sus decisiones -desde la legalidad de la detención hasta la imposición de la pena.

5) O sea, el nuevo sistema no propone censura ni constituye un ataque a la libre expresión, sino que delimita aquello que los medios y los periodistas podemos hacer en materia de derechos procesales, y lo que no porque vulnera los derechos de los implicados en el juicio.

6) ¡Pero, como es obvio, resulta que aquí muchos medios y periodistas se sienten más cómodos con los «juicios mediáticos»!: reproducir versiones oficiales de la policía y el ministerio público, dosificadas en «presentaciones» de detenidos, boletines moralistas y criminalizantes, y filtraciones, es más cómodo y barato que verdaderamente cubrir un juicio.

7) Es así que diversos medios bajacalifornianos se han dedicado, por un lado, a denostar públicamente los avances del nuevo sistema penal acusatorio, azuzando al mismo tiempo a sus reporteros a conseguir la información sobre los casos mediante las prácticas mendicantes descritas.

8) Habrá jueces, fiscales, ministerios públicos, defensores públicos y abogados privados contentos con estos retrocesos, porque a nadie le gusta rendir cuentas solo porque sí. No es lo mismo que un juicio se dirima en la opacidad, dejando grandes espacios a la negligencia, la arbitrariedad, la incompetencia, la tortura y la corrupción, a que todos esos especialistas trabajen de cara a la comunidad, en audiencias públicas donde obviamente se harán visibles sus ineptitudes y vicios.

9) ¿Y el público? Pues muchos quizás estarían satisfechos con el restablecimiento de los grandes «juicios mediáticos», porque ver cómo se produce daño a los demás sin que eso nos afecte a nosotros se ha vuelto un creciente divertimento.

10) ¿Y las víctimas y los imputados? En esta lógica de adicción a la «nota roja», ¡que se jodan! De hecho, nunca fueron importantes, salvo para criminalizarlos, estigmatizarlos, discriminarlos y vejarlos en los «tribunales mediáticos».

Soy Marco L., y soy adicto.