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La furia del público hacia ciertas personas, inducida a través de los «tribunales mediáticos» propiciados por dependencias de comunicación de policías, procuradurías y Fuerzas Armadas, y ejecutados por los medios y los periodistas —cuya lamentable función es la de liberar la cuchilla que cercenará mediáticamente las cabezas de ciudadanos imputadas de delito—, genera una polarización social desestructurante.

Si hay un legado de la administración del presidente Felipe Calderón es ese: haber polarizado a sus gobernados alimentando a los medios noticiosos industriales de un flujo permanente de historias sobre seres demoniacos que merecen ser odiados y exterminados —si no es que lo fueron ya a manos del Ejército o la Marina.

Aprovechando el servilismo de la mayoría de los medios y los periodistas, Genaro García Luna, el Gran Inquisidor Federal, logró que Florence Cassez despierte esa furia, de modo que con mucha gente no puede razonarse sobre su caso.

Basado en lo que he escrito y hablado acerca de este juicio, así como en las preocupaciones que me han expresado lo mismo taxistas que colegas periodistas y radioescuchas, formularé cuatro puntos para reflexionar:

1. Al liberar a Florence Cassez estaría liberándose a una secuestradora. Si la Primera Sala [marzo 21, 2012] o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan favorablemente el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que concede el amparo a Cassez, ella sería liberada porque nunca fue culpable del delito de secuestro. Lo que la Corte estaría haciendo es enmendar una arbitrariedad del Estado contra alguien indebidamente juzgado y condenado.

2. El que sea liberada no significa que sea inocente. Ante la ley, sí. La Constitución mexicana da a los jueces el monopolio de la verdad judicial. Ahora bien, la verdad judicial puede no coincidir con la verdad histórica, y hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde alguien juzgado en condiciones semejantes a las de Cassez y luego liberado vendió su historia de homicida serial a una cadena televisiva.

3. Hay víctimas de secuestro que no solo la identifican como uno de quienes los tenían en cautiverio, sino que personalmente les produjo daño físico y psicológico. La falta de confiabilidad de esos testimonios es justo uno de los aspectos centrales que ponen en duda la validez del proceso. Pero en el caso de que dichos testimonios valieran, no tienen por qué hacer culpable a una persona de manera automática. Un caso judicial es un conflicto entre un acusador y un acusado, y se aspira a que ambos tengan la oportunidad de ser escuchados de manera equitativa y de que su voz tenga el mismo peso ante el juez. Si en México el ministerio público está habituado a fundamentar sus acusaciones en afirmaciones incriminatorias de testigos de cargo, incapacitado como está para recurrir a la ciencia pericial, el problema es del ministerio público y no del imputado.

4. Si es liberada, otras personas en prisión pretenderán también quedar libres mediante un juicio de amparo. Cierto. Es su derecho. Y todos querríamos tenerlo si se nos imputa un delito. ¿O habrá alguien cuerdo que diga, «¡Exijo que se me niegue el derecho al debido proceso!»?. Si a mí o a cualquiera se le imputa un delito, mi mayor interés como ciudadano es que el Estado nos ampare y seamos procesados con respeto a nuestros derechos humanos, o definitivamente no se nos procese. Es inaceptable que haya en este momento en las prisiones mexicanas 92 mil personas sin juicio, sin contar a las que fueron condenadas de manera irregular, como sucedió con Cassez, según el ministro Zaldívar.

5. Se reivindican los derechos de la imputada, pero ¿y los de las víctimas? Que el Estado mexicano haya desamparado históricamente a las víctimas del delito no es responsabilidad de Cassez ni de ninguna otra persona arbitrariamente procesada.

Lo más importante es lo que muestra este caso acerca del sistema de justicia penal inquisitorio, y de cómo muchos de sus principios y prácticas han impedido durante décadas que víctimas e imputados, y sus familias, gocen del derecho a la Justicia penal.

En su proyecto, el ministro Zaldívar se enfoca no en el resultado final del juicio donde Cassez fue encontrada culpable, sino en que el proceso a través del cual se llegó a ese resultado estuvo viciado de origen porque los testimonios de víctimas y las declaraciones de policías ofrecidos como pruebas por la Procuraduría General de la República no son fiables, y al mismo tiempo se conculcaron sus derechos: i) a la asistencia consular; ii) a ser puesta inmediatamente a disposición del ministerio público; iii) a disponer de defensa adecuada y ser juzgada conforme a la ley, prefiriendo la autoridad federal, en este caso encabezada por García Luna, juzgarla mediáticamente, y iv) a la presunción de inocencia.

Si Florence Cassez es una secuestradora más que quedará impune y sus víctimas no serán restituidas, la responsabilidad es del ministerio público, por hacer detenciones y procedimientos ilegales. El sistema de justicia penal acusatorio, en curso de implementación en México desde 2008, promueve que todas las actuaciones de policías y fiscales se apeguen a la legalidad y el caso de Cassez puede ser el hito que nos lleve a dar el salto a ese sistema, para evitar la impunidad.

En cuanto a los medios y los periodistas, linchamos a Cassez cuando nos la «presentó» el Gran Inquisidor Federal y hoy ni estamos aceptándolo ni disculpándonos con ella y con la comunidad, ni comprometiéndonos a cambiar políticas, agendas y procesos editoriales para no participar nunca más en los «tribunales mediáticos», que quebrantan derechos, polarizan a la sociedad y frustrar el vital derecho de esta a la información.