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Una de las reglas elementales de organismos y acuerdos internacionales, y leyes contra el lavado de dinero es prohibir operaciones comerciales o financieras en efectivo arriba de ciertos montos. Ha sido también una de las insistencias contra el crimen organizado de activistas de la sociedad civil como Alejandro Martí —desde México SOS.

Permitir a alguien comprar en efectivo incluso un auto es dejar al descubierto una veta que será explotada por criminales —servidores públicos corruptos incluidos—, no solo para lavar dinero, sino para comprar vehículos con los cuales delinquir sin dejar rastro.

Según la denuncia pública del diario Reforma [enero 30, 2012], la noche del 27 de enero dos funcionarios de la administración del gobernador veracruzano Javier Duarte abordaron en Xalapa un avión oficial cargados de 25 millones de pesos, para volar a Toluca, donde agentes de la Procuraduría General de la República —PGR— los detuvieron por ello unas horas, aparte de retener el dinero, que sigue bajo su custodia.

El gobierno de Veracruz ha insistido en que el destinatario de esos 25 millones era Industria 3, SA de CV, por la prestación de «servicios culturales». Y así se ha quedado el asunto, hasta ahora, aunque sea injustificable que un gobierno disponga de tales sumas fuera del sistema financiero, se trate o no de una operación lícita.

En lo tocante a la cobertura noticiosa, hay aspectos que dejan entrever el mecanismo de «regulación» —gatekeeper, le llama la teoría— al que las instituciones y los medios someten a los ciudadanos, vulnerando de forma artera su derecho a la información:

1) Históricamente —y como nunca durante el gobierno del presidente Felipe Calderón—, la PGR ha confinado a los medios industriales y sus periodistas a la función de verdugos en los «tribunales mediáticos».
Su área de comunicación institucional pone al detenido, el escenario y al funcionario inquisidor, y los periodistas acuden en tropel, tomado la imagen y los datos oficiales básicos, para enseguida realizar la condena de facto ante el público —aun en casos donde tras ser «presentado» dicho detenido queda libre.

En el caso de los 25 millones del gobierno de Duarte no hubo, empero, «juicio mediático»: contra su costumbre, la PGR no convocó a conferencia de prensa, ni «presentó» a los dos detenidos, ni difundió su imagen. Podríamos pensar que, ahora sí, optó por respetar los derechos a la presunción de inocencia, la propia imagen y, parcialmente, la reserva identidad de los detenidos. Pero ni soñando.

Quienes mandan en la PGR saben que los medios están a su servicio para mostrar una eficiencia de la que carecen en tribunales y que, en cambio, si su presencia en el espacio noticioso dependiera de los juicios donde consiguen sentencias condenatorias, casi desaparecerían. Filtraron la información sobre los 25 millones de forma que hiciera el menor daño y así han procurado hasta ahora.

2) En los estados, una de las primeras cosas que hace un gobernador al ser electo es re-trazar la propiedad de los medios, así como las asignaciones de publicidad y de contratos de gobierno a las empresas informativas.

Personalmente o con prestanombres, a) funda medios al vapor y/o b) compra acciones de algunos existentes; c) asigna los mejores contratos de publicidad a los medios afines, relegando a los críticos; d) asigna o retira contratos sobre obras o servicios públicos a dueños de medios, según su proximidad con ellos; y/o d) reprime o azuza a otros para que ataquen a periodistas y medios independientes.

El seguimiento local a la revelación de Reforma sobre los 25 millones refleja de forma impecable hasta dónde Duarte tiene sometidas a las empresas informativas veracruzanas: a) algunas no dijeron una palabra durante días, como La opinión y el descaradamente servil Mundo de Xalapa [en el DF, el semanario Proceso, por cierto, tampoco lo publicó]; b) salvo Notiver, la mayoría reprodujo tardía y tibiamente la noticia dada por Reforma y luego «olvidó» el asunto; c) ninguno hizo su propia investigación, y d) la mayoría enfatizó como noticia de arranque la versión del gobierno estatal sobre el destino de todo ese dinero.

En este último grupo se distinguen La Jornada Veracruz y el Diario de Xalapa: ¡publicaron la misma nota, firmada por «La redacción», destacando las gestiones formales del gobierno veracruzano para recuperar el dinero!

El tema, pues, ha ido esfumándose, evidenciando que la más rudimentaria estrategia de «manejo de crisis para el control de daños» permite fácilmente conseguir el olvido social —con su peor secuela, la impunidad.