Ana Aguilar


Dos noticias han sido comentadas en los últimos días. Una, la construcción de doce nuevas prisiones en el país y, recientemente, imágenes de las condiciones en las que viven reos en las cárceles del Distrito Federal (El Universal, 3-4 de junio, 2009, y Proceso no. 1701). Fotos y videos dan testimonio de las deplorables condiciones en que están aquellos que no pueden pagar por vivir dignamente. Las imágenes son el reflejo del gran mal que aqueja al sistema penitenciario mexicano: la corrupción. Celdas individuales, limpias, con cocineta y gimnasio para los que tienen recursos para pagar (¿a quién?); hacinamiento y medio ambiente insalubre para quienes no pueden hacerlo.
Varios datos han saltado a la luz. El 90% de los presos que ingresan a las penitenciarías sin antecedentes de consumo de drogas sale consumiendo alguna (Bergman, Reforma , 25 de mayo, 2009). El 60% de los presos están por delitos menores a 3 mil pesos; sostener a cada uno de ellos cuesta más de 150 mil pesos al año.
Los reportes recientes también mencionan que muchos de los presos todavía no han sido sentenciados. De hecho, el promedio nacional de presos sin condena es de alrededor de 42%. Es decir, muy probablemente casi la mitad de los presos que aparecen en las imágenes y que viven en situación tan lamentable ni siquiera se les ha comprobado su culpabilidad.
El proyecto Presunción de Inocencia en México, que promueve el uso racional de la prisión preventiva, así como el adecuado manejo de los medidas alternativas a ella, ha proporcionado cifras adicionales: el Estado gasta alrededor de 5 mil 800 millones de pesos al año en el mantenimiento del sistema penitenciario; las prisiones reciben mil 400 millones de pesos extra al año provenientes de la corrupción, tales como introducción de celulares, comida, visitas conyugales y mejores condiciones de vida al interior. Las personas que están en prisión tienen mayores probabilidades de morir dentro que en la calle, y tienen mayores probabilidades de contraer VIH que una sexoservidora (Guillermo Zepeda, “La Prisión Preventiva en México: Dimensiones, Características, Costos, Alternativas”, 2007).
Ante esta cifras confirmadas por imágenes y ante el evidente mal manejo del sistema penitenciario, ¿qué hacer? Una persona a quien se acusa de un delito por menos de 3 mil pesos y sigue en prisión seguramente está ahí porque no tiene para pagar su fianza; posiblemente también es una persona que provee el ingreso económico de alguna familia. Y quizá, es la misma persona que podría entrar en un esquema de supervisión para seguir trabajando y/o estudiando, al mismo tiempo que garantiza su presencia en juicio. ¿No debería el gobierno pensar en generar alternativas a la prisión preventiva en lugar de estar pensando en construir más prisiones?

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