Luis Villalobos


En la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) del pasado 23 de marzo, 25 gobernadores del país acordaron impulsar la creación de una policía única en cada entidad federativa, lo cual implica la fusión de las corporaciones municipales con las estatales. Con esta iniciativa, la CONAGO hace explicita su aceptación a la propuesta del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de crear Policías Únicas estatales. Los propósitos indicados para esta propuesta, son entre otros, la depuración, capacitación y dotación de equipo de las corporaciones de policía, así como el posibilitar una mayor eficiencia en la detección de la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.

Si bien con este proceso se presupone que el mando único agilizará y mejorará la toma de decisiones a partir de mejorar los mecanismos de coordinación e inteligencia, posibilitando mecanismos de anticipación al delito, ni la SSP ni la CONAGO han presentado diagnóstico públicos que sustenten esta afirmación, diagnósticos realizados a partir de un análisis comparativo del desempeño de modelos organizativos de policía con mandos diferenciados respecto a los que operan con mando único, en el que se expongan tanto beneficios como problemas asociados a ambos esquemas, y que permita por lo tanto, decidirse por una estructura adecuada a las circunstancias de la policía mexicana.

De esta manera, se carece de una caracterización puntual de las causas que originan los problemas asociados al desempeño de las policías en México con su actual diseño organizacional, que motivan la presentación de la propuesta de mando único estatal, asimismo, tampoco se presentan las consecuencias que estos problemas generan. Sin un marco de referencia de causas y consecuencias que analice y caracterice el desempeño policial derivado del mando diferenciado en municipios y estados, el sustento de la formulación del mando único resulta endeble, poco sistematizado y sin referentes empíricos, lo que compromete tanto el fortalecimiento del desempeño policial, la resolución de los problemas asociados a su trabajo, así como el cumplimiento de su mandato institucional.

Por otra parte, el solo rediseño organizacional no implica por sí misma la modificación de las causas estructurales y de infraestructura que generan el mal desempeño policial, preservándose en consecuencia, las condiciones de inseguridad pública y social vinculadas directamente a las policías. La no modificación de los factores estructurales, tanto al interior de las policías como externos en la realidad social, que dan origen a los problemas, condiciona que estos escenarios se volverán a enfrentar.

El mejoramiento del desempeño de las policías en México, requiere de un nuevo arreglo institucional que garantice un desempeño policial ceñido a lo establecido en la ley, legitimidad de su actuación y que se oriente a obtener resultados verificables. Este proceso de redefinición de la estructura en que se realiza la función policial, requiere incorporar elementos tales como la perspectiva de seguridad ciudadana, el mejoramiento de los mecanismos de supervisión y control, la transparencia, la permisibilidad de acceso a la información y la rendición de cuentas, colocando como principio operativo de la función policial al ciudadano y al mismo policía, así como el fomento a la cultura de la denuncia, la prevención y la participación ciudadana. Estos componentes no son incluidos en la propuesta de reestructuración organizacional de las policías.

Por otra parte, planteamos una hipótesis referencial: la viabilidad de los modelos, su eficacia depende del arreglo institucional. Esto implica que la funcionalidad del modelo organizacional de la policía, ya sea de mando único o diferenciado, requiere de los arreglos informales e informales que determinan el comportamiento de los actores en contextos institucionalizados. De esta manera, el énfasis se traslada al tipo de arreglo institucional y no al modelo organizacional, a la estructura operativa: si el diseño institucional es el adecuado, posibilita el cumplimiento de los objetivos de la organización.

El propósito de orientar un desempeño policial realizado en contextos democráticos, requiere del impulso a procesos de cambio sistémicos en la cultura y la ética policial, y no solo el rediseño administrativo – organizacional, es decir la refundación de la forma en los oficiales de policía conciben y ejercen sus funciones, modificando las relaciones entre sus pares y mandos, así como sus vínculos con la sociedad a la cual sirven: la reforma más complicada y urgente de la policía no es organizativa, es en términos de la cultura y valores policiales.

La policía históricamente ha presentado un desempeño deficiente, así mismo, las condiciones de inseguridad actuales del país, en mayor o menor grado corresponden al mal desempeño policial, por lo tanto, la unicidad de mandos no implica en consecuencia que la actuación de la policía mejore ya que no existe en correspondencia, los cambios estructurales que incidan en el mejoramiento de la actuación de la policía: el mando único no está concebido como un proceso de refundación y rediseño institucional, solo propone modificaciones en términos de su coordinación y procedimientos, pero no constituye un esfuerzo de modificación sustancial de la función policial.

El proceso de reforma de cualquier institución y programa de gobierno, requiere tanto de modificaciones normativas, organizativas y procedimentales, así como de cambios en la cultura policial (acuerdos de facto), los cuales no tienen referentes legales o administrativos pero que determinan en gran medida el comportamiento de los agentes: si el proceso de reforma no considera la transformación del comportamiento y cultura de la policía, la reforma será incompleta y no se obtendrán los resultados pretendidos: solo mejores personas harán mejores policías. La evidencia empírica es contundente, el mando único de la policía no resolverá los problemas vinculados al mal desempeño de las policías.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.

Alejandro Espriú Guerra


Última semana de marzo de 2009. En su primera visita a territorio mexicano como Secretaria de Estado, Hilary Clinton reconoció oficialmente la corresponsabilidad de los Estados Unidos en el problema de seguridad que México enfrenta al declarar lo siguiente: «Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales impulsa el narcotráfico y nuestra incapacidad de evitar el contrabando de armas a través de la frontera para armar a esos criminales causa la muerte de policías, soldados y civiles». Las reacciones no tardaron en suscitarse: La cancillería mexicana recalcó y ovacionó las palabras de la número dos del gobierno estadounidense; la prensa nacional e internacional exaltaron el cambio de discurso del vecino país del norte; opinólogos y columnistas (lo que Jorge Castañeda suele llamar «comentocracia») comenzaron a especular sobre nuevos vientos de cambio; políticos de ambos países se congratularon y felicitaron mutuamente por una nueva etapa de la relación bilateral y, al final, nada sucedió.

Precisamente un año y varios miles de ejecutados después, durante la última semana de marzo del 2010, la misma Hilary Clinton encabezó la visita de una delegación de funcionarios de alto nivel a México y reconoció —una vez más— la corresponsabilidad de los Estados Unidos en el problema de seguridad que enfrenta México: «Sabemos que la demanda de drogas y la compra de armas (en Estados Unidos) hace que se facilite la violencia en México». No era de extrañarse, pues, que las reacciones de cancillería, prensa, comentócratas y políticos en general se repitieran. Tampoco sorprende que, más allá del discurso esperanzador, no hubiera otra vez nada concreto sobre lo cual se pudiera sustentar un escenario optimista a futuro. Una vez más, se hizo mucho ruido y muy pocas resultaron ser las nueces.

Siempre he creído que los mexicanos sufrimos de mala memoria y de oído dulce. Solemos tropezar con las mismas piedras y nos conformamos con que nos digan lo que queremos escuchar… o ya de perdida con que nos «hablen bonito». Nos pasa a los ciudadanos con nuestra clase política pero lo cierto es que también parece pasarle a nuestra clase política con sus pares. Y el hecho es que, al menos en este caso, los políticos estadounidenses nos tienen bien tomada la medida: nos dicen algunas palabras bellas (o insisto, aquellas que queremos escuchar: corresponsabilidad, esfuerzo conjunto, trabajos binacionales, prioridad en la agenda, etc.) y nos quedamos contentos, nos sentimos satisfechos. Con sólo enseñarnos un hueso, les movemos la cola. A estos actos se les llama paliativos: no curan al paciente pero le permiten sentirse un poco mejor, por lo menos hasta que venga una siguiente recaída. Y cuando eso nos suceda (quizá la siguiente visita corresponda ahora a la última semana de marzo del 2011) ya no sólo tendrá que venir la Sra. Clinton o el gabinete de seguridad ampliado, sino que, para que veamos que «ahora sí va en serio», quizás sea al propio presidente Obama a quien escuchemos reconocer la corresponsabilidad de su país en el combate al narcotráfico y a la violencia ocasionada por el tráfico de armas.

En lo personal, coincido en que la aceptación que los Estados Unidos hacen de su «corresponsabilidad» representa un avance necesario en la dirección correcta; sin embargo, resulta a todas luces insuficiente, por decir lo menos. Me parece que la reciente visita de los funcionarios estadounidenses implica un nivel de atención que se mueve más por la urgencia (reacciones de forma) que por la importancia (acciones de fondo). Por ejemplo, hay quienes afirman que dicha visita no se precipitó como consecuencia de las ejecuciones de los tres norteamericanos relacionados con el Consulado de Cd. Juárez; sin embargo, de no ser así, habría que cuestionar entonces el timing (elemento esencial en política y diplomacia) de la visita, considerando que en Estados Unidos la atención mediática estaba concentrada en la reforma de salud (política doméstica) y en el relanzamiento de la negociaciones de paz en Medio Oriente (política internacional). En otras palabras, pareciera que no había gran interés de los funcionarios estadounidenses por crear un impacto sustancial como resultado de su visita y generar momentum sobre este tema al interior de los Estados Unidos.

Otro claro ejemplo recae en la ausencia de representantes del poder legislativo en la delegación norteamericana. Si algo queda claro (como lo confirman los intentos de Reforma Migratoria y la propia Reforma de Salud) es que, en Estados Unidos, el poder ejecutivo requiere del aval y apoyo del poder legislativo para que se puedan llevar a cabo políticas de fondo. De otra manera, solamente se sigue apelando a las buenas intenciones, como al parecer es el caso. Finalmente, tampoco cuadra la importancia que afirman los estadounidenses que tiene la Iniciativa Mérida cuando al mismo tiempo proponen recortar su presupuesto para el año fiscal 2011 (no cabe duda de que la congruencia es la mole de los políticos).

Me parece que el mensaje detrás de estos indicios es muy claro: a Estados Unidos le preocupa más venir a México a calmar las turbulentas aguas políticas que formular una estrategia integral que le pudiera llegar a implicar compromisos sustantivos y que los obligue a tener que enfrentar intereses al interior, como con la National Rifle Association (NRA). Sin duda les preocupa algún contagio, pero también parece quedarles claro que finalmente el enfermo (quien agoniza poniendo a los muertos) no es Estados Unidos. Por eso, se dan la oportunidad de juguetear a hacer «rondines médicos» y «chequeos ocasionales». En efecto, se llaman paliativos.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.