Alejandro Espriú Guerra


Hace unos días, el pasado domingo 13 de junio, el presidente Calderón decidió convertirse en su propio vocero y, a través de un comunicado, hizo del conocimiento popular algunas de las ideas y argumentos detrás de su Estrategia Nacional de Seguridad. Sí, aquella que en un principio fue bautizada como ‘la guerra contra el narco’ y que ahora, en una especie de presentación formal ante la sociedad (algo así como los XV años de la hija predilecta), se le ha engalanado para ser promocionada como una lucha que pretende ‘lograr la seguridad pública de los ciudadanos’. Hay que señalarlo, la diferencia entre ambas perspectivas va más allá de un simple sobrenombre: en el caso de una ‘guerra contra el narco’, el esquema de acción se centra en que el Estado haga uso de toda su fuerza a fin de combatir y reprimir a los grupos dedicados al tráfico y venta de drogas ilícitas. En otras palabras, es un modelo con un esquema principalmente reactivo que coloca a las bandas de narcotraficantes en el foco (objeto) de la estrategia. Por otro lado, una ‘lucha por la seguridad de los ciudadanos’ implica, por naturaleza, diseñar y ejecutar un esquema primordialmente preventivo que sitúe al ciudadano como vértice de las acciones.

Desde mi punto de vista, que desde el inicio de su gobierno Calderón haya mandado a las fuerzas militares (entrenadas para enfrentar al enemigo en un ambiente de guerra) a combatir a las bandas criminales del país, invita a cualquier persona a pensar que la estrategia que se ha seguido se enfoca primordialmente en una lógica represiva. Si a este hecho le añadimos que –en ausencia de otros indicadores– los avances de la estrategia utilizada se han venido midiendo principalmente con base en el número de criminales detenidos, las toneladas de droga incautada y la cantidad de grupos delictivos desarticulados, la hipótesis del modelo reactivo parece tender hacia su comprobación.

Esto no es de sorprenderse. Por el contrario, basta con identificar algunas de las principales diferencias que hay entre dos opciones (tipos de aproximaciones) que tiene el gobierno para atender los asuntos públicos de su competencia: aquella que llamo la del ‘problema político’ y la otra que concibo como la del ‘problema de la política’; diferencias que al final del día resultan definitorias.

En el caso de la aproximación ‘del problema político’ (por ejemplo el de la inseguridad pública) la premisa es que, a fin de satisfacer las demandas relacionadas con el tema, se desarrolle una respuesta técnica sustentada en diagnósticos confiables, análisis comparados, metodologías ya experimentadas, etc; además de que generalmente comprende un periodo de tiempo considerable para su planeación y aplicación (de mediano a largo plazo); y usualmente logra tener un impacto social positivo y duradero. Por otro lado, la aproximación del ‘problema de la política’ generalmente involucra una reacción –ante la demanda social– que llega como resultado de presiones e intereses coyunturales, electorales y /o partidarios; en términos generales no abarca ni permite una verdadera planeación integral y estratégica (pues requiere de resultados inmediatos); y, en caso de que llegue a tener impactos positivos, estos tienden a durar poco tiempo. Desde esta lógica, la aproximación del ‘problema político’ es prácticamente antagónica a la del ‘problema de la política’.

Desafortunadamente para el país, el andamiaje estructural-institucional del gobierno, junto con la idiosincrasia mexicana quizás, fomentan que los conflictos y demandas sociales generalmente transiten hacia el segundo tipo de aproximación. El gobierno mexicano está más acostumbrado a reaccionar que a responder ante las problemáticas sociales y la implementación de modelos represivos, en lugar de preventivos, son un buen ejemplo de ello. El propio comunicado de Calderón –publicado tan sólo 48 horas después de que el país enfrentara el día más violento del sexenio– parece seguir esta misma dinámica.

En su desplegado y posterior mensaje por televisión nacional, el presidente expone su visión de las causas que han llevado al país a enfrentar el actual clima de inseguridad: nuestra vecindad con el principal país consumidor de drogas a nivel mundial y del cual además proviene la gran mayoría de armas que se utilizan en México; la reconfiguración y diversificación de las bandas criminales a partir de la década antepasada; la vieja dinámica del gobierno de pactar con grupos delictivos; y la falta de oportunidades sociales para la población. Afirma también que, bajo estas circunstancias, a su gobierno no le quedaba otra opción mas que ‘actuar y actuar rápido’ desde el inicio de su administración.

Hasta este punto, el alegato del presidente –aunque un tanto reduccionista en algunos de sus argumentos– resulta lógico e inclusive atractivo, envolvente: dudo, por ejemplo, que haya mucha oposición a la idea de que el problema había venido creciendo con fuerza y que era necesario establecer algún tipo de planteamiento para contrarrestarlo. Sin embargo, la estrategia que presenta más adelante me resulta incompleta y poco convincente. En su texto, el presidente afirma que “el punto clave (de la estrategia) es reducir la acción del crimen organizado contra la población mediante el fortalecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y la recomposición del tejido social”. En lo personal, me parece que una simplificación como esta raya en los extremos del espectro y por lo tanto pierde validez y credibilidad. Me explico: por una parte, la recomposición del tejido social se ubica en el lado de la prevención, quizás en su parte más extrema si consideramos que en una sociedad con plena igualdad de oportunidades la delincuencia debiera tender a desaparecer. Esto no es malo; por el contrario, representaría un aspecto sumamente positivo y daría pie a un círculo virtuoso si el gobierno tuviera realmente la capacidad para lograrlo. Sin embargo, por varias razones (que no corresponde analizar en estos momentos), la realidad ha demostrado que ni si quiera se han podido ir generando las condiciones para que esto ocurra en el largo plazo (resultará interesante evaluar los resultados del proyecto piloto “Todos somos Juárez” en un futuro). Y como esta parte de la ecuación no funciona, el problema radica en que la otra que queda disponible se relaciona con el fortalecimiento del poder combativo y represivo del Estado, un aspecto que sin duda se ubica en la parte más extrema del modelo reactivo. De ahí que no deba sorprendernos que en el mes de mayo el número de muertos haya sido más de mil y que de enero a la fecha se alcance la cifra de cinco mil.

En mi perspectiva, la clave de la estrategia no está en los extremos, sino en el rango medio; en verdaderamente explotar la gran cantidad de acciones que con frecuencia se han propuesto pero cuya puesta en práctica ha sido marginal. Acciones que, por ubicarse a lo largo del espectro preventivo-reactivo, se complementan y auguran resultados. Así lo demuestran algunas experiencias internacionales (Estados Unidos, Italia, Colombia, etc). Hubiera sido deseable que, si ya se está haciendo referencia a una ‘lucha por la seguridad pública’, en la explicación de la estrategia y sus resultados se hablara de temas como el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia; el control de flujos de dinero sucio proveniente del exterior; la confiscación de fondos y bienes derivados del lavado de dinero; la presentación de estrategias financieras inhibitorias de delitos como la extorsión; la certificación de los cuerpos policiales; acciones emprendidas para erradicar el consumo de drogas; medidas para combatir la corrupción; mejora de las condiciones y funcionamiento de los penales (centros de rehabilitación social); proyectos de promoción de la cultura de la legalidad; instauración de nuevos mecanismos de participación ciudadana; y un largo etcétera.

El inconveniente de presentar resultados como algunos de los que se exponen en el texto es que su enfoque sólo distrae, entretiene: decir que se han aplicado 14 mil evaluaciones de control de confianza al personal de la SSPF o 7 mil al de la PGJ no es para nada indicativo de que estas instituciones se hayan vuelto más eficientes. De igual manera, señalar que se han construido 300 Centros “Nueva Vida” para la prevención y el tratamiento de adicciones no necesariamente significa que cuenten con un programa efectivo en la reducción del consumo de drogas. Aceptar esto sería equivalente a decir que tan sólo la construcción de nuevos hospitales (y no que estos cuenten con el equipo médico adecuado o con doctores calificados) es lo que garantiza la salud de la población.

Por lo tanto, estos ‘indicadores’ no necesariamente implican avances. Me parece que hay otros que podrían brindar un panorama más amplio (como el número de elementos policiales que han aprobado cursos impartidos tanto a nivel nacional como internacional; el número de quejas recibidas, atendidas y solucionadas por instituciones relacionadas a la seguridad pública o el número de delincuentes reincidentes). Sin embargo, tiendo a pensar que, debido a las presiones sociales pero sobre todo a las político-electorales, a los dirigentes del gobierno siempre les importará más presentar grandes cifras y acciones visibles de corto plazo (como los ejemplos citados en el párrafo anterior) bajo la creencia de que esto tendrá un efecto positivo en la percepción de la ciudadanía. Justo a este tipo de medidas se les conoce como ‘políticas fallidas pero políticamente redituables’ (el politólogo Andreas Peters las denomina ‘politically successful policy failures’): atajan el ‘problema de la política’ realizando acciones que generen un impacto positivo inmediato a fin de obtener apoyo popular, pero en el fondo el verdadero ‘problema político’ queda sin ser solucionado.

Las condiciones actuales de inseguridad han hecho evidente la importancia de dejar de formular estrategias que puedan resultar políticamente exitosas en el corto plazo pero que a la larga no traigan los cambios que se requieren. Apostarle a estrategias integrales que comprendan, sí, el combate frontal al crimen organizado pero que sobre todo le otorguen importancia a la ofensiva no armada, a la prevención del delito, a la disminución de la violencia y al fomento de la legalidad debe ser una prioridad. El problema –y por lo tanto la respuesta– van más allá de la popularidad de un sexenio.

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