Seguridad y Democracia

Ana Aguilar


¿Cuántas veces no hemos visto en los medios noticiosos en los últimos meses la presentación de «presuntos delincuentes» e incluso a veces su confesión?

Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la muestra de fotografías de personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público viola su derecho a la honra y la dignidad contenidos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Tesis Aislada CLX XXVIII/2009). Esto significa que con la toma y exposición de fotografías el gobierno viola las disposiciones que regulan la protección de datos personales.

De acuerdo con el diario Milenio (enero 7, 2010), este criterio evitaría situaciones como la generada con la detención de Rafael Cedeño Hernández, el Cede, durante la cual fueron detenidas otras 39 personas. Todas ellas fueron presentadas ante los medios como «presuntos delincuentes» y, con excepción del Cede, casi inmediatamente liberadas por falta de elementos para procesarlas.

La «guerra» contra el crimen organizado no sólo ha desatado una ofensiva militar y policiaca contra éste, sino también en contra de las pautas internacionales de respeto a los derechos humanos al establecer un régimen de excepción en la Constitución, del que se han derivado leyes como la de la Policía Federal, que permiten mostrar ante los medios a personas detenidas por delincuencia organizada y acompañadas incluso de videos con supuestas confesiones, aunque la propia ley en cuestión reconoce que dichas declaraciones no tienen efecto alguno dentro del procedimiento judicial.

Tampoco es una mera cuestión de términos, la propia nota Milenio habla de «delincuentes». ¿No se supone que lo son hasta que se les dicta una sentencia condenatoria? ¿Alguna vez siquiera consideramos la posibilidad de que no sean culpables? ¿Alguna vez recordamos que tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario? ¿Alguna vez nos acordamos de que el principio de presunción de inocencia es aplicable a todos y cada uno de nosotros?

La resolución judicial ratifica que disposiciones como la anterior no son aceptables en un Estado democrático de derecho. Pero no es suficiente. Para lograr una verdadera protección de la honra y la dignidad de una persona es necesario que existan límites claros a las facultades de las autoridades que constantemente violan tales derechos fundamentales.

Y es también necesario crear conciencia entre quienes provén información y entre quienes la reciben para monitorear a las autoridades y exigir un adecuado régimen de transparencia y rendición de cuentas que imposibiliten que se siga actuando impunemente en contra de inocentes.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.