Seguridad y Democracia

Edgar Baltazar Landeros

Recientemente, en 13 estados de la República se eligieron 10 gubernaturas, 451 diputaciones locales y 1481 gobiernos municipales. Existen impugnaciones, acusaciones y destapes con miras al 2012. Éste es el contexto de la política estadocéntrica; aquella denostada por muchos y secuestrada por una clase política muchas veces lejana a los intereses mayoritarios. En esta política las propuestas escasean y abundan las promesas en temas diversos, incluido el de la seguridad.

Desde esta política, las instituciones estatales poseen el monopolio de la atención de los asuntos públicos. La política es, pues, cosa de políticos. El ciudadano forma parte de este sistema al momento de emitir su voto, contestar una encuesta y participar en las instancias reconocidas por el Estado, tales como los órganos oficiales de representación vecinal o bien los consejos de las dependencias de gobierno. La política estadocéntrica coincide con el paradigma de la cultura cívica, es decir, una orientación ciudadana hacia la política caracterizada por los parámetros del modelo liberal: cultura de la legalidad, participación institucionalizada, respeto a las instituciones electas, elevación de la democracia representativa al nivel de bien perfectible. El lema de esta política parece ser “vota y calla”.

Ahora bien, esa política no es la única posible. Vivimos tiempos posliberales, donde la democracia representativa y sus partidos personeros están en crisis. Tiempos en que la acción política no es monopolizada por las instituciones estatales, ya que es también una práctica social de grupos que encabezan un proceso participativo; destacando los movimientos sociales reivindicativos. Ahora es posible ver un parlamentarismo callejero, donde al ocupar el espacio público se politizan temas privados, derivando no solo en legislación nueva sino en el reconocimiento social de problemáticas compartidas. La política posliberal es una práctica social donde un paradigma como el de la democracia ya no es sólo una forma de gobierno sino una forma de vida. La política posliberal ya no es sólo de políticos, es también de la sociedad civil, es decir, los grupos ciudadanos (instituidos o no) que se erigen como interlocutores válidos ante el estado y el mercado, introduciendo innovaciones referentes a la cosa pública. Así, el ciudadano politizado no es aquél que recita de memoria los principios de un partido, siempre vota y respeta cada artículo de la ley; el ciudadano politizado es aquél que actúa en esferas de poder público autónomo donde se dirimen asuntos públicos otrora privados.

En términos de seguridad, la política estadocéntrica corresponde a la preservación del orden público, mientras la política posliberal prioriza la convivencia ciudadana. Si se deja la política a los políticos, la seguridad se convierte en una demanda; si la política es asumida como práctica social, la seguridad es una construcción ciudadana. Desde el liberalismo clásico, garantizar la seguridad es la obligación primigenia del Estado. Desde el posliberalismo de nuestra época, la seguridad es también una socioconstrucción cotidiana; es decir, un asunto que se dirime privadamente en los encuentros cara a cara, para después politizarse y convertirse en un asunto público que incumbe tanto a la sociedad civil como a la clase política.

Evidentemente, existen problemas de seguridad que implican niveles diferenciados de intervención. El ciudadano no puede hacerse de la fuerza represiva del Estado ni éste último puede incorporar las dinámicas comunitarias de convivencia cotidiana. Sin embargo, reconocer a la seguridad como un problema político implica no sólo delegar en los representantes electos la responsabilidad entera, sino también responsabilizarse de las propias competencias. La seguridad no es sólo asunto de policías y ladrones, lo es también de condiciones rutinarias de reconocimiento de la otredad y la promoción de estilos de vida no violentos.

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Insyde.