Difunde Insyde diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Migración

• Se trata del primer diagnóstico integral realizado en México sobre el Instituto Nacional de Migración (INM)

• La investigación analizó los procedimientos así como las prácticas del INM y sugiere medidas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas

México, DF, 29 de agosto de 2013.- El Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) presenta los hallazgos de una investigación independiente sobre el Instituto Nacional de Migración. El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración: Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México, constituye el primer estudio integral sobre dicha dependencia que se ha producido en este país.

El INM es un actor clave en la gestión de la migración que se ha caracterizado por su hermetismo y opacidad institucional, lo que contradice su obligación legal de transparentar e informar acerca de su desempeño, al mismo tiempo que obstaculiza la construcción de mecanismos que favorezcan la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Siendo el INM la dependencia gubernamental con el mandato de aplicar el marco normativo migratorio y de atender de manera directa a las personas migrantes con o sin documentos, y ante los indicios de una falta de estructura institucional sólida y frente a la evidencia de que se cometen violaciones a los derechos humanos de migrantes de manera sistemática, Insyde, a través de su Dirección de Migración y Derechos Humanos, consideró indispensable realizar un diagnóstico profundo del Instituto que permita formular propuestas puntuales para mejorar la función, los sistemas y procedimientos de actuación de los agentes con el fin de disminuir las violaciones a derechos humanos que, de manera sistemática, se cometen en contra de la población migrante que transita por nuestro país.

La investigación se propuso analizar los procesos de gestión institucional, el marco jurídico-administrativo del INM, así como los procedimientos de protección y asistencia, control y verificación, detención migratoria, y deportación. Asimismo, buscó determinar cómo y por qué las prácticas institucionales se disocian de las normas establecidas. El objetivo final fue contribuir a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas del INM a fin de que se fortalezca el respecto a los derechos humanos de las personas migrantes en México.

La investigación, que se llevó a cabo entre marzo de 2012 y julio de 2013, se basó en cuatro herramientas metodológicas: las solicitudes de información, las entrevistas semiestructuradas, las visitas a los centros de detención migratoria y un análisis de fuentes primarias y secundarias, así como de datos cuantitativos.

Se presentó un total de 264 solicitudes de información a 26 dependencias, de las cuales el 69 por ciento estuvo dirigido al INM. Asimismo, se realizaron 71 recursos de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), interpuestos ante la reserva de la información o la falta de calidad de la respuesta. Algunos de los recursos resueltos a favor de Insyde concernieron a temas tales como la seguridad nacional, las encuestas de satisfacción de los usuarios, la disposición documental del INM, los manuales de organización y procedimientos, y las observaciones derivadas de las auditorías aplicadas por el Órgano Interno de Control dentro del INM.

Además, se llevaron a cabo 140 entrevistas semiestructuradas en 11 entidades federativas a servidores públicos del INM y de otras dependencias, coordinadores de los Grupos Beta, personal de la CNDH y de las CEDH, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. También se realizaron visitas a 11 estaciones migratorias y estancias provisionales del INM en 11 entidades federativas, donde se llevaron a cabo 47 entrevistas a migrantes.

Algunos de los hallazgos claves son los siguientes:

• La visión de seguridad nacional que rige la política y gestión migratoria de México generó controles cada vez más rígidos que pusieron en mayor riesgo a los transmigrantes, aun cuando su objetivo era inhibir la migración indocumentada. Es necesario que el Estado mexicano transite hacia una perspectiva de seguridad ciudadana y que establezca las instituciones capaces de garantizarla.

• La política de transparencia del INM es una política de no transparencia. La inclusión del Instituto en el Sistema de Seguridad Nacional del país, es utilizado como criterio de opacidad, que parece esconder las deficiencias en el desempeño institucional, más que información que pueda poner en peligro la seguridad del Estado mexicano.

• En la actualidad, el Instituto Nacional de Migración no cuenta con un sistema de supervisión que le permita a los mandos medios y superiores percatarse de las acciones que toman –autorizadamente o no– sus subordinados. La ausencia de un eficaz sistema de supervisión es una de las mayores debilidades del Instituto y contribuye, en gran medida, a que diversos actos de corrupción y violaciones a los derechos de los migrantes sigan dándose con total impunidad.

• Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Migración no cuenta con un protocolo de regule el uso de la fuerza por parte de sus servidores públicos. Según el INM, esta omisión se debe a que sus agentes no están autorizados a portar y usar armas o equipo de sometimiento de ningún tipo. Sin embargo, a raíz de la cuestión, se infiere una confusión entre uso de armas y el uso de la fuerza.

• En las estaciones migratorias, las condiciones físicas de las instalaciones han mejorado paulatinamente, sin que eso implique necesariamente una mejora en el trato a los migrantes. Siguen dándose importantes deficiencias en áreas como la atención médica y psicológica, la alimentación y el debido proceso. Además, en ciertas estaciones migratorias ocurren extorsiones y otros negocios lícitos e ilícitos, como el cobro de comisiones por tarjetas telefónicas y la venta de drogas.

El estudio concluye con la presentación de 99 recomendaciones a diversas instituciones públicas, 59 de ellas dirigidas al INM. Entre las recomendaciones destacan las siguientes:

• Establecer una academia de formación migratoria en la que se impartan tanto los cursos de formación inicial como los cursos de capacitación permanente, a fin de que los futuros y actuales servidores públicos del INM, en todos los niveles, tengan los conocimientos requeridos desde su ingreso al Instituto.

• Diseñar e implementar un sistema de supervisión que permita un efectivo control del personal en servicio, independientemente de la labor realizada y el lugar de operación, para que los mandos medios y superiores estén enterados, en todo momento, de las acciones de sus subordinados y, si fuera necesario, puedan tomar las medidas necesarias.

• Fortalecer el sistema de promociones para que la promoción deje de ser casi exclusivamente de movilidad y sea, principalmente, de ascenso. Asimismo, transformar el sistema de promociones de tal manera que el ascenso cubra todos los niveles, permitiendo que –con el tiempo– un agente federal de migración se pueda convertir en Comisionado del Instituto.

• Crear un protocolo que regule el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios e impartir la capacitación correspondiente para que el personal del Instituto Nacional de Migración esté debidamente instruido en la prevención y prevención de conflictos.

• Diseñar e implementar un sistema de rendición de cuentas más holístico que permita una colaboración efectiva entre los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas. Establecer un organismo de vigilancia ciudadano que monitoree y evalúe, de manera independiente e imparcial, el desempeño del INM en todas sus facetas y publique sus hallazgos, con el fin de fortalecer la gestión del Instituto.

Contacto:
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