Proceso penal abreviado y violaciones graves a derechos humanos

¿Puede el proceso penal abreviado garantizar el acceso a la justicia en casos de delitos
asociados con violaciones graves a los derechos humanos?

Por Héctor Alberto Pérez y Ernesto Cárdenas.

I.    Introducción.

Esta pregunta vale la pena formularse siempre que estemos frente a un caso grave y surja la posibilidad de resolver un asunto en el que se haya cometido un delito grave que atente contra el núcleo duro de los derechos de las víctimas, a través del mecanismo del proceso abreviado.

En la labor que desempeñamos desde INSYDE, hemos encontrado que el proceso penal abreviado se ha utilizado constantemente en distintas entidades del país como una forma de acercar la justicia a víctimas de delitos tan graves como el feminicidio y la trata de personas.

Para reflexionar adecuadamente sobre el cuestionamiento debemos tener presentes algunos principios fundamentales del sistema de justicia penal vigente en nuestro país.

En primer término, uno de los grandes mitos – difundido igualmente por partidarios y enemigos – del sistema penal acusatorio, es que éste está diseñado para privilegiar los derechos del imputado como actor principal del proceso y que su elemento central es la presunción de inocencia. Esto es una mentira que de tanto ser repetida parece una verdad incontrovertible. Si nos atenemos a la letra del artículo 20 constitucional (piedra de toque del sistema penal) en su apartado “A” fracción I nos señala que el objeto del proceso penal es esencia un catálogo de derecho victimal: verdad, justicia y reparación. Es decir, que cuando el proceso no cumple estos tres objetivos centrales de las víctimas del delito éste no cumple con sus objetivos constitucionales y por lo tanto no debe subsistir. El verdadero protagonista de nuestro sistema penal es la víctima del delito.

Por otro lado, pocas cosas tan odiosas como escuchar a quienes se refieren al recién implementado sistema de justicia penal como “los juicios orales”, pues esto revela un absoluto desconocimiento de un mecanismo legal que precisamente fue diseñado para que el menor porcentaje de los asuntos sean los que – una vez agotados todos los mecanismos de solución de controversias -, lleguen a juicio. El juicio oral es un mecanismos costoso, complejo y desgastante para las partes, si bien no tanto como el juicio del sistema mixto, sí implica una preparación especial por parte de quienes intervenen y si se piensa que el grueso de los delitos serán atendidos por este medio se buscaría colapsar al sistema.

II.    La procedencia del proceso penal abreviado[1].

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que tener en claro las reglas que rigen al proceso penal abreviado conforme al capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP).

En resumen, el proceso penal abreviado procede a solicitud del Ministerio Público, una vez que se haya vinculado al imputado a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral; si bien el Código no obliga a la Fiscalía a ofrecer este medio al imputado, la regla general es que se haga o que éste sea solicitado por el defensor.

El otro factor de procedibilidad es que la acusación cumpla con los requisitos formales y materiales establecidos en la ley. Asimismo, la víctima del delito no presente oposición a esta solicitud ministerial.

Sólo podrá utilizarse este mecanismo en los casos que la persona imputada no haya sido sancionada previamente por un delito doloso. En los casos en que se trate de delitos que tienen una pena menor a cinco años de prisión – incluidas las atenuantes y agravantes -, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta la mitad de la pena mínima en el caso de delitos dolosos y hasta dos terceras partes en el caso de delitos culposos.

En los demás supuestos, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la pena mínima en el caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos.

Lo común es que la Fiscalía, una vez que ha reunido y analizado su acervo probatorio y que considere que tiene suficientes elementos para lograr una condena en juicio, hablé con la defensa en la etapa intermedia del proceso y le exponga esta situación, así la defensa podrá exponer a su cliente si le resulta conveniente someterse a juicio o ante la contundencia de la evidencia en su contra le resultaría mejor aceptar la pena propuesta por el Ministerio Público.

Este momento extra judicial es de gran relevancia y requiere de inteligencia y preparación de las partes; en primer lugar, la Fiscalía debe acordar con la víctima si hará la solicitud de proceso penal abreviado, ya que ésta puede oponerse a ello, exponiendo las razones de conveniencia del mecanismo y consensuando las garantías de reparación del daño que se solicitaran.

Si bien el CNPP establece que la víctima del delito sólo podrá oponerse cuando se acredite ante el Juez de Control que no se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño, la jurisprudencia ha reconocido que la víctima puede promover juicio de amparo cuando considera que la pena impuesta es inadecuada, pues la sanción es en sí misma un componente de la reparación del daño[2]; esto también ha sido reconocido por las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son obligatorias para los Tribunales mexicanos. Por ello es altamente recomendable que la Fiscalía consensue con la víctima y su representación legal la solicitud de proceso abreviado, pues el verdadero interés legal del caso no es la voluntad punitiva del Estado sino las expectativas de justicia de quien sufrió las consecuencias del delito.

Una vez presentada la solicitud se celebra una audiencia en la que el Juez de Control verifica que la persona imputada está informada de su derecho a acudir al juicio oral, de las consecuencias del proceso abreviado y le pedirá una renuncia expresa e inteligente, es decir, de manera clara y detallada, al juicio oral en favor del procedimiento abreviado. Acto seguido la persona imputada tendrá que aceptar su responsabilidad por el delito que se le imputa y ser sentenciada con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía en la acusación, así como la pena propuesta por esta autoridad y a cubrir los aspectos que comprenda la reparación del daño.

Asimismo, el Juez de Control deberá verificar la existencia de los medios de convicción suficientes para corroborar la imputación de acuerdo con lo establecido en la fracción VII apartado A del artículo 20 constitucional.

Una vez realizado estos pasos, se procede a dictar sentencia dentro de la misma audiencia, la cual deberá ajustarse a la pena explícitamente solicitada por el Ministerio Público y se fijará el monto de la reparación del daño. La autoridad jurisdiccional cuenta con un plazo de 48 horas para dar lectura y explicar públicamente el contenido de su sentencia, es decir, el fundamento y la motivación que tomó en consideración. Esta determinación puede ser apelada por la víctima del delito.

En caso dado de que la autoridad judicial no admitiera el procedimiento abreviado se continua con el procedimiento ordinario y se puede dictar el acto de apertura de juicio oral, eliminando para ello todo lo relativo a los antecedentes, discusión y resolución del trámite especial. Esta resolución también puede ser apelada.

III.     Ventajas y desventajas en cuanto a los alances del procedimiento abreviado.

A pesar de que el marco normativo del proceso penal abreviado es adecuado y suficiente aún existen muchas dudas y controversias sobre sus alcances.

En algunos casos hay quienes cuestionan si no se trata de una vulneración del derecho fundamental de la persona imputada a no autoincriminarse. En este sentido, consideramos que no es así, ya que una de las funciones de la autoridad judicial es precisamente verificar que la aceptación de este mecanismo por parte del inculpado es inteligente e informada[3].

Aquí es donde la defensa debe ejercer un gran control y especial cuidado que no existan situaciones en las que se coaccione a las personas imputadas a aceptar sentencias injustas[4]; también tendrán que actuar conforme a la debida diligencia y tener claridad en los casos que pueden o no controvertir los medios de prueba con que cuenta la Fiscalía, siempre brindando un servicio ético a sus clientes.

Otro elemento controvertido es la negociación de las penas, es decir, si el poder legislativo ha determinado ciertas sanciones para un delito, ¿es válido que las partes acuerden una pena diferente? En este sentido, nos parece que implica trasladar la justicia a manos de las partes verdaderamente interesadas. En México tenemos penas absurdamente altas para muchos delitos, que son parte de un populismo penal que es la única respuesta que se ha dado a los fenómenos de criminalidad sin que ello implique que se hayan reducido los índices delictivos o que los crímenes se cometan con menor violencia por temor a la represión penal de penas inusitadas.

Es preferible para las víctimas y para el sistema de justicia, penas menores pero que efectivamente se apliquen a penas mayúsculas que sólo se queden en el papel y sirvan de bandera política a legisladores; esta amplitud de las sanciones se presenta como una oportunidad para que las Fiscalías que cuenten con evidencia suficiente en sus casos señalen a las personas imputadas que pueden ser acreedoras de una sanción enorme, pero que si deciden economizar en el proceso, ésta podrá ser menor, claro está, siempre que con ello se satisfaga el interés de justicia de la víctima del delito.

La pena no debe verse como una venganza social contra quien cometió un delito sino como una sanción por una conducta que dañó a una persona que pertenece a esa misma sociedad y por ello debe tener la última palabra en la solicitud de esa sanción.

Asimismo, para la víctima del delito, más cuando ésta ha sido gravemente afectada, el evitar el juicio representa la certeza de una sanción y evitar un proceso de victimización secundaria como consecuencia de revivir los hechos que sufrió, el estrés de rendir su testimonio y ser cuestionada por la defensa, escuchar alegatos que puedan cuestionarla (pensamos en víctimas de violencia sexual, principalmente) y la incertidumbre de poder recibir una sanción desfavorable.

La asesoría victimal deberá garantizar que con el reconocimiento de hechos que se haga por parte de la persona imputada se garantice el derecho a la verdad de la víctima del delito, por lo que tendrá que trabajar con cercanía a la Fiscalía en la determinación de los hechos, ya que es responsabilidad de ésta la garantía de este derecho fundamental.

Adicionalmente está el tema de la reparación del daño. Frente a penas privativas de la libertad, más cuando éstas son tan extensas como lo señalan nuestras leyes, lo más común es que la víctima se quede sin posibilidad de acceso a la reparación del daño; esta posibilidad aumenta en aquellos delitos que atentan contra el núcleo duro de los derechos (homicidio, feminicidio, trata de personas, explotación en todas sus modalidades, violación, secuestro, por señalar los más graves) ya que por diversos factores el sentenciado no suele cubrir los montos señalados. En este aspecto, también debe haber un trabajo de hilado fino por parte de la representación victimal y la Fiscalía para solicitar del Tribunal medidas reparatorias que puedan cumplirse efectivamente o incluso determinar con la defensa las garantías que se ofrecerán para cubrir este objetivo del proceso penal.  Se puede establecer trabajo en favor de la víctima durante la estancia en prisión; la extinción de dominio en los términos que la ley establece.

Una alternativa explorada es que ante la insolvencia de las personas sentenciadas (¿que solvencia puede tener alguien que pasará veinte años de su vida en prisión en un caso de feminicidio o trata de personas?) es el recurrir a los fondos de apoyo a las víctimas que están (o deberían estar) a cargo de las Comisiones Ejecutivas creadas expresamente para la atención a éstas.

La efectiva aplicación de la reparación del daño es uno de los grandes pendientes de nuestro sistema de justicia.

IV.    Conclusión

Si con el proceso penal abreviado se cubren los tres objetivos del sistema de justicia criminal que son: derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño, éste es perfectamente válido como garantía de los derechos de las víctimas, aún en los casos que mayor afectación les causen a éstas, como lo son delitos contra la vida, libertad e integridad de las personas; así lo hemos constatado en nuestra experiencia asesorando y brindando asistencia técnica a distintas Fiscalías, principalmente en materia de trata de personas y feminicidio.

Esta semana, como parte del programa de fortalecimiento institucional en materia de investigación de los delitos de trata de personas y femincidio que INSYDE implementa con el apoyo de la Fundación MacArthur-México, estaremos trabajando en el estado de Coahuila en mesas de discusión y de intercambio de experiencias con personal ministerial de los estados de Baja California, Coahuila, Puebla y Zacatecas encargado de investigar y buscar la sanción de estos delitos y el tema de los procesos abreviados será uno de los aspectos principales en la discusión.

 



[1] Sobre los requisitos de procedibilidad del proceso penal abreviado vale la pena ver la tesis PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PARÁMETROS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL QUE RIGEN SU PROCEDENCIA Y TRAMITACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 418 A 423 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE DURANGO. Amparo directo en revisión 1619/2015. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

[2] Ver VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL AMPARO DIRECTO CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA, CUANDO ESTIME QUE LA PENA IMPUESTA AL INCULPADO ES INDEBIDA. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 226/2012. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz

[3] Sobre este particular, la SCJN ya resolvió sobre las diferencias entre la aceptación de hechos en la tesis PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DIFERENCIAS JURÍDICAS ENTRE LOS CONCEPTOS “CONFESIÓN” CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL MIXTO/ESCRITO, Y “RECONOCIMIENTO” O “ACEPTACIÓN” DEL HECHO SEÑALADO EN LA LEY COMO DELITO, ACORDE AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. Amparo directo en revisión 1619/2015. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

[4] Vale la pena ver el Documental “Enmienda XIII” de Ava DuVernay, que entre otras cosas expone como en los Estados Unidos muchas personas son forzadas a aceptar tratos con la Fiscalía aún siendo inocentes de los delitos que se les imputan.

 

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