Alarmante la vulnerabilidad de los periodistas en México: ONU y OEA

Las Relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron en el informe preliminar de su visita oficial conjunta a México los «graves y diversos obstáculos» que limitan la libertad de expresión y ponen en peligro el ejercicio del periodismo en México.

Durante dos semanas los Relatores Especiales Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, y Frank La Rue, por parte de la ONU, se reunieron con autoridades federales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, familiares de periodistas asesinados e integrantes de la comunidad internacional radicada en México.

«Las diversas fuentes consultadas por las Relatorías confirman que la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse».

Los factores que los relatores destacan como catalizadores son:

  1. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos, secuestros, atentados contra instalaciones de medios de comunicación, entre otros, hacia quienes difunden información o ideas sobre corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, sobre todo al interior del país. Dichas acciones intimidatorias contribuyen a la autocensura, a la no denuncia y al miedo, «situación que afecta a la sociedad mexicana que desconoce lo que sucede en esos lugares»;
  2. la impunidad generalizada en los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación que propicia «la repetición crónica de las violaciones […] y la total indefensión de las víctimas y sus familiares»;
  3. la vigencia de una legislación que aún criminaliza el ejercicio periodístico a nivel federal y estatal pues cualquier informador puede ser acusado de difamación, «delitos contra el honor» o ser visto como un enemigo del Estado;
  4. la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación presente en el país que ha dado cabida a la existencia de «monopolios» que restringen las opciones de espacios informativos, educativos y culturales para los ciudadanos; un ejemplo claro son las emisoras comunitarias en pueblos indígenas;
  5. la falta de regulación en publicidad oficial pues la información recibida por las Relatorías «indica que el gasto público [en este rubro] es alto y tiende a aumentar»; o, en algunos casos, a utilizarse a favor o en contra de distintos medios de comunicación que, por sus líneas informativas, contravienen o aplauden políticas públicas en materia de seguridad, y
  6. la emergente tendencia a restringir el derecho al acceso a la información pública.

Así, basándose en la información recabada, las Relatorías proponen en su informe preliminar algunas recomendaciones al respecto que, en conjunto, son un llamado urgente para que el Estado mexicano «adopte una política integral de prevención, protección y procuración de justicia» que garantice la investigación, el juicio y la sanción de quienes comenten actos de violencia contra periodistas, así se trate de los propios agentes del Estado.

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