Aprobar reforma de seguridad nacional, «grave retroceso en derechos humanos»: CDHDF

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Cámara de Diputados es, sustancialmente, «una declaración de estado de excepción que conlleva la restricción de ciertos derechos y el otorgamiento de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas», advierte en un boletín de prensa [abril 27, 2011] la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF].

Dicha reforma contraviene, precisa, dos artículos constitucionales, el 21 y el 29, los cuales establecen que la seguridad pública debe de ser procurada por autoridades civiles y no militares, y que el Poder Ejecutivo no puede, unilateralmente, declarar un estado de excepción.

«Nos preocupa especialmente —abunda la CDHDF— que con esta reforma se pretenda normalizar una situación que debería ser eminentemente excepcional, es decir, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y en la procuración e impartición de justicia».

Citando a Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CDHDF dice que «utilizar a los militares es fundamentalmente inapropiado —en cuanto a la capacitación, filosofía, equipamiento y perspectivas— en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley».

Concluye con un exhorto a la Cámara de Diputados a garantizar un debate plural y a que «el criterio rector de todo acto legislativo sea el respeto pleno de los derechos humanos, pues aprobar esta reforma en sus términos actuales constituiría un grave retroceso».

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