Calderón y el uso de la fuerza

El nueve de diciembre el presidente Felipe Calderón hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011 y aprovechó la ocasión para modificar su discurso en esa materia. Van extractos de sus palabras: “… [Las] fuerzas federales han actuado bajo órdenes explícitas [...] de conducirse con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales de todas las personas y a los derechos humanos de todas las personas. Desafortunadamente, es cierto, se han dado casos de actos violatorios a los derechos humanos… Tales violaciones […] no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos son resultado de una política institucional”. En la ceremonia Calderón recordó además haber anunciado una nueva etapa en la estrategia de seguridad en la que su gobierno irá más a fondo en la protección de los derechos humanos mediante diversas instrucciones, una de las cuales fue expresada así: “pondremos muy especial énfasis y atención en las directivas de tales dependencias [federales], para el uso legítimo de la fuerza, en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad…”. El giro en el discurso presidencial es mayúsculo. Soy testigo presencial de declaraciones de Calderón, vertidas hace algunos meses en el Castillo de Chapultepec, en las que desvaloró el problema que ahora coloca en el centro de lo que llama una nueva etapa en la estrategia.

El sexenio que concluirá en menos de un año transitó en dos planos, uno formal, cargado de contenidos políticos y jurídicos y cuya culminación es la reforma constitucional en materia de derechos humanos y otro real, saturado de evidencias de un conflicto elevado de manera exponencial entre las prácticas del sector federal de la seguridad y la justicia penal, y las contenciones normativas. El Presidente dice que las violaciones no han sido sistemáticas, para luego instruir medidas diversas que mejoren su respeto. ¿Cuál es el diagnóstico que él valida en cuanto a la regularidad de las violaciones y por qué instruye mejorar el respeto? ¿Qué quiere decir para él que aquéllas no son sistemáticas? ¿En qué información basa su aseveración? Es obvio que al menos parte de esa información viene de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina. ¿Qué hace el Presidente con la autoevaluación de esas instituciones cuando le presentan su versión de tal o cual frecuencia de violaciones cometidas por ellas mismas? Sabemos que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han crecido sin parar, igual que sus recomendaciones en torno a violaciones donde la autoridad señalada es alguna de esas tres dependencias. No tenemos una fuente formal de información que nos permita saber qué interpreta el gobierno federal respecto a las tendencias en manos de la CNDH, si bien la trayectoria discursiva sexenal nos permite concluir que Calderón y sus operadores no validan el grueso de los hallazgos del ombudsman.

Los organismos públicos de derechos humanos nacieron para contener la violación a los mismos por parte del Estado mexicano, partiendo de las evidencias en torno a la incapacidad del mismo para contenerse en el ejercicio de sus atribuciones, en particular en materia de uso de la fuerza. De hecho, es justamente un caso de abuso de la fuerza el que da origen a la CNDH. Esto quiere decir que desde la década de los 90 del siglo pasado todos sabíamos que había un problema estructural. Calderón obvió el impacto de tal déficit y lanzó una estrategia de seguridad que, al llevar al límite el uso de la fuerza, diseminó un conflicto con los derechos humanos que ya existía. Hoy, al menos desde la versión de todas las fuentes independientes, ese conflicto sí es sistemático. A cinco años de su gobierno el Presidente instruye atender las directivas de uso legítimo de la fuerza. En todo caso, para que tal instrucción se cumpla hacen falta reglamentos, estándares, protocolos y capacidades humanas de supervisión operativa, internas y externas, que esas instituciones no tienen. Es tarde, muy tarde.

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