Cámara de Diputados debe votar por la abolición del arraigo penal en México

  • Organizaciones de derechos humanos demandan responsabilidad a legisladores, para que México cuente con un sistema penal acusatorio sin excepciones inquisitivas, lo que exige la eliminación total del arraigo y la reparación a quienes han sido afectados por la medida

  • Deben diseñarse herramientas de investigación penal conformes a la Constitución, los tratados internacionales y las recomendaciones de ONU, OEA, ONG y expertos en la materia

México D.F., 29 de abril de 2013.- Entre los días de hoy, 29 de abril, y mañana, último día del período ordinario de sesiones del Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados podría aprobar una reforma que, si se vota en los términos del dictamen votado en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 25 de abril, representaría un obstáculo hacia la adecuada implementación del sistema penal acusatorio, al conceder  al  Ministerio Público y a  la policía ventajas procesales de tinte inquisitivo que impiden su profesionalización y generan violaciones a los derechos humanos.

No se abusa del arraigo, sino que el arraigo mismo es el abuso; tal es el consenso entre las instituciones y expertos que durante las semanas pasadas han enviado comunicaciones a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ANTECEDENTES

El pasado 17 de abril el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte”, A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD), i(dh)eas, A.C., Ciudadanos en apoyo de los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (Centro BarcaDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) y el Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH), presentaron una iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional que reconoce la necesidad de que el sistema de justicia cuente con herramientas efectivas para la investigación y persecución de la delincuencia sin menoscabar los derechos de personas que, sobre todo bajo figuras como el arraigo, son criminalizadas sin elementos de prueba en su contra, sujetas a tortura y detenciones arbitrarias, pero que sólo en un 3% del total de casos resultan halladas responsables de los delitos por los que se les priva de la libertad.

Esta iniciativa ha alcanzado 25 firmas de diputadas y diputados de diversos partidos políticos, y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación desde el 18 de abril; sin embargo, no fue incluida en el dictamen discutido y aprobado por mayoría el pasado 25 de abril, desatendiendo lo dispuesto por el artículo 81 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El 19 de abril, el Senador Aarón Irízar López (PRI) presentó una iniciativa de reforma que deroga el arraigo, señalando que la figura está en franca oposición al principio de presunción de inocencia, la libertad de tránsito y la libertad personal, en transgresión a los derechos humanos básicos consagrados en nuestra Carta Magna.

En razón de todo ello, el 25 de abril el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro PRODH), así como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., la Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia, A.C., la Casa de los Derechos de Periodistas, A. C., Propuesta Cívica, A. C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Fundar – Centro de Análisis e Investigación, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”emitieron un comunicado conjunto en el que coinciden en que “La única solución al problema del arraigo es su total eliminación, sin sustituirlo por otra figura que en la práctica resulte igual. Hacemos un enérgico llamado a los legisladores y legisladoras para que actúen en consecuencia de su compromiso con la seguridad y los derechos de la población mexicana haciendo una reforma real para desaparecer el arraigo en la ley y en la práctica.” Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales tampoco atendieron la posición de estas organizaciones.

En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales no fueron valoradas las comunicaciones enviadas por organismos internacionales como la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que el pasado 23 de abril envió al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales una carta en la que destaca la iniciativa promovida por la sociedad civil, así como las diversas iniciativas presentadas en el marco de la discusión parlamentaria, mismas que han sido enviadas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el seguimiento del debate, y reseña que al menos 7 cuerpos de protección de los derechos humanos de la ONU han recomendado a México eliminar la figura, lo que, en opinión de la OACNUDH, “demuestra abundantemente el carácter primordial que adquiere, a los ojos de los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, la derogatoria en México del arraigo”. En ese tenor, insta a la Comisión atender las recomendaciones citadas.

El dictamen de mérito tampoco hizo eco de los llamados de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que el 25 de abril envió una carta a la Comisión en la que se destacó que “La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución”, ni de Amnistía Internacional, que exhortó la semana pasada a la Cámara de Diputados “…que se elimine el arraigo y se impulsen buenas prácticas procesales e investigaciones imparciales que se sustenten en pruebas sólidas obtenidas de forma lícita. Solo así podrán prevenirse las violaciones de derechos humanos y asegurar la certeza y credibilidad de las sentencias judiciales, poniendo fin a la impunidad.”

EXCITATIVA AL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Instamos al Pleno de la Cámara de Diputados a atender las propuestas y recomendaciones vertidas en el marco de las discusiones recientes sobre el tema, y voten en consecuencia por: 

1) Eliminar el arraigo a nivel federal y en las entidades federativas; 

2) Desarrollar fórmulas para la investigación y persecución de los delitos que sean congruentes con el propósito de consolidar un sistema penal que armonice la justicia, el Estado democrático de Derecho y la seguridad, conforme a los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y en diálogo permanente con expertos de la academia y las organizaciones de la sociedad civil; 

3) Reparar integralmente el daño a todas las personas en situación de arraigo que hubieran sido absueltas o reconocidas como víctimas por una recomendación del sistema Ombudsman del país o de organismos internacionales.

Confiamos en que en la votación del Pleno, además de verse cumplida la obligación que tiene el Estado de adecuar el marco normativo para prevenir violaciones de derechos humanos, privará el sentido de responsabilidad y justicia entre las y los diputados que tienen en sus manos, estos días, el destino de miles de víctimas de arbitrariedades penales, así como el del sistema de justicia penal mismo, y les reiteramos nuestra disposición de seguir acompañando la discusión para perfeccionar el marco constitucional y procesal hacia una reforma penal íntegra.

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (Centro BarcaDH)
Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte”, A.C.
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Consejo Civico de Instituciones de Nuevo Leon, A.C.
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Iniciativa Ciudadana Oaxaqueña, A.C. (ICO)
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
Ririki – Intervención social, A.C.
Elena Azaola
Guadalupe Barrena Aguilar
Geraldina González de la Vega (Universidad de Heidelberg)
José Luis Caballero (Universidad Iberoamericana)
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Carbonell (Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM)
Miguel Sarre Íguiniz (ITAM)
Paulina Gutiérrez
Silvano Cantú
Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República):

Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

 

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