Campaña nacional contra la tortura

En años recientes las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado como responsables a policías y representantes de procuradurías. Entre 2007 y 2011 las quejas por tortura presentadas ante la CNDH crecieron más de diez veces. Por su parte, crece el número de estudios que incluyen información empírica que confirma la regularidad de conductas probadas o posibles constitutivas de tortura, a manera de prácticas institucionalizadas por parte de la policía. Es el caso de la Primera Encuesta Realizada en los Centros Federales de Readaptación Social, cuyas autoras son Elena Azaola y Catalina Pérez Correa (CIDE, 2012) y el estudio denominado Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra la Policía Federal, a cargo de Antonio López Ugalde (Programa Atalaya, ITAM-Fundar, 2012).

A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.

Insyde ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil y expertos en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para contribuir a erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se denomina Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. El objetivo para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia. En ese año y el siguiente el esfuerzo incluirá la construcción de una amplia coalición de soporte a la campaña que incluirá actores sociales, académicos e institucionales.

La campaña considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley. Además, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.

Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias encaminadas a lograr modificaciones jurídicas y operativas y a desarrollar programas capacitación, todo apoyado en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.

La autoridad de las instituciones del estado se basa en su capacidad de cumplir y hacer cumplir la ley. La tortura a manos de un agente de seguridad vacía esa autoridad y ello coloca a las instituciones incluso en peor condición que quienes perpetran los más graves delitos. Mientras haya tortura, el estado de derecho será meramente aspiracional. Frenar su proceso expansivo y erradicarla es agenda crítica de la reforma del Estado, nada menos.

Sigue a nuestro director ejecutivo

TwitterFacebookEmail