«Campo fértil para el crimen organizado»

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal

La delincuencia organizada es la manera como el derecho nombra a grupos de personas que realizan determinadas conductas con consecuencias penales. El sistema jurídico describe el fenómeno para activar el mecanismo de castigo, pero no explica el sustrato del problema. Nada nos dicen las normas respecto a las causas explicativas de la delincuencia organizada, si bien, al menos en teoría, el sistema jurídico debería construirse tomando en cuenta las explicaciones más profundas respecto a los comportamientos y hechos que pretende regular.

El problema es que cuando sólo abordamos la delincuencia organizada como un fenómeno criminal, la despojamos de toda su complejidad y de esa manera ampliamos el margen de error en las acciones encaminadas a su contención. Y si bien diversas perspectivas teóricas ofrecen interpretaciones culturales, sociales, políticas, económicas e históricas, entre otras, para desentrañar la complejidad implícita en la delincuencia organizada, en el caso de México no hay documento oficial público alguno emitido por el gobierno federal que incluya una plataforma de interpretación multidisciplinaria y moderna en torno a los orígenes, desarrollo, situación actual y prospectiva de la criminalidad organizada.

El discurso presidencial incluye débiles, tímidas y erráticas aproximaciones al análisis de los incentivos que reproducen y empoderan la delincuencia organizada, y que en estricto sentido se deben buscar en todos los planos anteriores: cultural, social, etcétera. Es particularmente clara esta debilidad cuando no aparece una interpretación oficial sólida sobre los vasos comunicantes entre esa delincuencia y los efectos de la crisis económica. Todo esto nos regresa al problema de enfoque que mencioné al inicio; puesto de manera llana, robustecemos y sobreexplotamos el mecanismo que apaga el fuego —el sistema penal— y subvaloramos la construcción de sistemas también robustos encaminados a inhibir las múltiples causas que encienden la flama.

Abunda en la literatura la evidencia de la complejidad implícita en la delincuencia organizada y la consecuente necesidad de crear mecanismos de contención precisamente complejos. La prueba empírica más contundente que yo he atestiguado es el denominado renacimiento de Palermo, Sicilia, operado principalmente en la década de los 90, donde la disminución del poder de la mafia implicó la reducción en 10 veces de los homicidios y fue consecuencia de un abordaje multidisciplinario, que fue traducido en una política pública integral conducida por intervenciones simultáneas desde múltiples agencias oficiales y diversos actores sociales organizados (Bogotá, Cali y Medellín avanzan en formatos similares).

Ahora centraré mi hipótesis de trabajo discutiendo un problema que considero fundamental y que está justamente en el trasfondo del empoderamiento de la delincuencia organizada en México. Nuestro país es campo fértil para la delincuencia organizada, entre otros motivos, debido a un fenómeno que los teóricos denominan la “pluralidad normativa”. El concepto identifica la coexistencia de diversos sistemas normativos, uno formal —las leyes—, otros informales, de manera que la convivencia es regulada hasta cierto punto por dichas leyes, pero también por reglas socialmente construidas y aceptadas, independientemente de que vayan o no en contra del sistema jurídico. Hay leyes, pero además hay otras reglas que operan en todo tipo de sectores sociales. No es un problema localizado, es una expresión cultural masiva de manera que el pacto social que nos organiza permite la construcción de reglas que se negocian en torno a incentivos coyunturales.

La conocida mordida al policía es un buen ejemplo de una regla informal socialmente aceptada, pero el fenómeno sube por ejemplo hasta los grandes contratos públicos y ocupa el tejido social de manera que gobierno y gobernados, en lugar de organizar la censura ante las reglas informales que pueden oponerse a las formales, las reproducen en su beneficio.

Esto quiere decir que el problema es mucho más profundo que una serie de conductas ilegales que muchos califican como corrupción, y es en realidad una impronta cultural que reduce el valor de las leyes e incrementa el valor de otras reglas que el mexicano promedio acepta porque le resuelven problemas y necesidades de todo tipo. El campo es entonces fértil para la delincuencia organizada, porque lo es para la reproducción de sistemas de regulación informal de cualquier tipo. El castigo penal, por mucho que se fortalezca, jamás transformará un tejido social que no censura de manera masiva las reglas informales que contravienen el derecho. El reto es descomunal y las preguntas son mucho más que las respuestas.

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