Celebramos que civiles juzguen a militares violadores de derechos humanos

Una de las cinco sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] ha dictado contra México de 2009 a la fecha corresponde al caso de Rosendo Radilla, donde establece que «frente a violaciones de derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar».

Ahora, en una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] resolvió que «aquellos militares sujetos a proceso por violaciones a los derechos humanos deberán ser juzgados por tribunales civiles» [julio 11, 2011].

Tal decisión, detallada en un comunicado de prensa institucional, implica que «los jueces del Estado mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en beneficio del artículo primero constitucional».

Esta medida había sido exigida por organizaciones civiles, nacionales e internacionales, desde que comenzó la administración del presidente Felipe Calderón, en 2006, siendo asimismo una recomendación directa de Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al mandatario [julio 6, 2011].

Entre las reacciones que ha producido esta decisión se cuentan la de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual a través de su presidente, Manuel Cadena Morales, se pronunció ahora por «sacar al Ejército de las calles» [Excélsior, julio 13, 2011].

También exhortó a los legisladores a «abrir de una vez la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, pues la decisión de la Corte nos da el clima perfecto para crear un marco jurídico vanguardista en materia de derechos humanos».

Por su parte, las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación emitieron un comunicado conjunto donde reconocen la medida dictada por la SCJN como «un criterio orientador hacia el respeto a la legalidad».

La Oficina en Washington para América Latina [WOLA], a su vez, publicó en su Website que «el fallo de la Corte es un paso adelante para asegurar la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país».

Y por parte de las organizaciones civiles, se incluye la reacción de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la cual apunta en un boletín de prensa que «la gratificante decisión de la Corte contribuirá a la construcción de un entorno de paz y de pleno respeto de la dignidad humana en nuestro país».

El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, considera que esta resolución de la Corte constituye uno de los mayores avances en México a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos.

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