«Ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad»

Colaboración especial de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, noviembre 18, 2010

Hoy, jueves 18 de noviembre, se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de decisión en la materia. Es momento propicio para reiterar la siguiente propuesta: regúlese un mecanismo que garantice la presencia y la voz de monitores ciudadanos en el propio Consejo. Los actuales niveles de inseguridad, delincuencia y violencia, motivan un cuestionamiento profundo, tanto a ese órgano, como a los aparatos de seguridad pública y justicia penal en su conjunto. Creado en 1995 y ubicado en el vértice del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo fue ideado para construir los consensos políticos necesarios entre los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales, y con base en ellos adoptar las grandes decisiones de impacto hacia todo el país. Se le pensó como una suerte de “espacio natural” para procesar la construcción de plataformas técnicas comunes, de manera que la colaboración y la coordinación en seguridad pública estuvieran aseguradas. Los desequilibrios entre las instituciones policiales a lo largo del país, mismos que funcionan como justificación del presidente Felipe Calderón para proponer el mando policial unificado, son en sí mismos evidencia de que, a 15 años de sesionar, el Consejo no ha dado los resultados esperados.

Esos tres lustros retratan, al mismo tiempo, una historia de exigencia de rendición de cuentas hacia el sistema, por parte de quienes dedicamos nuestra vida profesional a impulsar mejoras en esta función pública, que es a la vez un derecho fundamental. No ha sido sino hasta el 2010 cuando comenzó a configurarse un esfuerzo en este sentido, coordinado por el secretario ejecutivo del sistema, mediante la creación de mesas de trabajo que están germinando a consecuencia de los diálogos por la seguridad, convocados por el presidente Calderón. Estas mesas, si bien implican un importante potencial como precedente de colaboración entre el sistema y la sociedad civil, corren el riesgo de funcionar de manera efímera porque no están soportadas en un acuerdo del Consejo, mucho menos en un basamento normativo, sino en una estrategia presidencial que, como tal, puede cambiar en cualquier momento.

Subsiste inalterada hasta el día de hoy la pregunta que algunos hacíamos desde la primera sesión del Consejo hace década y media: ¿cómo aseguramos la rendición de cuentas, por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública? El supuesto de esta pregunta es que nadie en su sano juicio podría afirmar que el Consejo ha justificado sus decisiones en un proceso deliberativo público, al tiempo que la inseguridad, la violencia y el delito, se han agudizado a un grado no conocido en el México contemporáneo. Dicho de otra manera, no es posible encontrar una vinculación entre las decisiones del Consejo y los problemas referidos. Aún más simple, no sabemos para qué han servido esas decisiones. El sistema y su instancia superior, el Consejo, no procesan las decisiones a través de filtros de racionalidad impuestos por mecanismos de rendiciones de cuentas; vaya, ni siquiera es posible afirmar que el Consejo mismo en efecto es un órgano deliberativo, dado el hecho de que las sesiones de cara a la sociedad no incluyen el procesamiento de diferencia alguna. El Consejo parece más bien un bloque político multicolor que informa sus decisiones al público, si bien no las justifica.

A la luz de la extrema problemática de inseguridad, violencia y delincuencia, ya nadie debería dudar de la necesidad de modificar a fondo los patrones de respuesta del Estado y de los gobiernos ante estos fenómenos. No conozco propuesta alguna, con o sin mando unificado policial, con o sin presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, que apunte a la disolución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todo caso, no olvidemos que el mismo nace como una respuesta federalista para una República Federal. Haga lo que haga el gobierno federal, las administraciones estatales y las municipales, si el sistema no funciona, las plataformas de política pública, legales, institucionales, estratégicas y operativas, no serán compartidas, condenándonos así a seguir profundizando la debilidad política, institucional y social frente a la inseguridad, la violencia y el delito. Es necesario y urgente modificar los patrones de conducta del sistema; en tal sentido, es necesario y urgente impactar en el Consejo mediante una reforma legal que garantice el monitoreo y la voz ciudadana en torno a las decisiones y acciones de este órgano superior. La propuesta está en la mesa.

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