«Condenados en pantalla»

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, marzo 6, 2011

Cierto canal de televisión presentó a una mujer señalando a su marido como autor del homicidio de la hija de ambos. La mujer tiene problemas con sus facultades mentales y en juicio ya había señalado a otra persona como responsable del mismo homicidio. La televisora aduce que se trata de “una exclusiva periodística que a cualquier medio le hubiera gustado difundir”. El hecho ha desatado el escándalo. Para uno de los más importantes estudiosos de la ética, en cambio, el actuar de la televisora no es un ejercicio de periodismo sino un acto sinvergüenza. El representante de una comisión de quejas y deontología del periodismo declaró que la televisión se parece al viejo oeste de EU: “el primero que saca la pistola y dispara se adueña de la audiencia”. Dijo además que “una de las primeras exigencias del manual del periodista es el respeto a la verdad y que una información no es veraz si no está contrastada con las fuentes. En este caso, la fuente de información no es la mujer que apareció en el programa sino el proceso judicial, que quedó visto para sentencia el pasado viernes. La televisión está sustituyendo a los jueces y eso es muy grave”.

¿Y qué dicen los jueces? El portavoz de una asociación de jueces declaró que “cualquier sistema judicial democrático presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe la culpa en un juicio justo, con defensa, publicidad, testigos, pruebas de cargo, hechos constatados. Eso no se hace en un plató de televisión. Eso lo hacen las instituciones del Estado. Que los medios traten de influir en los jueces es tema viejo. No nos dejamos influir. No le damos ninguna importancia. Forma parte del espectáculo televisivo”. Todo esto sucedió en España y toda la historia fue publicada el 5 de marzo en el periódico El País.

¿Y acá en México qué pasa cuando alguien declara que es culpable de un delito ante las cámaras? ¿Se arma el escándalo? No. ¿Reaccionan los estudiosos de la ética? No. ¿Se critica el hecho desde alguna entidad dedicada a promover los estándares profesionales del periodismo? No. ¿Nuestros jueces señalan que no es más que espectáculo televisivo? No, nada de eso. Las autoinculpaciones ante las cámaras y al margen de toda regla del debido proceso se dan un día sí y el otro también y, lejos de ser cuestionadas, aparecen en las espacios estelares de los noticieros, no una, sino decenas de veces. De hecho, eso que el juez español dice que no le dan ninguna importancia, es la práctica ordinaria de nuestras procuradurías y particularmente de la Policía Federal. La férrea inmadurez de nuestro Estado democrático de derecho no sólo alinea a fiscales, policías y televisoras en el show violatorio del principio de presunción de inocencia, sino además a conspicuos líderes oficiales o independientes que se ponen al frente de una sociedad que quiere ver esa imagen, una y otra vez, recordándonos así las formas medievales de construcción de culpables, donde a nadie se le ocurría la posibilidad de que la persona en la hoguera podía ser inocente y debía tener derecho a la defensa.

España desde luego no ha resuelto este debate en torno al rol de los medios ante los límites que a ellos, como a todos, les imponen las garantías constitucionales que están en la base del Estado democrático de derecho; tal vez no lo ha resuelto país alguno, pero, hay lugares donde los excesos mediáticos se discuten y los hay donde no. Las prácticas de las televisoras en México no están a debate, como sí lo están las de las instituciones de seguridad pública y justicia penal. Falta entonces una parte de la ecuación en la discusión propia de una democracia. Es cierto, las procuradurías y la Policía Federal violan el principio de presunción de inocencia al poner ante el público a personas cuya responsabilidad penal no ha sido demostrada en juicio y lo más grave es que quizá influyen en la decisión judicial; pero el espectáculo es sólo posible porque la caja de resonancia, la televisión, está lista y ávida para construir culpables. En España, en el contexto de la historia contada al inicio de este texto, algunos se lamentan porque los políticos tienen bloqueado el funcionamiento de un órgano regulador de contenidos audiovisuales que ya está en la ley. Acá nos lamentamos porque los medios periodísticos hacen lo necesario para que los políticos ni siquiera imaginen un órgano tal. Hasta nuevo aviso, seguirán los condenados en pantalla.