Demagógico, desprestigiar desde el gobierno federal la reforma penal

México, Distrito Federal, a 27 de abril de 2010

Simple demagogia,
desprestigiar desde el gobierno federal la reforma penal

  • Pronunciamiento de Insyde sobre controversial declaración de Gómez Mont en foro de la Corte
  • No sólo es Chihuahua, el “desgobierno” en México es generalizado
  • Gobierno, academia y sociedad civil deben mejorar la instrumentación de la reforma del sistema penal

Durante su participación en el “Primer Foro Sobre la Nueva Justicia Penal: el qué, quién y cómo en las etapas procesales”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de abril pasado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo eco de los ataques de algunos sectores de la sociedad contra el nuevo sistema de justicia penal, al criticar el implantado en Chihuahua a partir de 2007.

Desde su punto de vista, “la concepción del sistema penal en Chihuahua es uno de los factores causales del desgobierno que se vive sobre todo en Ciudad Juárez”. Para él, según citan las fuentes periodísticas, “es un esquema de justicia que no está dando contención… a los violentos para que puedan ser asegurados, y no se multiplique la violencia en la sociedad”.

En el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, nos preocupa el vínculo falaz que endosa la multiplicación de la violencia ─en particular la que se atribuye al crimen organizado─ a las fallas del nuevo sistema de justicia penal, sin considerar el contexto. La violencia que vive el país, y en especial Chihuahua, no puede ni debe ser considerada resultado de dicho sistema. El “desgobierno” del que habla Gómez Mont es generalizado en estados con o sin reforma, así como en los ámbitos de competencia municipal, estatal y federal. Este tipo de afirmaciones sin políticas de gobierno que las respalden es simple demagogia.

Como parte de la sociedad civil involucrada en los cambios recientes en materia de justicia y seguridad no podemos dejar de pronunciarnos. Estudios confiables de importantes instituciones académicas han evidenciado que la población no confía en absoluto en el sistema actual de justicia penal. No debe sorprendernos entonces que alrededor del 85% de los delitos cometidos no sean denunciados o que de los denunciados sólo el 1% sean procesados.

Por muchos años México se ha distinguido por un sistema de justicia altamente ineficaz contra el crimen y abusivo contra los derechos de víctimas e imputados ─sin considerar el lamentable estado de las corporaciones policíacas, que contribuye con  dichas fallas.

Nada de lo anterior es novedoso para quienes a diario leen o ven las noticias; menos aún para los responsables de las políticas de seguridad pública y justicia, y para aquellos que sufren en carne propia las atrocidades del sistema tradicional. La encuesta a población penitenciaria en el Distrito Federal y el Estado de México realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas demuestra que, por ejemplo, el 92% de las personas son juzgadas sin la presencia de un juez y el 80% de los detenidos nunca habló con el juez a cargo de su caso.

La necesidad de cambio, y el compromiso serio y absoluto de las autoridades es urgente. Nuestra experiencia trabajando con funcionarios públicos en todos los niveles, conduciendo estudios empíricos, participando en grupos de enfoque y desarrollando programas piloto nos permite afirmar que la reforma de los procedimientos penales no sólo es apremiante, sino que no basta: más allá de normas que establezcan cómo debe juzgarse en los tribunales, son imprescindibles las reformas policial y de procuración de justicia para generar mejor capacidad de investigación; el fortalecimiento de la función jurisdiccional; el empoderamiento de las defensorías públicas; alternativas a la prisión para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento, y una efectiva reinserción social que evite que las cárceles sean consideradas “escuelas del crimen”, como lo reconoció el propio secretario de Gobernación.

También es indispensable el firme combate a la corrupción, a través de un apropiado régimen de rendición de cuentas y transparencia en todas y cada una de las instituciones mencionadas.

Para aquellos que estamos preocupados por el futuro de reformas pioneras como la de Chihuahua y otros estados, el ámbito más importante de observar es el de la detención previa a juicio ─que incluye tanto el arraigo como la prisión preventiva─. América Latina y Estados Unidos lideran las estadísticas en materia del sobreuso y abuso de la prisión sin condena a nivel mundial.

En México esta práctica ha sido institucionalizada por los legisladores, que pisotean los derechos fundamentales al prohibir a los jueces siquiera la posibilidad de considerar la liberación de personas sujetas a juicio que podrían contar con lazos familiares y laborales dentro de la comunidad y, en consecuencia, no significar un riesgo de fuga, para la víctima o la sociedad. Por años esta política ha alentado a las procuradurías a detener primero y luego investigar, privando de incentivos a los funcionarios encargados de perseguir el delito para desarrollar mejores esquemas de investigación.

La desafortunada declaración del secretario de Gobernación se suma al estado de incertidumbre e inseguridad que vivimos. Es reprochable y preocupante que una alta autoridad federal se pronuncie en ese tenor acerca del nuevo sistema cuando la reforma constitucional en la materia está en proceso de instrumentación en los estados. Más allá de las dificultades enfrentadas, la intención de instaurar un sistema de justicia penal basado en los estándares internacionales de derechos humanos debe ser aplaudida y no denostada. Necesitamos que las autoridades confíen en sus propias reformas y no atribuyan ─de manera simplista─ las fallas de la lucha contra la inseguridad a un sistema de justicia penal en ciernes. Requerimos que las autoridades trabajen coordinadamente en todos los niveles de gobierno para hacer frente a décadas de violencia acumulada.

Insyde hace un llamado a las autoridades estatales y federales, a la academia y a la sociedad civil para que, en beneficio de todos, trabajemos por la mejor instrumentación del nuevo sistema reconocido por nuestra Constitución.

Descargue el comunicado en PDF

Contacto:

Ana Aguilar

Proyecto Presunción de Inocencia en México

Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

Tel. 91185305 ext. 120 [Ciudad de México]

e-mail: ana_aguilar@insyde.org.mx

 

Consulta: www.insyde.org.mx

TwitterFacebookEmail
loading