Desequilibrio presupuestal entorpece justicia en México

Si usted busca que el Estado le provea justicia, tal como lo establece el Artículo 17 de la Constitución, requiere el dinero suficiente para litigar en diversas instancias hasta llegar a la federal; de lo contrario, «se quedará atrapado en la débil y muchas veces corrupta jurisdicción local», lo que significa que en México «para unos cuantos la justicia es cara y lenta», pero «para la mayoría es simplemente inaccesible».

Esto concluyen Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra en el estudio «La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales» [octubre 2, 2011], publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en su serie El uso y abuso de los recursos públicos.

Los autores sostienen que mientras en países como Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos los gobiernos invierten entre 983 y mil 826 pesos por habitante para garantizar el acceso a la justicia, en México apenas se destinan 471 pesos.

También precisan que aumentar este presupuesto no necesariamente garantiza «tener una justicia accesible y de razonable calidad», pues el problema central es la inequidad en la distribución de dicho presupuesto entre tribunales locales y federales: mientras el país destina el 0.26% del PIB a la impartición de justicia a nivel federal, en el ámbito local apenas gasta el 0.14%.

Esto es así, explican los autores, porque el sistema de justicia penal mexicano está diseñado para «compensar los vicios de las jurisdicciones locales dando injerencia a los tribunales federales».

Una de las propuestas más interesantes de este estudio es «hacer que la jurisdicción federal se convierta en primera instancia en casos que hoy inician en un juzgado local», en virtud de que los tribunales federales «han afianzado niveles razonables de profesionalismo e independencia».

Consulta «La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales»