Dignidad para personas migrantes y solicitantes de asilo en México

[Mayo 28, 2013, México, DF] A partir de la experiencia de la International Detention Coalition IDC en la identificación y diseño de modelos alternativos a la detención, durante el 2012 la Oficina Regional del IDC para las Américas se dio a la tarea de analizar la práctica y normativa migratoria en México, logrando identificar ventanas de oportunidad para el desarrollo e implementación de alternativas a la detención.

Del estudio realizado se observa que la detención por motivos migratorios se reforzó en la década pasada, convirtiéndose en la regla de actuación ante la migración irregular. Al tenerse como objetivo la gestión expedita de los flujos migratorios fundamentalmente en tránsito, la privación de la libertad se practica sin ninguna valoración que justifique plenamente su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Ello ha dado lugar a que miles de personas migrantes y solicitantes de asilo sean objeto de detenciones arbitrarias, así como a diversos agravios y violaciones de derechos humanos durante su estancia en estaciones migratorias.

El actual marco jurídico migratorio ofrece a la sociedad civil y gobierno mexicanos la oportunidad de avanzar en el desarrollo e implementación de alternativas a la detención migratoria, en particular para grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, solicitantes de asilo, víctimas de trata y otros delitos. La Ley de Migración (LM) y su Reglamento (RLM) intentan distinguir y responder a estas realidades migratorias diferenciadas y en ello reconocen que la detención es contraria a la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, e incluso innecesaria en una gran variedad de situaciones. Este primer paso hace posible el desarrollo de programas, prácticas, medidas y mecanismos que hagan efectiva la aplicación de alternativas a la detención.

Aunque aún existen retos importantes en la política y práctica migratorias de México, las instituciones gubernamentales y organizaciones civiles cuentan con la experiencia suficiente para eliminar los obstáculos que presenta la implementación efectiva de las alternativas a la detención, así como para generar capacidades suficientes de recepción y colocación de las personas en el entorno social.

 

 

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