El auditor policial, en manos del Senado

¡Buenas noticias! El 27 de marzo de 2012 fue signado el acuerdo que fortalece los poderes de supervisión externa sobre la policía de la ciudad; los firmantes fueron el jefe de la propia policía, el titular del Poder Ejecutivo y el responsable de la oficina de supervisión. El suceso sigue a un periodo de resistencia policial a castigar la corrupción interna y a permitir un mayor escrutinio sobre sus prácticas de vigilancia, detención, sistemas de información criminal y uso de la fuerza en control de multitudes.

La principal novedad es que se concluye con la práctica de dejar en manos de los mismos empleados de la policía la decisión de perseguir o no las más graves conductas desviadas de los miembros de la institución, pasando esa decisión a la oficina de supervisión. Ya no será el mecanismo administrativo interno el que decidirá por sí solo si procede o no llevar a juicio a un policía. Se crea un procedimiento que obliga al jefe de la policía a argumentar por escrito ante la junta de supervisión externa cuando opine que no ha lugar al procesamiento del policía al que se pretende llevar a juicio. Si bien esta institución policial merece la confianza mayoritaria en lo general, no sucede así en cuanto a la manera como ella maneja los casos de policías que violan la confianza pública cuando usan la fuerza con exceso, abusan de su autoridad o son descorteses y usan lenguaje ofensivo. Ahora, la Policía de Nueva York estará sujeta a nuevos mecanismos de vigilancia por parte de la Oficina Civil de Revisión de las Quejas (Independent Agency Gets New Powers to Prosecute New York Police Officers, http://t.co/eaWym2IC).

Se reportan más de 200 casos de mecanismos especializados de supervisión externa en Estados Unidos con poderes de autoridad para revisar el diseño orgánico, los estándares de desempeño, los procesos disciplinarios y en general el comportamiento y resultados de la policía. En México, en cambio, no existe uno solo y desde el 9 de agosto pasado está en manos del Senado de la República darle vida al primero en la forma del auditor especial de las policías federales. El periodo de sesiones concluye el 30 de abril. Los senadores tienen la oportunidad histórica de legar a México el primer supervisor civil con poderes de autoridad para revisar conductas y resultados de la Policía Federal y de la Policía Federal Ministerial. Puedo entender, aunque desde luego no compartir, que nuestras policías federales se resistieran a la creación de esta figura; sale en cambio de mi comprensión cualquier impulso en tal sentido por parte de algún legislador. Al Senado de la República le toca en este momento dar el ejemplo de liderazgo, innovación, valentía y compromiso democrático que tanta falta hace para empujar la profesionalización y modernización sostenibles de las policías federales y todas las demás. La creación de diversos tipos de figuras dentro la familia de supervisores civiles de la policía, es ya recomendación regular en los procesos de intervención por parte del gobierno federal sobre las instituciones policiales locales débiles en Estados Unidos, como la de Nueva Orleáns. Europa tiene esta figura; destaca el ombudsman del policía de Irlanda del Norte. Brasil tiene su “ouvidor da policía”. El 25 de enero pasado lo escribí en este mismo espacio, la Organización de las Naciones Unidas publicó en 2011 el manual denominado “Handbook on police accountability, oversight and integrity”, UNODC, donde se califica como “crucial” la creación de entidades independientes de supervisión.

Jamás una institución policial federal en México ha abierto las puertas a procesos de evaluación desde entidades externas, independientes u oficiales, que midan la calidad de su diseño, procesos y sistemas. Los resultados están a la vista. Entrado el Siglo 21 no hay siquiera claridad en cuanto al empleo de protocolos de uso de la fuerza en el ámbito federal, aspecto considerado como mínimo indispensable para la operación policial en un Estado constitucional de derechos. El Senado tiene una cita con la historia.

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