El Consejo de la CDHDF se pronuncia contra la pena de muerte en México

Boletín de prensa

 

Exigimos justicia, no venganza

No al restablecimiento de la pena de muerte

 

El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal[1], su Presidente, así como las instituciones y personas abajo firmantes, manifestamos a la sociedad mexicana y al Congreso de la Unión nuestra enérgica oposición al reestablecimiento de la pena de muerte en México.

  1. El Estado mexicano está comprometido a respetar el derecho a la vida.[2]Así lo establece su Constitución, y una serie de instrumentos internacionales que ha ratificado y que son de cumplimiento obligatorio.[3]
  2. No se debe restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido. Así lo establece en su artículo 4° la Convención Americana sobre Derechos Humanos, igualmente ratificada por México, país que abolió la pena de muerte en el año 2005.[4] En el derecho internacional de los derechos humanos, las medidas regresivas se encuentran prohibidas.[5]
  3. La comunidad internacional ha forjado el consenso de que la pena de muerte es inadmisible incluso para los delitos graves.Así lo establece el Estatuto de Roma, también ratificado por México, no prevé la aplicación de la pena de muerte ni siquiera tratándose de los delitos más graves para la humanidad en su conjunto: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (artículo 77). 
  4. El Estado no debe mimetizarse con las conductas criminales. Una de sus principales funciones es evitar que la venganza sea la vía para la impartición de justicia. Las instituciones del Estado no deben ser una réplica invertida de las personas que delinquen en contra de la vida.
  5. Legalizar la pena de muerte no produce efectos disuasorios contra la delincuencia. Datos duros de países que aplican la pena de muerte demuestran que resulta contradictorio afirmar que dicha sanción es efectiva para reducir la criminalidad. No hay una correlación directa entre la aplicación de dicha pena y la disminución del crimen, porque la delincuencia es un problema estructural que guarda relación, entre otros factores, con la efectividad de la procuración de justicia.
  6. La pena de muerte puede ser discriminatoria e ineficazEn muchos países, en razón de las desigualdades socioeconómicas -y de todo tipo- y de los problemas del sistema de justicia, a menudo se aplica de forma desproporcionada contra personas pobres, desfavorecidas, excluidas y contra ciudadanos y ciudadanas a quienes gobiernos represivos quieren eliminar. Además puede ser ineficaz y no fiable porque se han registrado casos de personas que fueron condenadas y después de su ejecución aparecieron pruebas que demostraron su inocencia.  
  7. La impunidad y corrupción en el sistema de justicia eliminan las garantías para el debido proceso legal.  Considerando el altísimo índice de impunidad y las graves deficiencias en la procuración y administración de la justicia que existen en nuestro país, al aplicar esta sanción en México se abriría la posibilidad de ejecutar a personas sin la observancia de las garantías del debido proceso legal, potenciando así la corrupción en el aparato de administración de justicia.
  8. La propuesta de pena de muerte es una salida falsa ante la ineficacia del sistema de justicia.  Una vez que la persona que comete un delito está bajo el resguardo del Estado, no debería poder continuar  con conductas delictivas. En ese sentido la pena de muerte se plantea como una salida ante la ineficacia del sistema de seguridad pública, de administración y procuración de justicia y del sistema penitenciario para lograr la readaptación social. Sin corregir todo esto, aquella no consigue el objetivo de garantizar seguridad a la ciudadanía.
  9. Los Estados deben garantizar el uso racional de la fuerza. El Estado Mexicano tienen la obligación de garantizar la protección de la seguridad de las personas y uno de los medios para hacerlo es el uso legal y legítimo de la fuerza. En un Estado democrático de derecho, los órganos del poder público deben encontrar una de sus fuentes de legitimidad en el uso racional de la fuerza sólo como un medio para alcanzar el fin último de la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas sujetas a su jurisdicción.

Ciudad de México, junio 5, 2009

 

Atentamente:

Por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

 

Presidente: Emilio Álvarez Icaza Longoria

El Consejo de la CDHDF: Elena Azaola Garrido, Daniel Cazés Menache, Santiago Corcuera Cabezut, Denise Dresser Guerra, Patricia Galeana Herrera, Ángeles González Gamio, Clara Jusidman Rapoport, Ernesto López Portillo Vargas, Carlos Ríos Espinosa, José WoldenbergKarakowsky.

Instituciones, organizaciones y personas adherentes

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – Academia Mexicana de Derechos Humanos – AFADEM – AFLUENTES, S.C. – Alianza Cívica, A.C. – Alternativas y Capacidades, A.C. – Ambulante – Amnistía Internacional México Grupo 30 Contra la Pena de Muerte – Articulo 19 – Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. -Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C. – CADHAC, A.C. – Canana Films – CASA,  Promoción Juvenil, A.C. – Cátedra UNESCO de Derechos Humanos UNAM – Católicas por el Derecho a Decidir A.C. – Cauce Ciudadano A.C. – Centro Antonio Montesinos A.C. -Centro de Derechos Humanos Ajusco – Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco   -Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios de la Diócesis de Saltillo – Centro de Derechos Humanos Fray  Francisco de Victoria O.P. A.C. – Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. – Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. -Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. – Centro de Investigación y Formación Social, A.C. – Centro de Investigación y Promoción Social, A.C. – Centro de Justicia para la Paz y del Desarrollo A.C. – Centro Infantil Pimpa Pipiltzin – Centro Nacional de Comunicación Social A.C. – Colectivo Alas – Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. – Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. – Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. – Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. – Comité 25 de Noviembre de Oaxaca – Comité Cerezo México – Comité Familias y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero – Consejo Consultivo de las  Organizaciones de la Sociedad Civil  del D.F. – Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C. - Coordinación de Sociología de la FCPyS – Coordinadora Popular de Madres Educadoras – DECA Equipo Pueblo, A.C. – Decidir, Coalición de Jóvenes por la Ciudadanía Sexual – DYMME – Educación  y Ciudadanía,  A. C. – El Caracol, A.C. – Elige, Red de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos – Equipo Nacional de Pastoral Laboral – Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC – Fundación Coztli,  A.C. – FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C. – Genocidio Nunca Más – Grupo de Información en Reproducción Elegida,  A.C. – H.I.J.O.S. México – Hacia una Cultura Democrática A.C. – Incide Social A.C. – Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario,  A.C. – Memoria y Tolerancia, A. C. – Misión por la Fraternidad – Observatorio Eclesial – Parroquia de San Judas Tadeo – Presencia Ciudadana Mexicana, A.C. – Programa de Derechos Humanos Universidad Autónoma de la Ciudad de México – Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México – Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM – Propuesta Cívica A.C. – Red de Mujeres Periodistas de Durango – Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos REDLAC/México – Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez – Red por la Participación Ciudadana A.C. - Red por los Derechos de la Infancia en Mexico A.C. – Reinas Chulas – Salud y Bienestar Comunitario de Ciudad Juárez -  Secretaria Nacional de Comunidades Eclesiales de Base-CEBS – Secretariado Social Mexicano, A.C. – Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. – Servicios a la Juventud,  A.C. – Servicios para una Educación Alternativa, A.C. EDUCA -  Sociedad en Movimiento – Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. – Universidad del Claustro de Sor Juana – Universidad Panamericana.

Adriana Berrueco García, Alberto Núñez Esteva, Alberto Rosas Velásquez, Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro Labrador Sánchez, Ana Francis Mor, Arturo Pichardo Egea, Carmen Beatriz López Portillo, Cecilia Sotres, Cristina Auerbach, Daniel Rodríguez Gutiérrez, Darío Ramírez, Denise González Nuñez, Diego Luna, Elena Fortes, Enrique González Ruiz, Felipe Vázquez Arana, Fray Raúl Vera López, Francesca Tronco, Francisca Jiménez Barrientos, Francisco Tortolero Cervantes, Gael García Bernal, Gerardo Sauri Suárez, Gloria Ramírez, Hector Fix Fierro, Hugo HerreraAlmaraz, Irma Rosa Martínez, Isabel Vericat, Jacobo Dayán, John Ackerman, José B. Masini Aguilera, José Bautista Farías, José Luis CaballeroOchoa, Juan Antonio Cruz Parcero, Julia Flores Dávila, Karen Castillo Mayagoitia, Katia D’Artigues Beauregard, Lucía Melgar, Luis Pazos Reyes, Luis Raúl Gallegos Rubi, Ma. Eugenia Hernández Ruiz, Manuel Gómez Granados, Marcelo Domínguez, María de Lourdes Morales, Maria Elena Gaspar, Mariana Lojo Solórzano, Marisol Gacé, Miguel Ángel Lugo, Mónica González Contró, Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Nora Huerta, Pedro Ángel Palou, Pedro Salazar Ugarte, Rodrigo Gutiérrez, Rogelio Gómez Hermosillo, Rubén García Clark, Sandra Lorenzano, Sara HernándezRamírez, Sergio Aguayo Quezada, Shule Erenberg, Silvia Alonso Félix, Stella Maris Figueroa, Vanessa González Deister, Vicente Fenoll Algorta.


[1]En sesión ordinaria de fecha 21 de mayo de 2009, las y los integrantes de este cuerpo colegiado y su Presidente, conforme al ejercicio de sus atribuciones, adoptaron la determinación de expresar a la sociedad en general, la postura de esta Comisión respecto de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Partido Verde Ecologista de México el pasado 10 de marzo, y que contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de la imposición de sanciones que van de la prisión vitalicia a la pena de muerte en los casos de delitos de terrorismo, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado.

[2] El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida.

[3] Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

[4] Se reformó el artículo 22 la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2005), para quedar de la siguiente manera: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. En la exposición de motivos de dicha reforma se señaló que “por congruencia y coherencia con el estado de Derecho y el respeto de las garantías de seguridad jurídica de la sociedad mexicana, debe darse una necesaria correspondencia de la suscripción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de abolición de la pena de muerte, con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que prescribe que los tratados internacionales que se celebren por el Presidente de la República, y que estén de acuerdo con la Constitución y con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que debe suprimirse la aplicación de la pena de muerte en la Constitución.” (Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1610-II, jueves 21 de octubre de 2004).

[5] En nuestro país la pena de muerte no puede reestablecerse ni siquiera si el Estado mexicano dejara de formar parte de los tratados internacionales de los que hoy día es parte, dado que los principios de progresividad y no regresividad constituyen una norma de derecho internacional consuetudinario que todos los países deben cumplir.