El mejor control interno es el externo

La frase es impecable y sintetiza tal vez como ninguna otra uno de los más importantes hallazgos de la historia en torno a la policía en democracia: las instituciones policiales no protegen adecuadamente a los ciudadanos si se les deja a su propia suerte; la policía pierde el rumbo si se le deja autogobernarse. Quien expresó la frase fue el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el pasado 21 de julio en Bucareli, ante líderes de la sociedad civil y la academia. Se trató de la reacción del funcionario ante mi explicación sobre la expansión en el mundo del modelo de supervisión externa de la policía, mismo que inspiró la propuesta que ya está en el Senado encaminada a crear el auditor de las policías federales en México. Son seis semanas desde esa fecha en la que el secretario remató afirmando que aceptaba apoyar la creación de tal figura y, sin embargo, no hay aún noticias de que dicho apoyo se vaya a llevar a la práctica.

El pasado lunes 5 de agosto Insyde organizó uno más de los seminarios que viene coordinando en varias entidades del país, en el marco de la Campaña Nacional contra la Tortura Policial. El encuentro fue convocado para debatir en torno a la ley modelo contra la tortura, misma que se está llevando a los poderes legislativos locales para su discusión y aprobación. En el seminario, abogados de diversas instituciones de educación superior y activistas a favor de los derechos humanos construyeron un conjunto de recomendaciones para la mejora del preproyecto de ley; empero, una y otra vez varias de las reflexiones topaban con un mismo dilema: sea cual sea la ley aprobada y aun con los mejores reglamentos y protocolos acompañándola, una denuncia de tortura en contra de un representante de la policía puede ser investigada por la propia institución policial a la cual pertenece el presunto responsable de haber torturado, o en su defecto por fiscales cuya relación con la policía suele trazar un vinculo de complicidad que asegura la impunidad. Los asistentes al conversatorio narraron uno y otro caso de impunidad asociado precisamente a la decisión de las procuradurías y las instituciones policiales de no investigar y menos incriminar a “uno de los suyos”. Una experta extranjera que ha litigado contra la tortura en Europa Oriental comentó que por allá el problema es exactamente el mismo y relató sobre la extrema dificultad de ganar un caso precisamente porque el aparato burocrático que permite o incluso alienta la tortura es el mismo que la debe investigar.

En realidad el problema es sistémico y desde luego va más allá de la tortura; la policía en buena parte del mundo, sin duda en México, en general administra “en lo oscurito” sus excesos y sus conflictos. La policía mantiene el monopolio de facto de la información respecto a buena parte de sus problemas, sin duda los más graves. Esto no es la novedad. La novedad es que México ha visto colapsarse al aparato policial de cara a la persistente crisis de violencia e inseguridad y ni así llegan las decisiones de mejora estructural, me refiero a los cambios necesarios para modificar no lo que la policía debe hacer, sino lo que realmente hace. No han llegado, pues, los cambios en las reglas del juego de la policía en México.

Tiene razón Osorio Chong, en la policía “el mejor control interno es el control externo”. Por eso se siguen reproduciendo las entidades públicas especializadas externas a la policía con poderes para supervisarla, evaluarla e incluso investigarla. Justo en la mesa sobre tortura la investigadora visitante relató la creación en agosto del 2010 de la Comisión Independiente de Investigaciones en Jamaica (Indecom), órgano dependiente del Parlamento y con poderes para investigar acciones de la policía que derivan en lesiones, homicidios y abuso de derechos. Contacté a un equipo que está comenzando a evaluar a Indecom y han encontrado, por ejemplo, que los ciudadanos testigos de balaceras de la policía lo reportan más a esta entidad. No hay receta. Cada país debe crear su modelo de control externo de la policía. El compromiso del secretario de Gobernación está en la mesa.

 

 

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