El Poder Judicial debe ejercer un control efectivo de las Fuerzas Armadas

  • La atinada decisión de la Corte al limitar el fuero militar produce un recurso básico de contención de la arbitrariedad institucional.

  • Ahora se confirma que las decisiones judiciales civiles son el mecanismo más importante de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas en México se han caracterizado históricamente por su falta de transparencia y una extremadamente débil noción institucional de rendición de cuentas de cara a los ciudadanos.

Durante los últimos ocho años, nuestro Instituto ha promovido de manera consistente, primero, que las políticas de seguridad ciudadana sean soportadas por liderazgos civiles directamente responsables ante los gobernados; además, que cuenten con los atributos de integralidad, transversalidad, territorialidad y funcionalidad, lo que supone a su vez, que las instituciones policiales se adhieran a tales modelos con vocación democrática, operando bajo estándares operativos claros y precisos, y con ambiciosas plataformas de transparencia que abran paso al escrutinio de la comunidad. En democracia, la policía y la sociedad trabajan de la mano, no hay otra opción.

Insyde ha sostenido también que toda institución pública sin mecanismos de supervisión —y en especial las de la seguridad— tiende naturalmente a desvirtuar sus funciones, sucumbir a la corrupción, dejar a sus miembros expuestos a los poderes fácticos y abusar de la autoridad que le confiere la ley, afectando la convivencia y la legalidad, y quebrantando los derechos fundamentales.

En 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa radicalizó el proceso de militarización de la seguridad pública como eje punitivo de la política de Estado contra las organizaciones criminales que trafican con drogas ilegales.

Si bien desde los años noventa algunas reformas constitucionales y decisiones judiciales abrieron espacio a la incorporación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, susbsisten pendientes normativos y problemas severos de control de gestión y operación, que provocan que aquellas no cuenten con el soporte idóneo para combatir el delito, aparte de carecer de la visión, vocación y estándares que les permitan actuar con profesionalismo, apego a la ley y respeto a los derechos –particularmente de personas imputadas y víctimas del delito.

Amnistía Internacional ha dicho que «Cada vez son más los informes de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, perpetradas por miembros del ejército mexicano».

Además, en el mismo informe dicha organización global muestra que hasta ahora la Secretaría de la Defensa Nacional se había abrogado el derecho de juzgar a los miembros del Ejército acusados de violar derechos humanos de civiles, a través de un sistema de justicia militar que no es independiente ni imparcial.

El martes [julio 12, 2011], en una decisión histórica acerca de los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el fuero militar, resolviendo que los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violar derechos humanos de civiles deberán ser procesados exclusivamente por tribunales civiles.

La reacción de la sociedad organizada pro derechos ha sido unánime y puede resumirse en esta conclusión de la Washington Office on Latin America: «La decisión de la Corte pone fin al debate que se ha sostenido durante años en México sobre el uso del fuero militar para juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles por miembros del Ejército y es un paso adelante para asegurar la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país».

Insyde se congratula por tan atinada y oportuna decisión de la Corte, destacando su relevancia no sólo porque, en efecto, constituye un mecanismo fundamental de contención frente a la arbitrariedad institucional, sino debido a que resulta también del trabajo persistente de un movimiento ciudadano por la legalidad y la no violencia en México cada vez mejor articulado y vigoroso.

Ahora se impone la necesidad de contar con una función judicial totalmente renovada que utilice el control difuso de la Constitución ordenado por la Corte como mecanismo efectivo de control de las acciones de las Fuerzas Armadas. Es indispensable también un reconocimiento pleno por parte de éstas a las decisiones del máximo tribunal, no sólo en el discurso, sino en las estrategias de operación misma y en la correspondiente rendición de cuentas.

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