El Presidente y su alternativa

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, abril 13, 2010

De continuar la misma estrategia presidencial en materia de lucha contra la delincuencia organizada, en el 2012 Calderón entregará el más grande fracaso que alguien pueda imaginar. El Presidente sigue una ruta con la convicción de alguien que sólo ve una alternativa, la suya. Durante los últimos quince años se consolidó en México la masa crítica democrática en materia de seguridad pública y justicia penal. Los expertos de ambas áreas tienen la claridad de que la estrategia presidencial no va por buen camino, llevan sus opiniones y estudios al debate y son desoídos por la Administración Pública Federal. La gestión presidencial de la inseguridad, la delincuencia y la violencia va en paralelo frente al desarrollo del conocimiento independiente.

Calderón es al mismo tiempo depositario y promotor de un paradigma inspirado en el hemisferio coercitivo del Estado. El desafío violento planteado por la criminalidad organizada obstruyó la capacidad presidencial para adoptar una perspectiva tal, que permita mirar todos los ángulos del problema. Las palabras y los gestos de Calderón revelan la manera como el Presidente se violenta ante la violencia. De ahí las bravatas que arropan y reproducen una sola interpretación del problema. No por otra cosa, el secretario Gómez Mont expresa sin timidez que no hay alternativas, afirmación sólo posible en el foro político, nunca en la esfera nacional e internacional de discusión especializada, donde las opciones fluyen con la evidencia empírica que las respalda.

El gabinete federal de la seguridad plantea su estrategia y la rebota consigo mismo. Perdemos la cuenta de los foros a donde asisten autoridades federales y actores independientes pero, en los hechos, la estrategia está decidida y, más allá de que los resultados sean o no los esperados, las discusiones se llevan adentro. En otros términos, Calderón no llevó, no lleva y todo indica que no llevará su estrategia al debate con quienes han estudiado estos temas por décadas, desde posiciones independientes.

El gabinete federal de la seguridad diseña e implementa una estrategia que no pasa por contrapesos reales, oficiales o independientes. La unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informa en su análisis de la Cuenta Pública de 2008 que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal «no hay un referente que explique la estrategia de la lucha actual —contra el narcotráfico— ni que permita medir el grado de avance de la misma» (La Jornada, p. 6, domingo 11 de abril). Este monumental «detalle» ha sido puesto en la opinión pública por líderes de opinión, todos exigiendo al Presidente indicadores para medir los resultados. Por su parte, el sector independiente especializado ha venido acumulando la evidencia empírica suficiente para mirar un saldo negativo, acompañado de una exigencia de rendición de cuentas que justifique las decisiones, los recursos y los resultados.

En el plano subjetivo, el costo del soliloquio presidencial es descomunal. El presidente Calderón y su equipo no sólo están lejos de los estándares modernos de comunicación en un país democrático, sino además, con sus propias palabras, minan la credibilidad de sus acciones. La Administración informa que está en guerra contra un problema que ella misma califica como una «minoría ridícula». La cúpula federal civil y militar tiene diagnósticos, acciones y evaluaciones propias. Mi hipótesis es que, al final del día, todo esto tiene que ver con una lectura según la cual la profundidad y seriedad del problema, dentro y fuera de las instituciones públicas, no pueden ser puestas a los ojos de la sociedad mexicana. Si es así, entonces la discusión se sale de las coordenadas de un régimen constitucional de garantías, donde cada mexicano tiene el derecho a que sus autoridades le rindan cuentas, y nos vamos a otro régimen, de corte autoritario, donde la opacidad fluye desde ese gran afluente ideológico denominado «razón de Estado». Cuando el Presidente se convenció que la suya era la única alternativa ante la delincuencia organizada, no tomó una decisión sujeta a filtros democráticos de racionalidad, fue más bien una decisión anclada en ese recurso ideológico del poder.

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