El uso de la fuerza policial. La crisis sigue

Lo verdaderamente grave de las trágicas consecuencias de la intervención policial estatal y federal en la Autopista del Sol es que podrían haberse evitado. Si el uso de la fuerza y las armas estuviera regulado y controlado y la capacitación asegurada, estos hechos no habrían sucedido. La policía habría actuado con unidad de mando, los mecanismos de negociación se habrían llevado al máximo posible y el despliegue habría sido disciplinado y sujeto a procedimientos; jamás policía alguno habría usado un arma de fuego o ejercido violencia contra personas ya sometidas, torturado o modificado las evidencias. Hace un cuarto de siglo pregunté por primera vez por qué la policía en México funciona sin controlar adecuadamente el uso de la fuerza y las armas. Hoy tal vez tengo más elementos de análisis para imaginar la respuesta, pero tristemente la pregunta sigue siendo vigente. Y cuando una institución policial no sabe usar la fuerza y las armas de manera profesional entonces no puede protegerse a sí misma, mucho menos proteger a los demás. En medio de la más profunda frustración y preocupación verifico día a día que los policías en México capaces de protegerse y proteger a otros son una ínfima minoría. Lo veo de frontera a frontera, por igual donde domina la miseria o la opulencia. La pregunta es obligada: ¿para qué está un policía que no sabe protegerse ni proteger a los demás.

Desde posiciones inaceptables hay quienes ya buscan justificar lo hecho por la policía el 12 de diciembre. Serán las cortinas de humo y las redes políticas de protección, si acaso, las que pueden crear los campos de distorsión de la realidad para defender la idea de que ahí no pasó lo que pasó. En términos técnicos, las imágenes disponibles y lo hecho por la CNDH, más la evaluación en curso por parte de especialistas con experiencia policial operativa, dentro y fuera de México, no deja lugar a dudas: la intervención se apartó de toda norma nacional e internacional aplicable y de toda práctica policial aceptada en un Estado democrático de derecho.

Veremos qué sigue, pero la experiencia nos arroja una prospectiva ominosa. La propia CNDH ha documentado a lo largo del país por igual la brutalidad policial, que es un acto consciente de causar daño más allá del control de una situación, y el uso innecesario de la fuerza que puede reflejar la incapacidad de manejar una situación, ya sea por falta de entrenamiento u otros motivos. La Comisión de Derechos Humanos del DF cuenta con evidencias suficientes en el mismo sentido. Por su parte, destacan a nivel nacional algunos casos paradigmáticos como los de Acteal en 1997, Atenco en 2006 y News Divine en 2008. Pero las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos atienden casos en el mismo sentido día tras día y en mi experiencia personal atestiguo que la subdocumentación de la brutalidad policial y el uso innecesario de la fuerza atraviesa al país. En cuanto a Guerrero, tampoco faltan evidencias de la extensión del problema. El Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña ha recibido de 2008 a la fecha alrededor de 400 quejas contra abusos policiales y casi la mitad de ellas señalan a la Policía Ministerial, institución que por cierto tiene el menor despliegue y provoca los mayores problemas en esa región. Esa misma institución que, según la CNDH, utilizó violencia letal contra personas no armadas el 12 de diciembre.

Y qué decir de la Policía Federal. La SSP federal y dicha institución “han sido las dependencias de gobierno cuyo gasto ha tenido el crecimiento más importante en el país… Las compensaciones y transferencias a las entidades federativas (uno de los objetivos explícitos del fortalecimiento de la SSP) no exceden el 10% del gasto total de la SSP” (Bergman y Arango. CIDE, 2011). Es decir, la brutalidad policial y el uso innecesario de la fuerza abarcan instituciones con y sin recursos. Y atrás de la policía las autoridades políticas empeñadas en evadir su responsabilidad. Con nosotros, una vez más, la tragedia asociada al actuar policial no profesional.

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