En la «guerra contra el narcotráfico» no se buscan culpables, sino a quién culpar

Desde que el gobierno de Felipe Calderón emprendió los grandes y espectaculares operativos contra el crimen organizado [2006], como parte nodal de lo que denominó «guerra contra el narcotráfico», se ha vuelto normal observar a través de los medios periodísticos a personas incriminadas ―quienes además se identifican y describen cómo cometieron los presuntos delitos que les son imputados―, con arsenales  y/o cargamentos de droga, los cuales son presentados por autoridades judiciales o militares como supuestas evidencias de que la estrategia calderonista está dando resultados.

Sin embargo, si dichos operativos  continúan ―pese a que, según las fuentes gubernamentales, la lucha ha sumado más de 25 mil muertes, muchas de ellas de civiles inocentes― y el gobierno federal presume la captura de capos y operadores de la droga, ¿por qué autoridades de Estados Unidos continúan recalcando que esas sustancias no han dejado de fluir en las calles de su país? Una de las respuestas se encuentra en el vacío del Sistema Judicial en México que produce impunidad.

La estructura anacrónica del viejo sistema de justicia penal imperante en México deja espacio para que se castigue a inocentes, se imputen delitos graves sin pruebas contundentes o se prive de la libertad a miles de «sospechosos» hasta que demuestren su inocencia.

La capacidad de acción del Estado ha sido rebasada por la violencia y ante la presión por demostrar que la lucha rinde frutos, los procuradores y policías imparten «justicia» armando casos, realizando arrestos, aplicando tortura para obtener o hacer «surgir» confesiones. Tiempo después gran cantidad de presuntos «sospechosos» son liberados por falta de evidencias.

El diario El Nuevo Herald, con sede en Miami, publicó el reportaje «AP Impact: Mexico justice means catch and release» [julio 28, 2010], basado en documentos y testimonios que sustentan todo lo anterior.

De acuerdo con dicho material periodístico, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2009 el gobierno mexicano arrestó a 226 mil 667 sospechosos de delitos relacionados con el narcotráfico, y aunque a una cuarta parte se le levantaron cargos, sólo el 15% recibió sentencia condenatoria.

Así, añade, durante 2009 la lucha reportó que: 1) en Ciudad Juárez [Chihuahua] fiscales presentaron 93 casos, de los cuales y apenas 19 de los imputados fueron hallados culpables; 2) en Baja California casi 33 mil personas fueron arrestadas, para tiempo después liberar a 24 mil; 3) en Sinaloa ─punto neurálgico del narcotráfico─, de las 9 mil 700 aprehensiones realizadas, 5 mil 606 terminaron en liberación; 4) en Tamaulipas hubo casi 3 mil 600 detenciones, de las que 2 mil 83 terminaron en liberaciones, y 5) en Michoacán, de los 3 mil 300 sospechosos que han sido detenidos desde el 2006, casi la mitad ha sido puesto en libertad.

Además de  las cifras anteriores, dan cuenta de la inoperancia del Sistema Judicial mexicano los testimonios de liberados, familiares y testigos a los que AP se acercó para descubrir la impunidad de quienes en lugar de proveer «justicia» la toman como rehén para batir récords históricos de detenciones y encarcelamientos.

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