Federalización de delitos contra periodistas, gran paso, pero insuficiente: RsF

Aunque «no alivia en nada el balance de 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en una década», la reforma al Artículo 73 de la Constitución que aprobó el Senado [marzo 13, 2012] para que sean autoridades federales las que atiendan los delitos contra periodistas y medios informativos, «expresa una toma de conciencia y una voluntad política que debemos celebrar».

Es el balance de Laura Angelina Borbolla Moreno, titular de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión[FEADLE], al ser entrevistada por Reporteros sin Fronteras [RsF] [marzo 14, 2012].

También dijo que «después de tantos años de impunidad y sufrimiento, al futuro gobierno federal le corresponderá no olvidarlo», aportando «verdaderos medios de investigación a disposición de la FEADLE».

A su vez, RsF recuerda que «México tiene aún el triste puesto de país más peligroso del continente para los periodistas» y que en su más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa ocupa el lugar 149 de 179 países.

RsF afirma que «estas últimas semanas se han cometido numerosos ataques contra el gremio», aludiendo en particular a la represión policial contra seis periodistas en Santa Cruz Xoxocotlá [Oaxaca, marzo 6, 2012], y las amenazas de muerte contra Marco Tulio Castro, director de la revista Diez4 de Tijuana.

La prestigiada organización global de periodistas reconoce por ello «el simbolismo positivo» de la reforma, aunque advierte que aún falta la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales, una etapa que «constituye también una prueba para las autoridades locales, con gran frecuencia implicadas en los ataques contra periodistas y medios».