Homicidio de estudiantes de Ayotzinapa, sin responsables; otro caso de impunidad

  • Estamos ante el peor delito, el que comete quien debería proteger a los ciudadanos, y la peor impunidad, la que produce quien debería asegurar la sanción penal de las conductas delictivas

  • Insyde exige castigo a los responsables y el diseño e implementación de una reforma policial y penal en Guerrero que regrese a las policías y a la procuraduría al cumplimiento de su mandato legal

El 23 de abril de 2013 fueron liberados los miembros de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) en contra de quienes se ejercitó acción penal por el homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino, de 22 años de edad, y Gabriel Echeverría de Jesús, de 21 años, ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en medio del violento operativo policial de la policía federal, estatal y municipal con el que se intervino una protesta estudiantil, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) utilizó por primera vez su facultad para investigar violaciones graves a derechos humanos  mediante un procedimiento especial y con ello emitió la primera Recomendación Especial 1 VG/2012.  El ombudsman nacional concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de la vida a los estudiantes, habían sido disparados por miembros de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero.

Hay testimonio gráfico y evidencias múltiples del uso de la fuerza letal por parte de miembros de la policía ministerial contra un grupo que no significaba amenaza similar. Esto implica violación de protocolos, de la ley, de la Constitución y del régimen internacional de los derechos humanos.

En un comunicado dado a conocer el día de la liberación mencionada, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que “las primeras diligencias de investigacion a cargo de la PGJEG estuvieron a cargo de los mandos involucrados en los hechos y por peritos carentes de independencia,  además de que esa institución intentó  fabricar imputaciones contra los estudiantes.”

Tlachinollan señaló además que la decisión de los jueces evidenció las deficiencias en la investigación conducida por la PGJEG, al tiempo que los familiares de los jóvenes asesinados deberán acudir a instancias internacionales ante la falta de efectividad de la justicia en Guerrero.

Estos hechos desnudan no sólo la impunidad en Guerrero, sino además la absoluta indiferencia con respecto a las conclusiones y recomendaciones del Ombudsman nacional, derivadas de su investigación en torno a lo que calificó como graves violaciones a los derechos humanos.

El 12 de diciembre de 2012 miembros de la policía ministerial usaron la fuerza letal ante un grupo desarmado, rompiendo los más básicos y delicados protocolos de actuación policial, violando la ley, la Constitución y el régimen internacional de los derechos Humanos. Hay testimonió gráfico de ello. Estamos ante un caso paradigmático porque el peor delito es el que comete quien debería proteger a los ciudadanos, y la peor impunidad es la que produce quien debería asegurar la sanción penal de las conductas delictivas.

Estos hechos colocan a la PGJEG en el lado del problema que abona a la profunda crisis de gobernabilidad democrática del estado de Guerreo. Además, ratifican el desamparo social ante la impunidad histórica y sistemática ante las violaciones a los derechos humanos. Para mayor información respecto a la extrema descomposición documentada de la policía ministerial de Guerrero puede consultarse el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en La Montaña de Guerrero (Mocipol).

El pasado 11 de diciembre de 2012, la CNDH emitió su comunicado CGCP/334/12 en el que destaca que “después de haber efectuado una investigación exhaustiva, considera que existen elementos suficientes para sancionar administrativamente al ex Procurador General de Justicia y al ex Secretario de Seguridad Pública y Protección civil del estado de Guerrero, por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos, elevados a rango constitucional en 2011.”

Insyde exige, por un lado, castigo a los responsables, y por el otro, el diseño e implementación de una reforma policial y penal en Guerrero que regrese a las policías y a la procuraduría al cumplimiento de su mandato legal. Una reforma que abandone las políticas de seguridad que anteponen a las propias instituciones por encima de los ciudadanos, para abrazar el paradigma de la seguridad ciudadana que se funda justamente en la protección de ellos.

Sin seguridad ciudadana ni justicia penal, la gobernabilidad democrática de Guerrero jamás llegará.

Contacto

Sergio Leñero Reveles
Coordinador de Comunicación
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde A.C.
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