Imperativo ético

El concepto de rendición de cuentas es multívoco. Una acepción constructiva asocia el término a la capacidad de aprender de la experiencia. Así, no sólo rinde cuentas quien justifica lo que hace para cumplir con una obligación legal, o bien quien es sujeto a las consecuencias que la propia ley prevé ante incumplimiento, sino también quien invierte en aprender sobre lo que hizo, haya tenido los resultados esperados o no.

Promuevo la apropiación por parte de las instituciones públicas de procesos formalizados encaminados a aprender de su quehacer. Ejercicios controlados con métodos ad hoc en los que una institución mira hacia atrás y reconstruye su devenir, derivan en los más potentes saldos de aprendizaje. Esta perspectiva de la rendición de cuentas ofrece dos niveles de consecuencias: el premio o la sanción según el desempeño, y la auto observación que resulta en aprendizaje. En México las culturas política y jurídica han creado un imaginario que reduce la rendición de cuentas a un mero mecanismo que activa la sanción y provoca un daño descomunal porque despoja a las instituciones de la obligación de aplicar procesos de aprendizaje. En general no se percibe ni la necesidad ni la oportunidad de mirar la experiencia propia como fuente de conocimiento que debe ser llevada a ejercicios de reconstrucción formal para la instrucción y la mejora.

La “guerra” de Calderón contra la delincuencia organizada se coloca entre las más grandes tragedias de la historia contemporánea. El ex presidente tiene asegurado su lugar en la historia. Esa “guerra” se inscribe entre las más extremas y costosas expresiones del populismo punitivo, y el periodo 2006-2012 será contraejemplo paradigmático para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas democráticas para la seguridad y la no violencia. No debería haber duda respecto al descomunal imperativo ético de la rendición de cuentas, a propósito de esa “guerra”, en los dos niveles referidos: la sanción por el mal desempeño de los responsables de la tragedia, y el aprendizaje. Sanción y aprendizaje deben funcionar como el estándar mínimo ante la dimensión de los hechos que nos colocaron entre los países con “guerra activa”, según clasificaciones internacionalmente aceptadas. Antes fue la responsabilidad de quienes construyeron, verificaron y continuaron reproduciendo la tragedia; ahora es la responsabilidad de quienes deben activar los mecanismos que aseguren la rendición de cuentas. El imperativo ético tiene el siguiente contenido: las instituciones del Estado deben recuperar su autoridad mediante la reversión del desprecio por la vida oficializado bajo la etiqueta de “víctima colateral”. El imperativo justifica que las instituciones se revisen a sí mismas, si es necesario, al punto de la reinvención. Cuando el procurador Murillo Karam dijo que encontró una institución desmantelada, pareció anticipar la necesaria refundación institucional.

Formalizar el aprendizaje y reconstruir a las instituciones es el camino hacia el cambio estructural para la no repetición. Así, la “guerra” de Calderón tiene que ser reconstruida desde una anatomía de reglas y prácticas institucionales que la hicieron posible. Y esto implica preguntarnos no sólo sobre el quehacer de los responsables directos, sino además sobre la disfuncionalidad de los balances, contrapesos y controles democráticos del Estado en su conjunto. Calderón y sus operadores clave tripularon la “guerra”, pero el correlato necesario fue la ausencia de contención eficaz alguna.

 

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