Inseguridad y violencia: ¿qué aprendimos?

Ante el relevo presidencial es momento de los recuentos. Hago una revisión de algunos de los aprendizajes principales que, a mi entender, hemos cosechado luego de 20 años de iniciada la escalada de inseguridad y violencia.

  1. Hemos aprendido que el concepto de la seguridad sigue siendo principalmente asociado al uso de la fuerza por parte del Estado y mucho menos a una manera de convivir construida desde múltiples instituciones del Estado y actores sociales.
  2. Que la prevención del delito es entendida mucho más como una serie de medidas disuasivas basadas en la amenaza del castigo y sólo excepcionalmente como un conjunto de acciones coordinadas entre actores oficiales e independientes encaminadas a fortalecer el tejido social y por esa vía reducir los riesgos.
  3. Que la agenda de la seguridad de los gobiernos casi siempre permanece centrada en fortalecer la capacidad operativa de la policía y el ejército mexicano, buscando contener la violencia de la delincuencia organizada y dejando al margen la implementación de procesos de reforma institucional que arrojen confianza social hacia las propias instituciones.
  4. Que aún domina el paradigma incrementalista que presupone una relación de causa efecto entre crecimiento de recursos para seguridad y la mejora en los resultados, aunque la evidencia empírica no lo avale.
  5. Que muchos gobiernos hacen esfuerzos extraordinarios a favor de la seguridad y la no violencia, pero los soportan en políticas públicas y diseños normativos e institucionales que no están vinculados al aprendizaje emanado de los casos prometedores o de éxito, provocando así la persistencia de rutinas improductivas o contraproducentes.
  6. Que la mayoría de los gobiernos está anclada en mecanismos de autoevaluación asociados a indicadores cuantitativos que no pasan por la medición de impacto en torno a la percepción de seguridad, la victimización y la confianza institucional.
  7. Que las instituciones policiales y el sistema de justicia penal no han logrado remontar el saldo negativo de confianza social hacia ellos.
  8. Que policía y las Fuerzas Armadas mantienen un conflicto de proporciones desconocidas con los derechos humanos, aunque creciente.
  9. Que en México no existe experiencia de éxito documentada y consolidada a favor de la seguridad y la no violencia, disponible en el foro de investigación académica y en el monitoreo desde la sociedad civil.
  10. Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha logrado posicionar una oferta técnica suficiente y convincente para los propios gobiernos que lo conforman y tampoco ha desarrollado una política de transparencia y rendición de cuentas persuasiva para la sociedad en general.
  11. Que ese sistema no ha logrado crear un mecanismo de contrapeso y equilibrio que contenga el dominio federal y permita el encuentro constructivo de experiencias y propuestas municipales, estatales y federales.
  12. Que la concepción autoritaria de la seguridad ocupa buena parte del imaginario colectivo, de manera que los conflictos asociados a la inseguridad y a la violencia activan demandas organizadas hacia el castigo lo más severo posible, independientemente de los medios para construir la culpabilidad, reproduciéndose así una caldo de cultivo propicio para el populismo punitivo y la violación sistemática de los derechos humanos.
  13. Que la agudización de la inseguridad y la violencia ha creado una emergencia social de proporciones aún por descubrir, generando dinámicas de descomposición política, institucional y social verificables en miles de testimonios de desesperación y desamparo, surgidos en contextos donde se han colapsado los mecanismos formales e informales de contención de la violencia y sus secuelas. Todo esto y mucho más hemos aprendido. ¿Qué hacemos con todas estas enseñanzas?

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