Insuficiente reconocer inconstitucionalidad de arraigo pero dejar versión “reducida”

Organizaciones de derechos humanos y expertos presentan iniciativa alternativa 

  • La iniciativa para reducir el arraigo a la mitad de tiempo, presentada por los coordinadores de PRI y PAN en la Cámara de Diputados, es un estándar muy pobre que no resuelve el problema de fondo
  • Proyecto de dictamen positivo de la Comisión de Puntos Constitucionales, incongruente: reconoce la inconstitucionalidad intrínseca de la medida, pero se limita a reducirlo en el tiempo de ejecución
  • INSYDE, CMDPDH y otras organizaciones de derechos humanos y expertos presentan una propuesta de iniciativa conforme a la Constitución, los tratados internacionales y las recomendaciones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solicitan abrir consulta pública

México D.F., 16 de abril de 2013.- Al consenso hacia la eliminación del arraigo se han sumado expertos, organizaciones de la sociedad civil, juzgadores, comisiones de protección de los derechos humanos, una decena de cuerpos de protección de los derechos humanos de la ONU y la OEA, legisladores y estados como Chiapas, Oaxaca o Yucatán, que lo han eliminado de sus ordenamientos jurídicos. Por su parte, actores públicos destacados, entre otros el Presidente de la República y el Procurador General de la República, se han pronunciado por la revisión de la figura, partiendo de la base de que el arraigo no es compatible con las normas que reconocen derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales.

No se abusa del arraigo, sino que el arraigo mismo es el abuso. Instancias como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU han documentado que en casi el 50% de los casos de arraigo estudiados hay huellas de tortura, dato confirmado por el número creciente de quejas ante la CNDH por estas conductas, aunado a un número alto de detenciones arbitrarias que generan incluso, en opinión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que la persona arraigada sea víctima de desaparición forzada, y como tal, sustraída de la protección del derecho entre la detención y la puesta en el centro de arraigo. Indistintamente de los días que dure, el arraigo impacta per se el derecho de presunción de inocencia, libertad personal y de tránsito. 

Conforme a datos oficiales proporcionados por la PGR, sólo el 3.2% del total de personas sometidas a arraigo recibe una sentencia condenatoria al final del proceso, lo que prueba la poca efectividad de la medida, así como su carácter de innecesaria. Antes bien, lo que es necesario es fortalecer las capacidades de investigación de las agencias del MP para que, mediante las técnicas de investigación ordinarias y fortalecidas tras la reforma de 2008, se puedan construir casos sólidos que les permitan detener a los verdaderos culpables y presentarlos ante un juez.

Ante estas realidades que el arraigo pone de manifiesto, además de una decena de recomendaciones de organismos internacionales durante la presente Legislatura de la Cámara de Diputados se han presentado al menos tres iniciativas de reforma al artículo 16 constitucional, entre las que destaca la presentada el pasado 9 de abril por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, así como los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Consuelo Argüelles Loya, quienes proponen conservar una versión de arraigo reducida hasta por un plazo de veinte días prorrogables por un período igual, cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que la vinculen con delitos de delincuencia organizada. A la par, se propone ampliar el plazo de retención de una persona por el Ministerio Público antes de su consignación ante la autoridad judicial hasta por 7 días, con lo cual, el número máximo de días que una persona podría estar privada de la libertad en el marco del arraigo o una “pre-prisión preventiva” sería de 47 días, 33 menos que con el esquema actual de hasta 80 días.

Tan sólo dos días hábiles posteriores a la presentación de la iniciativa de mérito, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Julio César Moreno (PRD), cuenta ya con un proyecto de dictamen en sentido positivo que podría aprobarse en la sesión del día de hoy, en el cual, tras un largo recuento de las falencias e inconsistencias del arraigo con respecto a normas de tratados, jurisprudencia y la misma Constitución, en vez de concluir en consecuencia que la figura debe ser eliminada, se convalida la propuesta de reducción.

Pese a que reconocemos la buena intención de acotar en el tiempo la figura para, así, reducir su potencial de abusos adicionales, así como la apuesta indudablemente garantista de ampliar el estándar probatorio exigido para arraigar, y la limitación exclusiva a delitos de delincuencia organizada, como estaba previsto originalmente, es fundamental que las y los legisladores reconozcan que el arraigo es en sí mismo, a la luz del artículo 1º constitucional, una violación de derechos humanos que abre la puerta a la tortura, escamotea la presunción de inocencia, permite la privación de la libertad de una persona sin tener pruebas en su contra y trastoca los principios fundamentales de un derecho penal democrático, moderno y acusatorio como el que se quiere implementar en México.

Ante este escenario, con la disposición de recuperar los muy valiosos aportes que deja para la discusión las diversas iniciativas presentadas en el Congreso durante esta Legislatura, incluyendo por supuesto la importante iniciativa de los diputados Beltrones, Villarreal y otros, y conscientes de la necesidad de contar con un marco normativo sólido y garantista, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), en el marco de la Campaña Nacional para prevenir la Tortura, que suma a diversas organizaciones de derechos humanos del país, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y diversos expertos y organizaciones de derechos humanos aliadas presentamos hoy a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Mesa Directiva de la Cámara y la Junta de Coordinación Política, un proyecto de iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional (se adjunta) cuyos puntos centrales son los siguientes:

1) Se elimina la figura del arraigo;

2) Se contempla la posibilidad de que la ley reglamentaria de la materia (en este caso el Código Penal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) pueda establecer medidas cautelares alternativas al arraigo que sean compatibles con la Constitución y los tratados internacionales;

3) Se prohíbe la aplicación del arraigo en las entidades federativas mediante reforma al artículo décimo primero transitorio del decreto de reforma constitucional de 18 de junio de 2008;

4) Se incluye un artículo transitorio en el cual se reconoce plenamente el derecho de las personas que han sido sujetas a arraigo cuyos casos han ameritado recomendaciones de organismos públicos de protección de los derechos humanos o sentencias absolutorias, de demandar a las procuradurías de justicia que corresponda la adopción de todas las medidas de reparación integral contempladas en la Ley General de Víctimas por error judicial, tortura, desaparición forzada, daños al honor y la reputación, o cualquier otro menoscabo de derechos. 

De igual modo, solicitamos a la Cámara mediante cartas personalizadas (se adjunta) a los órganos de gobierno de esa soberanía, abrir un período de consulta amplio, plural y serio sobre este tema que ha generado tanta polémica y que es uno de los principales indicadores del éxito o fracaso del nuevo sistema acusatorio. 

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (Centro BarcaDH) (Oaxaca)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León)
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH) (Michoacán)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) (Baja California)
Grupo Académico “Humaniza”, A.C. (Michoacán)
i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal)

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