Insyde condena masacre de migrantes en Tamaulipas

Comunicado de prensa, agosto 29, 2010

La masacre perpetrada por el crimen organizado contra 58 hombres y 14 mujeres migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas [agosto 25, 2010], no es un «suceso violento aislado» en México, pues la «creciente impunidad y el desgobierno» han sido la clave para que los grupos excluidos de la sociedad sean el blanco fácil de toda clase de vejaciones, manifestó Insyde en un comunicado en El Universal  [agosto 29, 2010] titulado «El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, condena la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, exige castigo a los culpables y demanda la inmediata rectificación de las políticas públicas y la operación institucional en materia migratoria».

Expresamos que este «caso atroz de violencia evidencia la indefensión a la que están expuestos los migrantes indocumentados en su tránsito por el territorio mexicano» quienes no sólo sufren abusos, robos, explotación y secuestro, sino también «leva y homicidio por parte del crimen organizado».

Reprobamos las acciones perpetradas contra este grupo de migrantes y la población migrante en general y exigimos al gobierno federal esclarecer este crimen y castigar a los culpables porque «sólo así podrá proveer justicia a las víctimas y sus familias, y dar certeza a la sociedad mexicana de que hace esfuerzos creíbles a favor de la vigencia del Estado de derecho».

Nuestro instituto exhorta a las instituciones públicas, medios periodísticos y a la sociedad mexicana a que trabajen en la creación de sistemas adecuados que protejan los derechos de los migrantes y hagan valer la justicia, salvaguarden la identidad de sobrevivientes, familiares, víctimas y testigos de actos criminales, así como dar seguimiento noticioso al caso de San Fernando hasta su esclarecimiento, y, finalmente, a que reaccionen y dejen de lado la indiferencia al drama que viven estas personas.

Además de expresar nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las 72 víctimas, pedimos a las diversas instancias de gobierno que se abran y permitan la participación de la sociedad civil especializada en la formulación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, justicia penal, derechos humanos y migración para así establecer el Estado democrático de derecho que el país requiere.

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