Intervención de Ernesto López Portillo Vargas en Foro Nacional sobre Seguridad

Sesión con la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota

Agradezco la oportunidad con la que nuevamente me han distinguido para intervenir en este foro, ya convertido en referente obligado para el análisis en torno a la seguridad y la reforma penal.

Mi mayor reconocimiento a la Red de Juicios Orales y a Renace. Mis felicitaciones a Martín Sánchez y Orlando Camacho, operadores clave de éste y los anteriores foros; y desde luego a Ernesto Canales y Alejandro Martí les manifiesto, a nombre de Insyde, el enorme agradecimiento por esta oportunidad.

Quienes conocen lo que Insyde hace, saben que estamos enfocados en la reforma democrática de la seguridad y de las instituciones policiales. Y en México, como en buena parte del mundo, los actores independientes especializados en estos temas suelen ser muy escasos; de hecho, esto es parte de la explicación de muchos de nuestros problemas.

Incluso en las más avanzadas democracias, los mecanismos de rendición de cuentas, los equilibrios, los contrapesos y los controles democráticos en torno a la seguridad y la policía funcionan con enormes dificultades. En la reunión del G20 llevada a cabo en el 2010 en Toronto, Canadá, diversas instituciones policiales con altos estándares de formación y operación, incurrieron en abusos en el control de multitudes y esto fue ampliamente documentado por la Junta de Revisión de la Policía que funciona en Toronto como supervisor civil. Tiene problemas, en efecto, pero éstos activan contrapesos formales e informales, lo que no sucede aún en México.

Nuestros controles externos oficiales son débiles, pero los sociales también y la débil presencia e influencia de actores independientes especializados abre espacio a un fenómeno sumamente dañino: la autoevaluación de las instituciones públicas. La autoevaluación no es mala o buena  por sí misma; pero sin duda lo es cuando se sobre dimensionan los logros y se sub dimensionan los problemas; y lo es también cuando los actores políticos navegan sobre discursos anclados a miradas generales, que tienden a sobre simplificar la realidad y a invisibilizar los problemas concretos de la gente de a pie.

Va un ejemplo. De acuerdo con la Encuesta Latinobarómetro 2010, 9 por ciento de la población Latinoamericana dijo confiar mucho en la policía. Junto con El Salvador y Perú, México presenta uno de los niveles de confianza en la policía más bajos: 2.8 por ciento.

Sin embargo, cuántas veces hemos atestiguado que responsables políticos y operativos de las instituciones policiales coloquen la construcción de confianza en el centro de sus políticas y estrategias. No sucede así, los actores políticos y los mandos policiales en general colocan en segundo plano la reconstrucción de la relación entre la policía y la sociedad. Si no fuera así, hace tiempo tendríamos, por ejemplo, casos documentados, exitosos o al menos prometedores, de policía comunitaria, evaluados así por mediciones internas y externas.

La Administración del Presidente Calderón ha sido un ejemplo en ocasiones extremo del desbalance provocado por la autoevaluación. La Policía Federal (PF) es caso paradigmático al respecto, institución que mostró su estándar operativo en la desastrosa intervención del 12 de diciembre en la Autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero. Ahí está la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso, y ahí está, una vez más, la resistencia de la PF al escrutinio y control externos. Ahí está la publicación de protocolos federales de uso de la fuerza al final, y no al principio del sexenio. Nada es fortuito.

Y justo en torno a estos hechos conocidos como el caso Ayotzinapa, apenas el día de ayer fui informado de la salida del país por parte de un abogado defensor de derechos humanos, luego de recibir una amenaza que parece estar relacionada con la investigación de las conductas y complicidades policiales asociadas a esa intervención del 12 de diciembre.

¿Qué policía tenemos? ¿Qué policía tenemos realmente? El martes aquí el Presidente Calderón dijo, palabras más, palabras menos, que han suavizado las pruebas de control de confianza, que se sigue aplicando el polígrafo a mandos, mientras que a los demás les aplicamos, al menos el toxicológico; “algo es algo”, nos dijo el Presidente. En los hechos, va para atrás el fallido proceso de certificación. El Gobierno Federal Informa haber aplicado el 100% de las pruebas pero, una vez más, no hay evaluación externa que lo compruebe, aunque sí fluyen testimonios sobre problemas y conflictos en la certificación federal, testimonios que, por obvias razones, no podemos confirmar.

Y no podremos hacerlo en breve, entre otros motivos porque los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal hicieron lo necesario para impedir la creación del Auditor Especial de las Policías Federales y de la figura de Consejeros Ciudadanos para su instalación con vos y sin voto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.