La certificación policiaca no va

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, abril 3, 2011

La buena noticia es que en el bienio 2008-2009 se promulgó el fundamento constitucional y legal que obliga a las instituciones policiales a contar sólo con personal certificado. La mala noticia es que ya podemos concluir que el mandato no se cumplirá, no al menos en el corto y mediano plazo. El Presidente Calderón ofreció al país una estrategia de combate a la corrupción policial basada precisamente en esta certificación. Ni él ni los titulares de los ejecutivos estatales y municipales, alineados en la misma oferta, podrán cumplir.

En marzo de 2011 se puede leer en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 23 entidades federativas tienen menos del 25 por ciento de «Avances de Evaluaciones Estatales Integrales de Control de Confianza: Mandos, Operativos y Gabinete con acceso a funciones o información sensible». Ocho entidades aparecen en el rango entre el 25 y el 75 por ciento de avances y una arriba del 75 por ciento. La misma fuente nos muestra que en todo el país existen sólo dos entidades con centros de control de confianza acreditados (Baja California y Guanajuato).

Los artículos transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ordenan que en tres años a partir de la entrada en vigor de la misma (2009), deberán ser acreditados los centros de evaluación y control de las instituciones de seguridad pública y sus respectivos procesos de evaluación. Disponen además un plazo de cuatro años para la evaluación de todos los integrantes de dichas instituciones y para la obtención de su certificado, de lo contrario «serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

En enero del 2011 revisé la cantidad de policías reportados como evaluados hasta ese momento en todo el país y el tiempo empleado para hacerlo, datos que me permitieron proyectar que la sola evaluación de la policía preventiva estatal tardaría poco más de 10 años, mientras que la de las instituciones policiales municipales tomaría casi nueve. Por su parte, las procuradurías estatales tomarían aproximadamente un año y cinco meses para evaluar a sus policías y la Policía Federal, dos años.

Pero el asunto, de suyo grave, en realidad es mucho peor. Lo que se está informando al público son, si acaso, las evaluaciones practicadas, no los resultados de las mismas. Este es el punto crítico: si los resultados de las evaluaciones no son públicos, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia no rendirán cuentas sobre el perfil real de su personal y la decisión de quién puede estar en servicio y quién debe ser separado seguirá encerrada en la opacidad acostumbrada. Si así sucede, será lo mismo tener o no los centros y procesos de certificación, con la diferencia del gasto público ejercido para cumplir con lo que se nos prometió. En mis entrevistas regulares con operadores del sector de la seguridad pública priva la certeza de que una verdadera certificación masiva dejaría a la policía en el país casi sin personal.

Con la información de que dispongo puedo validar esa percepción y esto nos conduce a una conclusión desoladora: si se cumple el mandato de la certificación, no habrá recursos humanos disponibles para proveer el servicio policial en el país, y si no se cumple seguiremos con los recursos humanos que en su gran mayoría tampoco pueden proveer adecuadamente tal servicio. La estrategia falló, el mandato se incumplió y cualquier cosa que se haga para corregir el camino llevará mucho tiempo, tiempo que México ya no tiene.

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