La certificación que nunca pudo ser

Fuera máscaras. Por fin, la verdad ante todos. Los gobernadores lo han confirmado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado lunes 31 de octubre, la certificación de la inmensa mayoría de los policías en servicio no llegará en enero del 2013, plazo máximo ordenado por la ley. Peor aún, la Constitución misma será burlada, ya que su artículo 21 contempla la certificación como requisito indispensable para ser miembro de una institución de seguridad pública. Luego de ver la rebatiña entre el Presidente y los gobernadores, aquél forzando la certificación y éstos argumentando la imposibilidad de lograrla, surgen cualquier cantidad de preguntas, la mayor parte de las cuales no serán contestadas. Van algunas: ¿cuál es el fundamento de la propuesta de origen que justificó este modelo de evaluación para certificar a la policía?, ¿dónde está el plan de implementación?, ¿qué falló?, ¿quién falló? ¿Por qué tuvieron que pasar casi tres años desde la entrada en vigor del mandato legal para que emergiera el reconocimiento de la imposibilidad para cumplirlo?

El tamaño del problema es en realidad desconocido por el público. No sabemos y no sabremos la ruta del fracaso. Cuento con decenas de testimonios de policías de los tres ámbitos de gobierno que no reconocen validez alguna en el proceso de certificación y he recibido información no confirmada de prácticas extendidas de simulación amparadas en la reserva de información que impide el acceso a los resultados de las evaluaciones. También sé de quienes han hecho un esfuerzo honesto y consistente por diseminar esta estrategia en todo el país. Pero el balance real de lo sucedido no será posible porque los argumentos a favor y en contra, al menos de cara al público, han sido mucho más políticos y mucho menos técnicos. Por ello es obligado también preguntarnos cuál ha sido la dosis justamente de manipulación política a favor y en contra de la certificación. ¿Acaso lo que vimos el lunes está mediado por una lucha de poder entre el gobierno federal y los estatales? ¿La certificación policial es una víctima más de la incapacidad de construir políticas de Estado? ¿Tal vez un plan nacional de implementación habría dado el resultado ordenado por la ley? Imaginemos una mesa técnica, allá por febrero del 2009, donde los representantes de los poderes Ejecutivo federal y estatales y una delegación de los municipales, hubieran acordado el proceso de certificación para todo el país. Algo así debería haber sucedido y tal vez tendríamos al menos algunas entidades con resultados muy avanzados al día de hoy.

Pero la realidad es otra. Tenemos instituciones policiales en crisis terminal en muchos lugares del país y nuestro sistema político no teje acuerdos nacionales ni políticas de Estado que refunden a la policía en el marco de un paradigma democrático de la seguridad. El encontronazo del lunes entre el Presidente y los gobernadores es el síntoma de la disfuncionalidad que enfanga la política. En un país donde el 90% de los delitos no son denunciados principalmente por la desconfianza hacia las instituciones, comenzando por la más cercana, la policía, los actores políticos de mayor nivel se trenzan en diferencias que sólo hunden más a esa institución.

No sabemos a ciencia cierta qué; sigue, pero ya se frotan las manos quienes ven venir la reforma que aplace o bien eche por tierra la certificación. Habría que tener claro lo siguiente: sin certificación, con una certificación simulada o sin una alternativa viable abonaremos aún más a la inviabilidad de la profesionalización policial, ampliando con ello las condiciones para la intervención expansiva de las Fuerzas Armadas. No sé cuántos intereses ilegítimos están detrás del estropicio de la certificación policial a nivel nacional, pero me queda claro que desde ellos se están cancelando las oportunidades para construir seguridad en democracia. Terribles noticias.

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