«La defensa de los derechos humanos»

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó su Informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México. El reporte recoge hechos de agresión u obstaculización a su trabajo, sucedidos entre enero de 2006 y agosto de 2009. Fueron visitadas 10 entidades federativas y entrevistados 400 defensoras y defensores, más 20 periodistas. Representantes de esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas visitaron diversas dependencias de la Administración Pública Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuestionarios enviados fueron respondidos por 41 organizaciones de la sociedad civil.

Se documentaron 128 casos de agresión u obstaculización de funciones contra las y los defensores. Las entidades de mayor registro fueron Oaxaca, DF, Guerrero, Chihuahua y Chiapas. Los casi 130 eventos representan, según el informe, “una situación generalizada”. Los hechos, de mayor a menor frecuencia, son: amenazas, uso arbitrario del sistema penal, hostigamiento, injerencias arbitrarias, declaraciones de desprestigio, privación arbitraria de la vida, agresiones físicas, atentados, detenciones arbitrarias y violación al derecho a la libertad y seguridad personal. Diez defensoras y defensores fueron asesinados en el periodo citado.

En la mitad del total de los casos anotados en el reporte se desconoce a los perpetradores, pero entre los conocidos destacan los integrantes de la procuración y administración de justicia estatal, civiles con posible anuencia de la autoridad, los integrantes de la procuración y administración de justicia federal y las autoridades municipales. El 98% de las agresiones contra defensoras y defensores quedó sin procesamiento judicial, proporción idéntica al patrón de impunidad que describe el colapso del sistema de justicia penal en todo el país.

El texto apunta hacia problemáticas profundas que desnudan la relación entre gobierno y gobernados en México y los derechos humanos. Los funcionarios de la ONU documentan prejuicios, estigmas y prácticas culturales discriminatorias, que afectan por igual los derechos humanos y el trabajo de quienes los defienden. Vale traer un par de datos de otras fuentes. Siete de cada 10 mexicanos perciben que los derechos humanos no se respetan en México, según halló El Universal en su encuesta publicada el pasado martes. Por otra parte, 60% se manifiesta poco o nada satisfecho con el respeto a los derechos de las personas, según reportó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2008 (Secretaría de Gobernación).

He sido testigo directo del más implacable acoso a defensoras y defensores de derechos humanos. He mirado ya sea la total indiferencia desde las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, o la abierta obstaculización frente a las investigaciones de hechos que implican, incluso, la muerte de alguna o algún defensor. Pero también he escuchado en incontables ocasiones la condena desde la sociedad en contra de quienes trabajan por los derechos humanos. Una y otra vez me ha tocado la repetición de esos prejuicios que descalifican al sector de la sociedad civil y a los organismos públicos creados para promoverlos y defenderlos.

El más común, absurdo y dañino de todos esos prejuicios es el que reduce la defensa de los derechos humanos a la defensa de los delincuentes. Ninguna evidencia acredita esta afirmación, que más bien expresa un desprecio quizá masivo, desde el tejido social y desde el aparato público, que termina por cerrar una pinza que estigmatiza los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con ellos.

El informe del Alto Comisionado de la ONU agrega elementos a la contundente y numerosa evidencia respecto al extendido y sistemático conflicto entre las autoridades y los derechos humanos en México. Y lo hace dos meses después de que el presidente Felipe Calderón convocara a “probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad”. Así, el conflicto que identifico se expresa desde el pináculo mismo del sistema político mexicano.

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