La paradoja de la prevención

Cuando se construyen escuelas mejora el acceso a la educación; cuando se crean empleos mejora la calidad de vida; cuando se edifican hospitales a más gente se le ofrecen servicios para la salud. Parece una fórmula obvia y sencilla. Se invierte más y por regla general se logran mejores resultados. ¿Por qué entonces en México se invierte más por la seguridad y sin embargo en la mayoría de los casos no se logran reducir los riesgos, los daños y la percepción de inseguridad? La respuesta es al mismo tiempo sencilla y compleja: los riesgos y daños que colocan a una persona o a una comunidad en condición de inseguridad provienen de múltiples causas e igual sucede con el temor asociado. A esas causas generadoras se les llama precisamente factores de riesgo e incluyen aspectos culturales, sociales, educativos, económicos, de diseño urbano, jurídicos e institucionales, entre otros. Eso quiere decir que una condición objetiva o subjetiva de inseguridad es el resultado de una combinación de factores de riesgo, en un contexto determinado e irrepetible. De ahí la enorme dificultad de construir comunidades seguras y libres de violencia. Y de ahí la certeza de que no es posible hacerlo sin diagnósticos locales y sin modelos de intervención igualmente locales. Este argumento está detrás de la fórmula aceptada a nivel internacional según la cual la inseguridad es ante todo un problema local que justamente se resuelve desde lo local (supuesto que de ninguna manera niega los vasos comunicantes de la inseguridad con fenómenos nacionales, regionales y globales).

Tengo la evidencia empírica suficiente para afirmar que en la inmensa mayoría del país no existen aún las capacidades institucionales técnicas mínimas necesarias para dimensionar la composición compleja de la inseguridad y la violencia; mucho menos para transformar esa complejidad en intervenciones multidimensionales que en efecto transformen las causas profundas de aquéllas. Precisamente por eso tenemos dos décadas con un crecimiento desmedido del gasto público para la seguridad, sin conseguir los resultados esperados. Y en tal escenario, ahora el país se enfrenta a la que he denominado la paradoja de la prevención. Por un lado, el gobierno federal ha dado los primeros pasos que por fin podrían llevar a ésta a la condición de política pública prioritaria, pero, por el otro, no existe el terreno fértil para “bajarla” a la práctica de gobierno a lo largo del país. Hay un compromiso político presidencial expreso; hay avances programáticos enfocados y ahora también han llegado los recursos (apenas el 8 de julio pasado se publicaron convenios para apoyos federales equivalentes a dos mil 250 millones de pesos en el marco del Programa Nacional de Prevención).

Si queremos ver el “vaso medio lleno”, habría que reconocer el avance y esperar que los resultados lleguen; si en cambio lo vemos medio vacío la preocupación es mayor porque podemos estar ante la gestación de un nuevo fracaso de proporciones nacionales. Cuando hablo de evidencia empírica me refiero a la verificación regular en el sentido de que las opiniones, actitudes y valores de los operadores del aparato de seguridad a lo largo del país en general no armonizan con la perspectiva multidimensional de la prevención, y en particular con su componente social. Estamos de hecho ante una resistencia a manos de buena parte de los poderes ejecutivos estatales y municipales, de las instituciones policiales bajo su responsabilidad y de las Fuerzas Armadas, que se sostienen en la definición de la inseguridad como un escenario de guerra donde la prevención es, por decir lo menos, producto de la ingenuidad. Mientras, el Programa Nacional de Prevención Social del Delito y las Violencias está entregando recursos para intervenciones locales focalizadas, por ejemplo en juventudes, mujeres y grupos en condiciones de vulnerabilidad, o bien en convivencia, cohesión comunitaria, cultura de la legalidad, cultura de paz y urbanismo social. La paradoja de la prevención dificulta el optimismo; las culturas institucionales del aparato de seguridad civil y militar están ancladas en lógicas de confrontación y uso de la fuerza. El reto es descomunal.

 

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