“La seguridad, el PRI y el ciudadano”

Difícilmente podría haber un escenario más favorable para la reconstrucción de la política y los instrumentos de la seguridad pública federal; el mismo puede o no ser aprovechado. Una metáfora puede explicarlo bien: el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene puesta la mesa para modificar el menú de la seguridad, lo que no sabemos es si sabrá diseñar las recetas de los nuevos platos. El menú de lo que no funciona es enorme; desde Zedillo hasta Calderón podemos retratar 18 años de crecimiento de recursos para la seguridad, acompañados por la multiplicación de los fracasos. Los gobiernos federales panistas no construyeron las bases de la debilidad política e institucional frente a la inseguridad y la violencia, si bien la llevaron al extremo. El laboratorio está lleno de fórmulas erróneas; Peña Nieto tiene de dónde aprender respecto a lo que no funciona, incluyendo su propia experiencia. Según pude apreciar, el equipo de transición no tiene dudas respecto a la necesidad de reconstruir la política de seguridad pública federal.

La primera tarea para resolver un problema es entenderlo. El nuevo gobierno debería contar ya con un diagnóstico serio respecto a la inseguridad y la violencia, con especial énfasis en la claridad respecto a la manera en que las propias instituciones públicas son parte del problema. Esta interpretación debería tener dos niveles: nacional y federal, justamente para desde ahí estar en posibilidad de construir una respuesta que al mismo tiempo vincule y diferencie las políticas e intervenciones en ambas esferas. Desde el sexenio de Zedillo el gobierno federal anda extraviado en cuanto a la definición de lo que le toca resolver directamente y lo que le toca atender de manera subsidiaria. La creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública abonó a la confusión, justo cuando se esperaba lo contrario del mismo. Fue Zedillo quien primero trató de convencer al público de que el grueso de los delitos es local, precisamente cuando se dio cuenta que su posición al frente del Consejo Nacional de Seguridad Pública abonaba a la expectativa mayoritaria de que el presidente resolviera los problemas de todo el país asociados a la inseguridad y la violencia.

Ya sabemos que la seguridad pública federal volverá a la Secretaría de Gobernación. Peña Nieto se ha inclinado por unificar conducción política y seguridad. En principio, es la fórmula que el PRI conoce. Así gobernó al país. Pero no califico la decisión como buena o mala en sí misma, entre otros motivos porque los argumentos detrás de ella aún están por conocerse. Es cierto que la experiencia no abona al optimismo; México no es una democracia consolidada, entre otros motivos porque sus aparatos de seguridad han sido históricamente secuestrados por agendas partidistas.

Esto está en el ADN del sector, a la manera de un virus inoculado desde siempre. Así que la pregunta de fondo es obvia: en términos políticos, ¿qué espera lograr Peña con el regreso de la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación? Control político de la seguridad, parece ser la respuesta obvia, particularmente a la luz de la desastrosa experiencia con la SSP federal a cargo de Genaro García Luna, convertida justamente en ínsula política que terminó por desdibujar a la Segob y a la PGR.

Los gobiernos del PRI no han sido expertos en la construcción de una agenda de seguridad comprometida con la protección del ciudadano; lo son, en cambio, en la gestión de la seguridad como instrumento de control social y protección de las instituciones. Al mismo tiempo, el México que Peña Nieto encontrará incluye presiones políticas y sociales sin precedentes asociadas a la inseguridad y la violencia. Toca confeccionar un tejido político fino que al mismo tiempo controle y descontamine políticamente la agenda de seguridad. Tendría el PRI que entender, tal vez por vez primera, que la protección del ciudadano está por encima de la de él mismo. ¿Podrá?

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