La UNAM y la seguridad

El pasado lunes 8 de agosto [2011] la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional dieron a conocer el documento denominado Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia. Se trata de una propuesta inspirada en la opinión experta de más de 100 académicos y funcionarios mexicanos y extranjeros. Como miembro de la comisión redactora, puedo asegurar que este ejercicio no tiene precedentes en nuestro país. La UNAM ha puesto a la academia al servicio de la sociedad y sus gobiernos, entregando un referente que permite reorientar la toma de decisiones. El ánimo es propositivo y la visión busca sumar esfuerzos para trascender la severa crisis de inseguridad, delincuencia, violencia y falta de acceso a la justicia.

La propuesta llama a la reflexión en torno a la manera en que venimos haciendo las cosas, evidenciando que los recursos crecen sin que los resultados mejoren. Se presenta una caracterización de las políticas públicas vigentes soportada en las siguientes observaciones críticas: a) el soporte teórico y conceptual es insuficiente; b) las prácticas institucionales no se adecúan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos; c) las políticas están desvinculadas de los fines comunes que se buscan; d) las normas, diseños y prácticas son ajenos al marco especializado de atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad; e) los sectores públicos relevantes para la seguridad y la justicia están fragmentados; f) la prevención es desatendida; g) las acciones y decisiones son coyunturales y reactivas, sumadas a la ausencia de una visión integral y coordinada a corto, mediano y largo plazos; h) hay subordinación a cuestiones políticas personales, partidistas o electorales; i) las relaciones cívico-militares están sujetas a condiciones extraordinarias; j) la corrupción e impunidad son severas; k) la metodología de políticas públicas está marginada; l) es casi inexistente la capacitación de vanguardia; m) la legitimidad es reducida; n) domina una retórica de confrontación y, o) avanza la violencia.

El documento concluye con 36 propuestas; destaco sólo algunas:

a) celebrar un pacto político y social de base amplia que permita reorientar nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país.

b) generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos humanos.

c) conducir la agenda de prevención al centro de la política de seguridad, comenzando por los jóvenes.

d) ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos los mecanismos de rendición de cuentas, que sume los controles internos y externos y las estructuras innovadoras de auditoría ciudadana.

e) establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación del daño para sus familiares.

f) diseñar un plan para el regreso de las Fuerzas Armadas a las funciones que les son naturales tan pronto como sea posible.

Participar en este esfuerzo al lado de algunos de los más prestigiados juristas de México y apoyado por el equipo de expertos de Insyde ha sido uno de los mayores honores, privilegios y aprendizajes que he vivido. Ahora todo el empeño a sembrar consensos en torno a las ideas.

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