«Las Fuerzas Armadas en las calles»

Colaboración especial de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, mayo 28, 2011

En esta columna no discutiré si las Fuerzas Armadas deben o no realizar funciones de seguridad pública. Bajo el supuesto de que seguirán haciéndolo, recomendaré una acción de gran calado que considero indispensable ante tal escenario. Parto de que la interpretación más popular percibe que la militarización de la seguridad pública es lo más adecuado, desde un razonamiento muy simple: ante la extrema violencia de la delincuencia, lo correcto es emplear la mayor capacidad de fuerza del Estado. Este fenómeno es altamente complejo, delicado y muy peligroso para el país.

Todo el diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa: el poder  público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas. La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.

Al Estado se le entregan poderes legítimos de uso de la fuerza (violencia estructural), precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos mencionados. La fuerza legítima se usa a favor, nunca en contra de los derechos. De lo contrario, ya no es legítima. Surgen entonces dos obligaciones del Estado: neutralizar el uso de la fuerza por parte de los actores privados y evitar el uso propio de la violencia en formatos no legítimos. Entonces el Estado puede usar la fuerza, pero no puede hacerlo de cualquier manera ya que, de lo contario, él mismo incurriría en aquello que está llamado a evitar.

De ahí viene el principio de la racionalización del uso de la fuerza, que se traduce en conceptos y reglas de control que envuelven la violencia del Estado en formatos restrictivos, es decir, en normas que trazan un continuo que empieza por el menor y van hasta el mayor uso posible de la fuerza. Los países diseñan normas para asegurar esos formatos y la comunidad internacional hace lo propio. No hay uso legítimo posible de la fuerza sin reglas.

El mandato normativo nacional e internacional del uso racional de la fuerza asigna a la institución armada civil denominada policía, el rol regular de protección al ciudadano; ahí comienza, en el extremo mínimo posible, el uso de la fuerza; y el mandato mencionado asigna a la institución armada militar el rol de uso máximo de la fuerza, en escenarios no regulares, cual es el caso de la guerra entre Estados o interna. Un policía promedio en un país en condiciones no extremas de conflicto y violencia, usa la fuerza y las armas de manera excepcional, en particular la violencia letal. De hecho, las instituciones policiales crean cuerpos especiales para usar la fuerza letal ante amenazas de similar proporción.

El policía debe saber usar la fuerza letal; pero su método de trabajo le ordena, siempre que la circunstancia lo permita, llamar a la intervención del cuerpo especial, el cual deberá manejar la amenaza letal con procedimientos y recursos más sofisticados y potentes. El continuo uso de la fuerza, no lo perdamos de vista, está fundado en la reducción al mínimo posible de riesgos de afectación a los derechos, empezando por el derecho a la vida. El que el Estado haga todo lo posible por no usar la fuerza letal, configura uno de los más elevados relatos de la superioridad moral ante la violencia privada.

La salida de las Fuerzas Armadas a las calles a realizar tareas de seguridad pública invierte el principio de uso racional de la fuerza, dominante en el mundo democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento de uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgos del exceso.

Si concedemos que más allá de lo que unos y otros deseen, las Fuerzas Armadas mexicanas se quedarán en las calles, entonces el piso mínimo debe ser la reconfiguración de su doctrina para así incorporar una nueva base conceptual, normativa, institucional, estratégica, logística y operativa que las habilite en las coordenadas del uso racional de la fuerza. Los riesgos de no hacerlo son ilimitados, antes que nada para las propias Fuerzas Armadas. No hay tiempo que perder.

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