Leyes de víctimas locales deben incluir una amplia participación social y ser fieles a Ley General

  • Morelos, único estado que ha armonizado su legislación con la Ley General; Nuevo León, Baja California y Jalisco presentaron iniciativas que deben abrirse a la participación social, respetar con fidelidad el texto de la Ley General de Víctimas, y aprobarse este año

  • Grupos de víctimas y organizaciones realizarán encuentro nacional en Guadalajara durante la primera mitad de agosto, y entregarán a Congresos una propuesta de ley validada por víctimas y expertos

Guadalajara, 6 de agosto de 2013. El pasado 31 de julio, el PRI y el PVEM de Jalisco presentaron una Iniciativa de Ley de Víctimas para ese Estado cuyo contenido es aún desconocido para las organizaciones de defensa de los derechos de las víctimas, pero que inicia el proceso legislativo hacia la publicación de esta importante ley en la entidad. Con anterioridad, legisladores de PRI, PVEM y PT presentaron también una iniciativa semejante en Baja California y antes incluso de la publicación de la Ley General de Víctimas, legisladores del PAN de Nuevo León promovieron también una propuesta sobre el tema. A la fecha, sólo el Estado de Morelos ha publicado su ley local, debidamente armonizada a la General.

Al respecto, las organizaciones, grupos y personas defensoras de los derechos de las víctimas que firmamos este comunicado manifestamos nuestra disposición de trabajar junto a los Congresos locales en la deliberación de este importante tema, pero también nuestra preocupación al advertir que en las entidades que iniciaron el proceso legislativo los legisladores no han aclarado cuáles serán los canales de participación que se emplearán para incorporar a las víctimas a la deliberación, así como por el hecho de advertir posiciones que, si no se afinan en lo técnico, podrían resultar incompatibles con el espíritu de la Ley General, cuya observancia es obligatoria para las entidades federativas, por ejemplo dejar en un segundo plano a las víctimas de violaciones de derechos humanos frente a las víctimas de delitos; debilitar la autonomía de las instituciones creadas por la Ley General, o reducir el número de derechos sustantivos o procesales reconocidos por la Ley General.