Mariel, otra víctima del sistema penal… y de la prensa

A Carlos Puig, quien lleva aquí el mayor mérito

El sábado, al mediodía, Olimpia Velasco me llamó atónita. Por la mañana, policías judiciales del Distrito Federal habían detenido a Mariel, una periodista colaboradora suya que enseguida el ministerio público acusó de ser cómplice de un asesinato.

Le dije que era apremiante conocer las condiciones de la detención y la consistencia de la acusación, antes de hacer nosotros cualquier reivindicación gremial —sin descuidar, claro, el trato que estaba dándole la Procuraduría General de Justicia del DF.

Cuando más tarde hablamos otra vez, sobrevino el peor escenario: al estilo del vejatorio sistema de justicia penal que padecemos los mexicanos, mediante un trámite el juez había dictado ya «prisión preventiva», enviando a Mariel al penal de Santa Marta Acatitla.

Hasta ese momento, lo evidente era que el sistema funcionaba de maravilla: policías, fiscales y jueces, confabulados, encerraban a una persona que no obstante, de acuerdo con el Artículo 20 constitucional, tenía el derecho a «que se presuma su inocencia».

El aparato de procuración y administración de justicia del DF aplastando a una muchacha de 23 años indefensa, en vez de asegurarse de proveer justicia, según es su mandato constitucional. La misma brutal asechanza de la que somos víctimas todo el tiempo a manos de nuestros propios gobernantes.

Pero, ¿qué hicimos los medios y periodistas judiciales mientras este atropello se consumaba? Muchos acudieron de forma sumisa y cómplice a la conferencia de prensa que dio ese día Joel Díaz Escobar, fiscal para Homicidios de la Procuraduría. Tomaron nota e imagen, y corrieron a consumar el «juicio mediático», erigiéndose una vez más en apéndices de un aparato penal que sin más viola derechos fundamentales.

Sucede que en estos casos las oficinas de comunicación institucional y nuestros propios medios nos sitúan en un papel profesionalmente denigrante: condenar a un ciudadano antes de que un tribunal lo haga —según dicta la Constitución—, sin siquiera recoger su versión. Pero también ponemos de nuestra cosecha.

Y aquí la autocrítica es obligada. El Universal en línea, por ejemplo, reprodujo la versión de Notimex sobre la conferencia de prensa, con el cuento del fiscal y donde el periodista se erigió en apologeta, al apuntar que «con la detención en meses posteriores de los dos asaltantes materiales [de la víctima mortal]… y el trabajo de inteligencia, se consiguió finalmente la captura de la última involucrada en los hechos» [julio 9, 2011]. Vaya.

Al final, ¿qué indicios tenía la Procuraduría del DF gracias a su «trabajo de inteligencia»? Un video donde aparece una supuesta cómplice de los asesinos que no tiene parecido con Mariel. La ambigua y tardía declaración de un asaltante y homicida. Y el testimonio de los agentes según el cual ella trató de huir y mintió sobre su nombre y su dirección. Pura basura, gracias a lo cual Mariel está libre —algo que no muchos consiguen, en un país donde más de 90 mil personas están en prisión sin juicio.

Este caso exhibe de nuevo la urgencia de que las autoridades del DF abandonen su pasividad, comprometiéndose con la implementación de la reforma penal vigente desde 2008 y, entretanto, la Procuraduría del DF deje de abusar de la «prisión preventiva» y de «presentar» a personas imputadas pero no juzgadas. Pero también, la pertinencia de crear la Defensoría Ciudadana de Víctimas de la Prensa, no para afectar la libertad de expresión, sino para armonizarla con el debido proceso y los derechos de personalidad.

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